El Estado acumula un total de nueve fondos estratégicos dotados con dinero público para entrar a formar parte del capital de las empresas que lo necesiten por el impacto de la crisis de la Covid en su sector, a partir de los cuales puede nombrar consejeros a dedo en las empresas y condicionar gran parte de las decisiones clave que tengan que tomar. El más importante de todos ellos fue el que se creo en julio del año pasado, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, también llamado Fondo SEPI, dotado con 10.000 millones de euros, pero desde entonces se han creado cuatro opciones más, con menos dotación pero unos privilegios similares, y se cuenta con otros cuatro que ya existían antes y que se renuevan cada año.
Así se deriva de un estudio realizado por el experto en Derecho Administrativo y profesor en la Universidad Carlos III, Alberto Palomar, para el bufete Broseta, en el que se detalla el funcionamiento de cada uno de estos fondos, con la advertencia de que a medio plazo pueden ser potenciales creadores de conflictos de interés con la Administración, sobre todo en el caso de que dentro del tiempo tasado para la cobertura financiera que realizan no se logre recuperar la empresa y haya que ver como se devuelve el dinero público al Estado.
El Fondo SEPI, que se estudia ampliar o replicar, supone ceder el control de las empresas privadas que lo obtengan (Air Europa, Duro Felguera, Celsa, Tubos Reunidos, Globalia, etc…) a un consejo gestor del fondo, con capacidad para vetar operaciones estratégicas de compra o campañas comerciales agresivas, para las que tiene que dar su autorización previa. Es cierto que se trata de un instrumento autorizado y vigilado desde Europa, pensado para ayudar a las grandes empresas que están en crisis por culpa del parón económico de la pandemia, pero en el que a la SEPI se le da la opción de nombrar consejeros, con el objetivo de “asegurar el buen fin y adecuada asignación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas”.
Algunas de esas condiciones establecen que los consejeros y directivos de cada empresa ayudada no podrán cobrar más sueldo que el estipulado como remuneración base, sin variables, y no se podrá repartir dividendo, por ejemplo. O que las grandes empresas que tengan al Estado como socio y no hayan devuelto el 75% de lo que les ha aportado antes de que acabe el impacto de la Covid, no puedan adquirir más del 10% de otras empresas competidoras o estratégicas de ese sector.
La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, debe elaborar un informe mensual sobre la evolución de todas las participaciones del fondo, que pueden ser de muchos tipos, directas o híbridas: concesión de préstamos participativos, deuda convertible, la suscripción de acciones o participaciones sociales o en cualquier otro instrumento de capital. Habrá además un informe anual a la Comisión Europea y otro similar para el Consejo de Ministros.
Cuatro fondos específicos
El Fondo SEPI, además, cuenta con una capacidad de actuación muy amplia, dado que puede entrar en un sinfín de sectores que se consideren estratégicos por cuestiones como la salud, seguridad, fomento de la innovación, actividades esenciales, transición ecológica, digitalización o por elevar la productividad y la creación de empleo, en general. Pero junto a él, coexisten otros fondos estratégicos, con una regulación muy similar en la práctica, centrados en pymes agroalimentarias, actividades pesqueras, apoyo a la inversión industrial o simplemente a empresas emergentes de base digital.
Su dotación es menor que en el fondo SEPI, pero se trata de líneas de financiación que se pueden renovar cada año en virtud de las necesidades que hagan falta y que cuentan con un plazo muy amplio de permanencia para esas empresas, que siempre dependerán de la Administración a la hora de tomar decisiones estratégicas si quieren seguir contando con su apoyo. El más importante de ellos es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial, que aunque depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también está gestionado en la práctica por la SEPI, con una prerrogativas muy importantes a la hora de nombrar representantes y condicionar las decisiones. Está dotado con 600 millones de euros, ampliables cada año.
Por último, el estudio recoge además otros cuatro instrumentos de apoyo a las empresas que ya funcionaban antes del mes de julio pasado y que se renuevan ahora, dadas las mayores necesidades de muchas empresas. Lleva años funcionando el Fondo para Inversiones en el Exterior, controlado por Comercio, que cuenta con una dotación financiera de 100 millones para apoyar operaciones por un máximo de 350 millones, que se complementa con todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización que ofrece el Estado.
En esta área de los fondos “viejos” se incluyen las tres líneas de financiación que se incluyen en los Presupuestos anuales, dos de ellas con 20,5 millones de euros cada una para emprendedores y para empresas de base tecnológica, y una tercera línea genérica de apoyo a las pymes, todas ellas comprometidas normalmente en proyectos plurianuales que hay que seguir financiando.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios