El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz abrió hace dos meses una mesa de negociación en la que están representados tanto la patronal como los sindicatos para abordar los temas prioritarios de su cartera. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, situó tres materias en la hoja de ruta a seguir durante el calendario de reuniones: el uso de las mutuas para tratar las bajas por causa traumatológica, los coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada y la reforma de la jubilación parcial. No obstante, solo se ha avanzado en las dos primeras, dado que el Gobierno no ha presentado ningún texto sobre la salida gradual del mercado de trabajo asociada a un contrato de relevo.
Los agentes sociales acudieron a la última de estas citas con la esperanza de conocer finalmente cuál era la posición del Ministerio sobre la jubilación parcial, que ahora está abierta a todos los trabajadores, pero condicionada a que lleguen a un acuerdo con el empleador. Sin embargo, el 'número dos' de Seguridad Social tampoco llevó un texto al encuentro del pasado 4 marzo, por lo que fuentes sindicales alejan la firma de un acuerdo hasta que se haya abordado esta cuestión en profundidad. "No habrá pactos parciales" advierten. "No firmaremos un acuerdo sobre el uso de las mutuas y los coeficientes reductores con la promesa de abordar más adelante la reforma de la jubilación parcial" sentencian, haciendo referencia a que todo debe incluirse en una misma norma.
Los representantes de los trabajadores no quieren aventurarse a medir cuál va a ser el impacto de la consecución de procesos electorales en esta mesa, pero confían en que el Gobierno mantenga su compromiso de atajar estas cuestiones pendientes y recuerdan que Seguridad Social está a punto de exceder el plazo de un año en el que tenía que presentar el marco de regulación de la pensión de la jubilación parcial en el Pacto de Toledo. Se trata de un compromiso reflejado en la disposición adicional primera de la segunda parte de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de 2023, pero para el que el acuerdo en el diálogo social se establecía como requisito previo.
Dicha propuesta tendrá que garantizar un "régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión que preserve la calidad del empleo de los relevistas y que equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema", según indicaba el real decreto-ley 2/2023 que instaba a tener en cuenta la incidencia que podría tener en los distintos sectores, sobre todo en la industria manufacturera. Este sector tiene reconocido un modelo especial para que sus trabajadores puedan reducir su jornada y cobrar la pensión de la parte proporcional a las horas que dejan de trabajar, a la par que se contrata a un nuevo trabajador para cubrir el resto de la jornada; pero esta vía ha tenido que ser prorrogada 'in extremis' en 2022 y 2023, por lo que los agentes sociales quieren dejar la cuestión cerrada antes de estar a las puertas de fin de año.
Seguridad Social calificó la última reunión como "muy productiva" y aseguró que se habían producido "importantes avances" en una nota en la que se confirmaba que la jubilación parcial no había sido abordada aquella tarde. Saiz convocó otro encuentro dos semanas más tarde, que presumiblemente tendrá lugar el próximo 18 de marzo y en la que las partes del diálogo social esperan que presente su propuesta. Hasta ahora, la cartera ha priorizado avanzar en la posible colaboración con las mutuas recogida en el Acuerdo Marco para el Empleo y la Negociación Colectiva que podría agilizar el tratamiento de las bajas por incapacidad temporal y recortar el alza del gasto público asociado a estos retrasos que ha producido el atasco en la Atención Primaria.
No obstante, los sindicatos no están dispuestos a dar por zanjado el debate planteado por las patronales mientras que los temas que más les preocupan permanecen en punto muerto. El recurso a las mutuas fue uno de los puntos que más costó incluir en el acuerdo marco sellado por patronales y sindicatos en el mes de mayo, un punto que los representantes de los trabajadores tuvieron a bien incluir por contribuir a mejorar la salud de los asalariados que causaran baja por incapacidad temporal. Si bien se cerraron ante la posibilidad de incluir las bajas de otra naturaleza que no sea la traumatológica y también, a la opción de que estos servicios pudieran conceder el alta en lugar de hacerlo los médicos del sistema público de salud.
La preocupación es compartida por ambos extremos de la mesa de negociación respecto a los coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada. Saiz ha planteado a los negociadores que se establezcan una serie de parámetros objetivos para determinar qué profesiones deben tener reconocida esta vía, en lugar de cerrar a unos colectivos específicos la medida, con el objetivo de dar garantías jurídicas. Así lo explicó la ministra al comparecer a petición propia en la Comisión del Senado que aborda todo lo relativo a la Seguridad Social. Los actores medirán la incidencia de accidentes laborales -ya sean leves, graves o mortales-, la persistencia y la duración de los permisos por baja laboral, tal y como avanzó la socialista.
