El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones descartó ampliar la edad mínima legal para acceder a la jubilación, como sí hizo la reforma llevada a cabo por el Partido Popular en 2013, sin embargo, esto no significa que José Luis Escrivá no vea la prolongación de las carreras laborales como una de las vías fundamentales para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Sin embargo, en lugar de forzar este retraso de la jubilación, ha optado por incentivarlo. Fuentes del Ministerio sostienen que el impacto de esta medida va a ser significativo, en el mejor y en el peor escenario, aunque no se aventuran a estimar qué porcentaje de trabajadores - babyboomers- retrasarán el momento de acceso a la jubilación durante los años más críticos para el sistema, de 2047 a 2049, cuando el número de pensionistas ascenderá a 15 millones de españoles.
La primera parte de la reforma de las pensiones, aprobada en diciembre de 2021, tras llegar a un consenso con los agentes sociales, introdujo incentivos a la jubilación demorada, o lo que es lo mismo, a extender la vida laboral más allá del mínimo legal establecido para retirarse. En concreto, esta decisión puede premiarse a través de un pago único en el momento de acceder a la jubilación, que dependerá de los años cotizados en el momento de alcanzar la edad mínima legal -si son más o menos de 44,5 años- y cuál sea el importe de la pensión que le corresponda a ese trabajador. Este 'cheque' puede oscilar entre los 4.400 euros y los 11.300 euros por cada año de demora. Mientras que la otra vía consiste en incorporar un complemento del 4% mensual a la pensión por cada año de retraso en el acceso a la jubilación.
Los cambios introducidos a finales de 2021 ya han comenzado a tener sus efectos, aunque como ha reconocido el ministro, son modestos. Los últimos datos aportados por la cartera muestran que las nuevas jubilaciones demoradas apenas representaban el 5,4% del total en 2022, lo que supone una mejora de siete décimas respecto al dato del año anterior, pero dista de ser un porcentaje que pueda inclinar la balanza de ingresos y gastos del sistema de pensiones. De hecho, la edad efectiva de jubilación se situaba en 2022 por debajo de la edad mínima legal, en 64,8 años, mientras que la segunda asciende ya a 66 años y 4 meses, de acuerdo con los cambios introducidos en 2013.
Las previsiones compartidas por el Ministerio de Seguridad Social, sitúan el punto crítico de gasto de pensiones en 2047, cuando la gran parte de los babyboomers ya habrán accedido a la jubilación, lo que además de implicar un reto por el gran número de pensionistas que habrá, también lo será por el elevado importe de sus pensiones. Por ello, el porcentaje de personas de esta generación que extienda su vida laboral puede entrañar diferencias significativas en el esfuerzo que deba asumir el sistema de pensiones. A pesar de que en el entorno de Escrivá no se atreven a señalar un porcentaje concreto, al presentar la reforma en 2021 dibujaron tres escenarios, en el peor contaban con que el 40% de los cotizantes en el RETA y el 40% de los del Régimen General retrasarían su jubilación, mientras que en el mejor, la proporción era de 50% y 60%.
El último informe elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, pone en duda que una proporción tan elevada de los trabajadores se decanten por esta opción, pese a los incentivos. Sin embargo, admite que de materializarse este rápido aumento de la incidencia de la jubilación demorada, "generaría un ahorro creciente en pensiones que llegaría a alcanzar el medio punto del PIB anual durante la década de los 30", para después reducirse hasta las cuatro décimas. No obstante, el análisis pone el foco en el sobrecoste que generarán las nuevas pensiones, que superará a los ahorros generados por la medida a partir de 2048. Lo que se traduce en que es necesario que miles de trabajadores decidan retrasar su jubilación para garantizar que el sistema pueda superar la curva ascendente de gasto, localizada en 2047, tras la que el gasto caerá en picado.
En torno a 300.000 acceden a la jubilación en España cada año, lo que el think than asociado a CEOE estima que supone un coste de medio punto del PIB, en consecuencia, De la Fuente concluye que sería necesario que todos los trabajadores retrasasen su jubilación tres años -más allá de los 67 años que serán de aplicación para entonces- para alcanzar el punto y medio del PIB de ahorro que el Ministerio de Seguridad Social estima que supondrá esta medida. El experto resalta que este "resultado espectacular parece poco probable" y además, critica que los cálculos de la cartera de Escrivá ignoran el coste de las compensaciones por demora de jubilación, que serían más elevadas en el caso de optar por el incremento del 4% de la pensión y no por el cheque. Según un sondeo elaborado por el Ministerio, la mayoría de españoles preferirían la primera opción, pero Fedea apunta a que después de un cálculo sosegado, se decantarían por la segunda opción.
Gran peso de la evolución del empleo
Si bien, cabe recordar que esta es solo una del cúmulo de medidas tomadas en el marco de las dos reformas de pensiones, o más bien, primera y segunda parte de la norma, aprobada entre 2021 y 2023. El Ministerio ha decidido que la principal vía para garantizar los ingresos del sistema sea el empleo, más allá de las aportaciones que pueda hacer la jubilación demorada. La subida de las bases máximas de cotización, la aprobación de una nueva cuota de solidaridad para las rentas más altas y el incremento del peso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), condicional el éxito de la reforma a la buena marcha del empleo. En concreto, el mercado de trabajo debe cumplir con las expectativas dibujadas por la reforma laboral para no trastocar los planes del Ministerio.
Desde la cartera apuntan a que es necesario que el mercado de trabajo español evolucione hasta ser homologable a los mercados del entorno europeo, con una reducción drástica de las tasas de desempleo. El texto impulsado por el Ministerio de Trabajo se marcó el claro objetivo de reducir la temporalidad que caracterizaba al escenario español, tomando como opción preferente el contrato indefinido y reservando el acuerdo fijo-discontinuo para aquellos trabajos intermitentes. Y desde entonces, ambos despachos del Gobierno celebran los buenos resultados en términos de creación de empleo, pero es pronto para aventurar cuál habrá sido la evolución en algo más de veinte años.
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