Las comercializadoras de luz y gas independientes han cerrado el peor año de su historia. Los altos precios energéticos han puesto a muchas contra las cuerdas y algunas incluso han quebrado y han quedado inhabilitadas para el presente ejercicio. Así, de cara al año que acabamos de comenzar piden acciones al Gobierno para que el mercado libre no caiga en el olvido y continúe perdiendo competitividad ante el regulado.
Fue en octubre del año pasado cuando la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) publicó su comunicado más crítico en relación a las medidas energéticas aprobadas por el Ejecutivo. Trasladó la difícil situación del sector y advirtió del "riesgo de desaparición de la competencia en los mercados eléctrico y gasista tras las últimas reformas legales impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".
En primer lugar, la asociación, de la que forman parte compañías como Acciona, Engie España, Factorenegía, Feníe Energía o TotalEnergies pidió la convocatoria de las subastas de energía eléctrica inframarginal -la producida por las tecnologías más baratas- previstas en el Real Decreto-Ley 17/2021. El departamento que dirige Teresa Ribera pretendía obligar -antes del 31 de diciembre de 2021- a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y consumidores industriales.
Sin embargo, el revuelo que levantó meses más tarde la excepción ibérica dejó en suspenso la puja, pese a que el Ministerio cuenta con todo lo necesario para ponerla en marcha. Iberdrola y Endesa, el primer y segundo productor de electricidad en España, respectivamente, llegaron a amenazar con romper contratos si finalmente se celebra la subasta. Justificaron que ya tenían comprometida toda su energía para ese año y que esta solución suponía "quitar energía a unos para vendérsela a otros". El real decreto afectaba también a Naturgy y EDP.
Fuga masiva a la TUR
Más recientemente, las comercializadoras se han quejado de que están en desventaja frente a las empresas que están habilitadas para ofrecer la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural. Se está produciendo una fuga masiva de clientes después de que el Gobierno haya prorrogado el límite del 15% de subida de precio del gas en cada revisión trimestre hasta el 1 de octubre de este año.
ACIE denuncia que la TUR establece un precio final a los consumidores por debajo de aquel al que las compañías compran el gas en el mercado mayorista. "Simple y llanamente expulsa del mercado a todas las empresas que no son dichas comercializadoras de último recurso", indicó en un comunicado. En este sentido, la patronal del sector del gas, Sedigas, ha pedido por carta a Transición Ecológica que las empresas del mercado libre puedan también suministrar gas natural con la tarifa regulada, tal y como adelantó CincoDías. Fuentes del sector señalan a este periódico que aún no se ha producido respuesta por parte del departamento de Ribera.
La TUR ha ganado más de medio millón de abonados en un año. La avalancha de solicitudes de migración a la tarifa regulada de gas ha sido atendida con dificultades por las comercializadoras, y ha generado frustración entre consumidores que no lograban contactar con agilidad con las empresas para cambiar sus contratos o, incluso, que sospechaban que éstas estaban tratando de obstaculizar su migración a una tarifa menos rentable para ellas.
De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió a finales de octubre una investigación sobre las cuatro comercializadoras con el fin de saber si están poniendo trabas para que sus clientes se pasen a la TUR y no puedan beneficiarse del precio topado por el Gobierno y más reducido que las ofertas en el mercado libre. Las cuatro compañías que por ley pueden ofrecer la TUR -a través de sus respectivas comercializadoras reguladas- son Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies.
Hasta 5.000 gestiones diarias
Naturgy gestionó 230.000 altas de tarifa regulada en 2022, 190.000 de ellas concentradas en el segundo semestre del año, una cifra más alta que en el conjunto de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, y de la que hubo en el primer semestre de 2022. Tras el fervor despertado, la empresa que preside Francisco Reynés ha facilitado el cambio automático para todos sus clientes que lo soliciten mediante un formulario disponible en su web.
Por su parte, Curenergía (Iberdrola) ha pasado de 58.000 contratos en la tarifa regulada al cierre de 2021 a 300.000 en la actualidad. La compañía asegura estar cursando entre 4.000 y 5.000 peticiones diarias. También la comercializadora de último recurso de Endesa ha visto dispararse la cifra de clientes con tarifa TUR, hasta los 296.000 -tras ganar durante 64.000 en 2022-. Baser, la comercializadora del mercado regulado de TotalEnergies, también ha experimentado un fuerte incremento en el número de contratos que gestiona. A finales de 2021, tenía 60.000 contratos de TUR de gas, frente a los 165.000 actuales, lo que supone un crecimiento del 175%, es decir, casi triplicarlos.
Existen tres tipos distintos de TUR para consumidores particulares con diferentes precios según las potencias contratadas. El comparador de la CNMC muestra que para un hogar medio con un consumo de unos 5.000 kilovatios hora (kWh) al año, el coste anual de la TUR se sitúa en torno a los 409 euros, frente a una horquilla de precios en el mercado libre que varía entre los 800 y 1.300 euros, es decir, hasta un 217% más en el peor de los casos. Asimismo, se ha creado una TUR específica para comunidades de vecinos.
Bajo este contexto, ACIE insta al Gobierno a que las medidas de intervención para reducir el precio de la factura regulada de gas se apliquen a todos los clientes, ya sea a través de subvenciones directas o a bajadas de los peajes y cargos. La Secretaría de Estado de Energía se comprometió "a revisar con detalle" las propuestas de las comercializadoras, en concreto el estado de las subastas inframarginales, una posible ayuda a los clientes de gas en tarifa libre y la posibilidad de que la energía inframarginal exenta de minoración -vendida a precios inferiores a 67 euros/MWh- solo sea aplicada por las empresas eléctricas dominantes a clientes en cartera, no para captar nuevos consumidores.
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