Las eléctricas, las comunidades autónomas y la industria se aúnan para mandar un mensaje al Gobierno. Piden prioridad para proyectos industriales en el acceso a la red eléctrica dentro de la modificación puntual a la Planificación de electricidad con horizonte 2026 lanzada recientemente a información pública por el Ejecutivo.
Desde el sector energético se alerta desde hace tiempo que las actuales redes eléctricas y puntos de conexión no son suficientes para las nuevas necesidades surgidas de la demanda industrial (centros de datos, electrolizadores, nueva demanda que se quiera descarbonizar, etc). En este sentido, las fuentes consultadas por La Información señalan que, actualmente, las peticiones de redes son esencialmente para conectar generación, unas nueve de cada diez, lo que impide atraer industria. "Existen solicitudes industriales que implicarían un porcentaje en el entorno del 70% por encima del máximo de la demanda actual", aseguran.
Así, explican que falta de conexión para nueva distribución/demanda industrial. La actual planificación vigente de desarrollo de la red de transporte incluye más de 300 posiciones nuevas destinadas a la ampliación de subestaciones para conexión de nueva generación renovable frente a 21 de conexión a nueva demanda. Por su parte, dentro de las modificaciones, de las 64 actuaciones totales, solo 17 son de nueva demanda, de proyectos muy concretos (algunos vinculados a concesiones de ayudas Next Generation).
En riesgo el crecimiento de la economía del país
Bajo este contexto, advierten de que se podría producir una ralentización de las inversiones e incluso la fuga de estas a otros países en los que conseguir el acceso a la red sea más fácil, poniendo así en riesgo al crecimiento de la industria y, por tanto, la economía del país. "Catalizar este tipo de inversiones es clave para acompañar el crecimiento de un país", añaden. En su opinión, "el quid de la cuestión está en atraer a las empresas ofreciendo la infraestructura de manera proactiva y no reactiva". Los plazos para tramitar una red de distribución pueden exceder los ocho años, según las fuentes consultadas. “Esto ahuyenta a cualquier industrial. Y eso pese a que en España cuenta con la ventaja de las renovables y su gran generación, con más del 50% de la electricidad producida en 2023”, resaltan.
El sector considera que la revisión es "muy conservadora". "El Gobierno no quiere hacer un cambio muy drástico y lo está dejando todo para la nueva planificación del periodo 2026-2030, pero estamos hablando de que puede tardar hasta un año y medio en aprobarse y los proyectos industriales no pueden esperar tanto para ver si se les va a dar acceso a la red. Estamos hablando de consumidores que quieren conectarse a la red y que, por otro lado, resolverían el problema de vertidos (la energía sobrante producida con renovables) ante el problema actual de demanda", argumentan las fuentes.
Hasta 64 actuaciones para la descarbonización
Además, manifiestan que el acceso a la red sea un "recurso escaso y solo asegurado para ciertos proyectos a discreción de las decisiones del Gobierno, hace que se puedan llegar a producir situaciones de desventaja de unos territorios o proyectos frente a otros". La modificación puntual de la Planificación de electricidad con horizonte 2026, que ha estado abierta a consulta pública desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero, eleva en 321,2 millones de euros (+4,6%) la inversión para el periodo, hasta los 7.285 millones de euros. Son 64 actuaciones destinadas a facilitar la materialización de proyectos estratégicos para la descarbonización de la industria, la producción de hidrógeno, la integración de energía renovable, o el apoyo a la cadena de materiales y tecnologías clave vinculadas a la transición verde.
En concreto, son 17 actuaciones para atender nuevas demandas de elevada potencia; dos actuaciones para cubrir necesidades de operación; siete actuaciones relativas al almacenamiento y generación renovable; 38 actuaciones para atender necesidades surgidas en la ejecución de la propia Planificación; y ninguna modificación asociada a necesidades de refuerzo solicitadas por distribución (para atender a nuevas demandas en distribución).
Cepsa y Meta (Facebook), entre los agraciados
Las ampliaciones se dan en Huelva y Algeciras, donde Cepsa ha puesto en marcha su megaproyecto de hidrógeno; en los entornos de las antiguas centrales de carbón coruñesas de As Pontes (Endesa) o Meirama (Naturgy), que serán sustituidas por grandes proyectos renovables e industriales; en Sagunto para atender las necesidades de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos proyectada por Volkswagen; en Talavera, donde Meta (Facebook) planea un gran centro de datos; en Córdoba por el macroproyecto solar de EDP; y en diferentes puntos de Galicia, Navarra, Aragón o Asturias para cubrir la nueva demanda de red de varias centrales hidroeléctricas de bombeo. Andalucía recibirá solo el 2% de la nueva inversión en infraestructuras de transporte eléctricos, mientras que no se ha incluido ninguno de los 'data centers' previstos en Madrid, por lo que es probable que la mayoría de comunidades haya presentado alegaciones.
Por otra parte, el Gobierno ha previsto una partida de 931 millones para financiar parcialmente el coste de actuaciones incluidas en la Planificación con cargo a la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Inversión 14 del Componente 31, ligado a los fondos REPowerEU-, aprobada por la Comisión Europea en octubre del año pasado. Con dichos fondos se podrán financiar actuaciones por más de 1.800 millones, ya que se contempla que cubran la mitad de la inversión de cada actuación. También se utilizarán en esta ampliación urgente de las redes y para las obras que se incluirán en la nueva Planificación Eléctrica 2025-2030.
Uno de los grandes problemas de España está en que la ley limita la inversión en redes de distribución a un 0,13% del PIB, muy por debajo de la estimación de un informe de PwC, que sitúa la inversión óptima para lograr la transición energética en 5.600 millones de euros. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a terminar con ese tope.
