Los expedientes de regulación de empleo (ERE) han sido el elefante en la habitación de esta crisis. El Gobierno, en una iniciativa liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desplegó una red de protección para el mercado laboral sin precedentes que, hasta ahora, había logrado contener la hemorragia con medidas como la prohibición de los despidos o la obligación de mantenimiento de las plantillas en los seis meses posteriores a la suspensión temporal de los contratos, pero el alargamiento de la pandemia y el empeoramiento de la solvencia del tejido productivo ya ha reventado el torniquete. Compañías de todos los sectores se han lanzado a anunciar una oleada de ajustes que afectará en toda España a 14.000 trabajadores.
Algunos de los más voluminosos fueron anunciados el año pasado, como el ERE de Banco Santander para 3.572 trabajadores o el de Sabadell, para 1.800 empleados. La banca protagoniza los ajustes, con otro expediente en marcha en Ibercaja que supone 750 salidas, pero no es el único sector que se ha visto obligado a reducir plantillas con motivo de la pandemia. Otros muchos se han sumado a esta oleada de recortes de personal, ya sea mediante la vía del despido o a través de bajas voluntarias y prejubilaciones. Aunque la mayoría de estos expedientes se encuentran en procesos de negociación que culminarán en los próximos meses, las cifras planteadas por las compañías suman varias decenas de miles de puestos de trabajo afectados a los más de 6.100 fulminados, en total, por el sector financiero.
El sector sin duda más afectado por la pandemia, por su peso en la economía española y las consecuencias de las restricciones impuestas para frenar el virus, es el turismo. Y aquí muchas de las compañías que habían optado por los ERTE para poder mantenerse a flote han tenido que recurrir ya al ERE. Es el caso del grupo hotelero NH, donde están en juego unos 300 empleos, o de Casual Hoteles, que ya ha despedido a más de una veintena de trabajadores. También sufren las agencias, como Carrefour Viajes, cuyo ERE afecta a 257 empleados, Tui España (180 puestos), World2Meet (W2M), del Grupo Iberostar (246), o Logitravel, donde la cifra no es oficial pero podrían perderse hasta 400 empleos mientras se negocia la fusión con Viajes El Corte Inglés, según indican fuentes sindicales.
La onda expansiva ha llegado hasta la hostelería, también muy afectada por esta crisis, donde gigantes como Beer & Food, propietario de Tony Roma's, va a llevar a cabo un ERE para 125 trabajadores, o Hard Rock Café ha iniciado las negociaciones para deshacerse de medio centenar de empleados. El sector de la bebida también ha anunciado ajustes, encabezados por el ERE en Coca-Cola para 360 trabajadores (alrededor del 10% de la plantilla) o el de la compañía Heineken, propietaria de Cruzcampo o Amstel, que afectará en España a 228 empleados a través de prejubilaciones, según lo anunciado. Sin olvidar al Grupo Pascual, que ha presentado un procedimiento de despido colectivo para 137 empleados para adaptarse al nuevo mercado.
Precisamente, la adaptación al mercado y a los nuevos procesos digitales que se han acelerado con motivo de la Covid-19 ha llevado a muchas empresas del sector comercial a reorganizar sus estructuras. La empresa de juguetes Imaginarium acaba de anunciar el cierre de casi todas sus tiendas en España y el despido de 120 trabajadores. La cadena de perfumerías Douglas hizo lo propio hace unas semanas y estimó los empleos afectados en 753. Otro ejemplo es el caso de la multinacional lusa Sonae, matriz de Worten, que anunció en enero la reestructuración de la compañía en España tras confirmarse la venta de 17 tiendas a MediaMarkt y el cierre de otras 14 en el territorio nacional. El resultado es un ERE con 212 afectados.
La industria tampoco ha salido indemne de la pandemia, especialmente la aeronáutica, tocada y hundida por las restricciones a los viajes. Airbus planteó un recorte de 1.220 empleos que por ahora se ha materializado en 700 bajas voluntarias que son insuficientes para la compañía. Pero son muchas las empresas afectadas por el derrumbe del sector, en particular las proveedoras: el ERE de ITP Aero en PCB afecta a 136 trabajadores, el de MTorres a 164, el de Mecanizaciones Aeronáuticas MASA a 60 y el de Alestis a otros 76 entre despidos, bajas y prejubilaciones. El de Aernnova, por su parte, tendrá un impacto final de 55 despidos (inicialmente eran 450).
