Moncloa está estudiando la fórmula más adecuada para extender a las empresas de pequeño y mediano tamaño el dispositivo público de protección a la solvencia que ha dispuesto para las denominadas compañías estratégicas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de SEPI - que ya ha salido al rescate de Air Europa y que negocia ahora un posible acuerdo con Duro Felguera-, según confirman fuentes del Gobierno. La medida ha sido solicitada en diversas ocasiones tanto desde el Banco de España como desde diferentes organismos internacionales como solución para impedir que dificultades transitorias de liquidez causadas por la Covid acaben derivando en problemas de solvencia e incluso llevándose por delante a empresas con un futuro prometedor en unas condiciones de mercado más normales.
Sobre la mesa, varias alternativas, según detallan las fuentes consultadas, tanto del Gobierno como del sector privado. La primera de ellas es la posible ampliación del actual Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas para que además de dar cobertura a las empresas cuyo tamaño y significación territorial o sectorial otorga ese calificativo de 'estratégicas', pueda amparar operaciones de capitalización a pequeñas y medianas empresas. La solución permitiría aprovechar la estructura ya creada para el funcionamiento de este fondo, incluida toda la red de asesores y consultores contratados para evaluar las operaciones, pero no termina de convencer en Moncloa, que prefiere no tensar la situación con Bruselas que ya autorizó en su día el Fondo SEPI en sus condiciones actuales.
Otra de las alternativas que se han barajado, según aseguran fuentes conocedoras de estos trabajos, es la creación de un Fondo de Capitalización específico para pymes con una estructura y funcionamiento similar a la del Fondo SEPI, pero con una operativa autónoma de aquél. Esta solución, sin embargo, tampoco es del agrado de las organizaciones empresariales, que desconfían de un instrumento que permitiría al Estado entrar en el capital de cientos de empresas e incluso condicional su gobernanza.
La patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, ha trasladado siempre que ha tenido la oportunidad al Gobierno su preferencia por otro tipo de instrumentos para estabilizar las situación financiera de las pymes. Se inclinan por otro tipo de medidas de alivio como los aplazamientos en el pago de impuestos y cotizaciones sociales o incluso por la instauración de una suerte de 'vacaciones fiscales' al estilo de lo que se ha hecho en el Reino Unido para eximir transitoriamente del pago del Impuesto de Sociedades a las empresas de pequeño y mediano tamaño que acrediten una situación problemática en tanto persistan las apreturas generadas por la Covid.
Desde CEOE se ha planteado también para este segmento la posibilidad de suspender los límites a la compensación de las bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades e incluso la materialización de los créditos fiscales acumulados por las empresas, planteando un horizonte de devolución razonable durante los próximos años.
Lo que las organizaciones empresariales rechazan de plano es la posibilidad de reforzar las líneas de avales del ICO como posible solución a este problema. "Las empresas pequeñas y medianas ya están muy endeudadas y no necesitan liquidez, necesitan una solución que mejore su solvencia", aseguran desde Cepyme.
El modelo valenciano
Alguna comunidad autónoma ha decidido no esperar a que el Gobierno se decida por una alternativa y ya ha empezado a construir un mecanismo para dar apoyo a las empresas de su región. Es el caso del Gobierno valenciano de Ximo Puig que tiene previsto poner en marcha en 2021 tres fondos de apoyo a las empresas de la región a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una dotación conjunta de 400 millones de euros.
El mecanismo se estructurará en un Fondo Valenciano de Crecimiento y Competitividad Empresarial 'Crece', que tiene previsto invertir 150 millones de euros en empresas de alto potencial de crecimiento para impulsar su tamaño en base a fusiones y adquisiciones; un Fondo de Impulso Empresarial 'Impulsa', para reforzar la situación de capital de empresas viables con problemas transitorios de solvencia en los sectores más golpeados por la crisis (turismo, ocio y transporte); y un Fondo de Resiliencia, que cumplirá a nivel regional la misma función que el Fondo Sepi a nivel nacional dando apoyo a las empresas valencianas de carácter estratégico para el tejido productivo local.
La orientación del instrumento valenciano choca con algunas de las restricciones impuestas por Bruselas en el Marco Temporal, pero abre una vía para el impulso de un fondo mixto con financiación estatal y de las comunidades autónomas para operar a nivel territorial, que desde el Gobierno se ve como una de las opciones para abaratar la factura para las ya estresadas cuentas del Estado de la puesta en funcionamiento de un nuevo fondo de apoyo a la solvencia.
La otra alternativa es la creación de uno o varios fondos de inversión público-privados con una perspectiva probablemente sectorial para resolver este ángulo muerto del 'escudo económico' español: el de las garantías a la solvencia de las pequeñas y medianas empresas. Este modelo también genera controversia en algunos ámbitos del Gobierno, principalmente en relación a la naturaleza pública o privada de su gestión. Fuentes financieras se inclinan por un modelo de gestión privada en el que el Estado aportara ciertas garantías sobre las inversiones, al estilo de la línea de avales del ICO pero con una visión orientada a reforzar el capital de las empresas.
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