Gigantes industriales como ACS o Acciona han presentado ERE para 260 y 556 trabajadores, respectivamente. Hay otros muy sonados, como el de Alcoa, que planteó 524 bajas y está ahora en trámites judiciales tras ser declarado nulo. Pero la lista de empresas, de todos los tamaños, es larga: Gestamp ha anunciado 230 despidos; Sacyr Fluor, 153 salidas; la tecnológica Indra ha acordado 220 prejubilaciones y bajas voluntarias; farmacéuticas como Roche Farma y Novartis han recortado 120 y 65 empleos, respectivamente; hay un ERE en suspenso en Trenasa, con afectación a 110 trabajadores, y otro en vía judicial en Kelvion, con impacto en 147 empleos; Benteler ha optado por 70 bajas, Tubacex por 150 y Kybse por 103. Hay otras, como Alten Spain, con un ERE en ciernes para 200 empleados, Unidad Editorial, con 18 despidos, o Digitex (Comdata), con 350 bajas voluntarias.
Sin reflejo estadístico
Es solo una recopilación de algunos de los múltiples ERE anunciados, que afectan a miles de trabajadores. A la vista de los datos, llama la atención que el Gobierno se siga resistiendo a admitir que la fuerte oleada de ajustes prevista por los analistas en verano del año pasado ya está aquí. La semana pasada el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba en su cuenta de Twitter que "llevamos muchos meses escuchando que los ERTE se iban a convertir en ERE y eso no se ha producido. La mayoría de trabajadores en ERTE han vuelto a la actividad sin que haya habido despidos gracias al buen diseño que hemos acordado con los agentes sociales". El responsable gubernamental obviaba así la avalancha de despidos anunciados por empresas de todos los tamaños en toda España.
📻Llevamos muchos meses escuchando que los ERTE se iban a convertir en ERE. Y eso no se ha producido
— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) February 18, 2021
La mayoría de trabajadores en ERTE han vuelto a la actividad sin que haya habido despidos gracias al buen diseño que hemos acordado con los agentes sociales@joseluisescriva
Lo cierto es que los datos oficiales todavía no reflejan la oleada de ERE. Hay que insistir en que muchos de estos procesos aún se encuentran en distintas fases de negociación, algunos incluso han sido impugnados y están en vía judicial. En cualquier caso, las estadísticas del Ministerio de Trabajo no recogen el repunte de los ERE por varios motivos. Primero, porque los datos disponibles solo abarcan el periodo de enero a noviembre de 2020 y muestran 8.481 trabajadores afectados por despido colectivo, lo que supone un descenso del 70% respecto al mismo periodo del año anterior. La explicación a esta caída se encuentra en que los procesos de regulación de empleo temporal han contenido en parte los despidos, ya que las empresas acudieron masivamente a los ERTE cofinanciados por el Estado. Pero también se produce un desfase estadístico por el colapso administrativo que han vivido las autoridades laborales, que no han remitido toda la información en tiempo y forma, de manera que los datos son provisionales.
En cualquier caso, el Gobierno sí contempla un escenario de ERE masivos en los próximos meses. Así lo admitió el mismo Escrivá en un acto la semana pasada, al avanzar que más allá del daño coyuntural que está causando la crisis de la Covid-19 a muchas empresas, la pandemia acabará provocando un fuerte impacto estructural en algunos sectores y los ERTE podrían terminar por convertirse en despidos definitivos. Para evitarlo, adelantó que su departamento ya está trabajando en nuevo esquema de protección permanente que servirá para mantener a flote actividades especialmente afectadas por el desplome de la demanda y sus efectos a largo plazo. La herramienta buscará facilitar la movilidad de los trabajadores entre empresas sin necesidad de pasar por el desempleo, para evitar situaciones de ERE; irá ligada a la formación de los trabajadores en ERTE, con posibilidad de ayuda pública en función del tamaño de las empresas; y será financiable con los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.
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