Escrivá encarga una encuesta para saber por qué los españoles se jubilan antes

Antes de abordar los ajustes legales que tiene en mente para mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha querido recurrir a una consultora experta en encuestas y a uno de los más reconocidos expertos españoles en la llamada 'economía del comportamiento' para acumular evidencias que le ayuden a actuar. Sus objetivos son, por una parte, disponer de información estadística reciente sobre las actitudes de los españoles ante el evento de la jubilación y también sobre la eventual respuesta de la ciudadanía ante una serie de eventuales modificaciones en el actual marco regulatorio; por otra, contar con una evaluación económica fiable sobre el actual sistema de incentivos a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación, los efectos (o distorsiones) que produce y un abanico de propuestas de reforma.

Para la realización de la encuesta, Seguridad Social ha contratado por cerca de 3.000 euros a la compañía Netquest, una pujante consultora especializada en paneles online y propiedad de la firma de investigación de mercado más potente de Alemania, GfK; y la evaluación del sistema de incentivos se le encargó por designación directa al profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade y referente de la economía conductual en España, Pedro Rey Biel, que va a recibir 10.000 euros por evaluar el esquema de incentivos para retrasar la edad de jubilación en España, que por otra parte el ministro Escrivá ya ha señalado en diferentes intervenciones públicas por su ineficacia. 

Seguridad Social ha invertido por tanto un total de 13.000 euros en ese análisis externo que ahora se sabe que se ejecutó entre los pasados meses de septiembre y octubre, que el ministro Escrivá ha venido 'vendiendo' en las últimas semanas como aval necesario antes de adoptar cualquier decisión al respecto, pero al que hasta ahora rodeaba un velo de secretismo que incluso ha generado cierta incomodidad en el ámbito del diálogo social, donde se entiende que una vez emitidas las recomendaciones del Pacto de Toledo debe ser en el ámbito de la concertación social donde se negocien y se sustancien las medidas a tomar y no a partir de las recomendaciones de externos. Ambas encomiendas se han realizado por la vía del 'contrato menor' y por consiguiente han sido encargadas de manera directa por Seguridad Social, si bien en el caso de la consultora para realizar la encuesta el Ministerio ha manejado dos ofertas diferentes. No ha sido así en el caso de la evaluación que se ha encomendado por la vía rápida a Pedro Rey Biel.

Los análisis de datos que ha realizado el Ministerio, principalmente por parte del equipo del secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, reconocida como una de las personas que mejor conoce las cifras del sistema de pensiones, no sólo han revelado la utilización residual -ya diagnosticada- que se hace de los incentivos al retraso de la edad de jubilación más allá de la edad legal sino el desconocimiento generalizado que existe sobre éstos. El propio ministro Escrivá manifestaba sorprendido hace unas semanas en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo que habían detectado casos de personas que se jubilaban un puñado de semanas antes de los 67 años, cuando esperando apenas dos meses hubieran conseguido una bonificación del 2% en su prestación de jubilación para el resto de su vida. 

"Pero no sólo se trata de un tema de falta de información", incidía el ministro, que apuntaba a problemas estructurales en la configuración de estos incentivos. Los expertos han apuntado históricamente a uno de ellos: el hecho de que las personas que tienen mayor tendencia a prolongar su vida laboral son precisamente los que se sitúan en las bases más altas de cotización y de que el incentivo que éstas reciben es mínimo cuando no inexistente ya que en una mayoría ya tienen derecho a la pensión máxima y las mejores que prevé la ley ya tienen aquélla como techo....

Y el Banco de España también trató sobre ello en su célebre informe sobre la rentabilidad ofrecida por el sistema público de pensiones en el que aseguraba, entre otras cosas, que desde un punto de vista estrictamente financiero la rentabilidad de jubilarse a la edad legal de jubilación - 65 años si se tienen más de 37 años cotizados; 65 años y 10 meses si la trayectoria como cotizante no alcanza ese umbral- era superior a la de prolongar la vida laboral más allá de esa frontera.

Elemento clave de la 'minirreforma' de las pensiones

El cuadro de situación ya perfilado por los servicios de análisis de Seguridad Social ha sido completado en los últimos días por la evaluación de los mismos que en las últimas semanas ha ejecutado Pedro Rey Biel, un reconocido economista, colaborador habitual de uno de los blogs de referencia de análisis económico 'Nada es Gratis' y un entusiasta defensor de la evaluación de políticas públicas. José Luis Escrivá quiere tener todas las cartas encima de la mesa antes de actuar. Porque actuar va a actuar. 

Una vez conseguido el objetivo fundamental de resolver la parte más escandalosa del problema financiero del sistema público de pensiones por la vía de endosar la parte del león del déficit del subsistema de la Seguridad Social al Estado, cuya primera fase se ha programado para 2021 dentro del proyecto de PGE del Gobierno con una transferencia de recursos de cerca de 14.000 millones de euros por parte del Estado, Escrivá enfrenta ahora la parte de los ajustes regulatorios, que según ha anunciado se centrará básicamente en dos ámbitos: endurecer el acceso a la jubilación anticipada y mejorar los incentivos para que los ciudadanos opten cada vez más por prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación con el incentivo de ver mejorada su prestación a futuro. Era lo que Escrivá denominaba en sus tiempos de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y reitera ahora, "aprovechar al máximo las reformas paramétricas de la reforma de pensiones de 2011" y con las que considera que se puede dar carrete al sistema público de pensiones durante lustros sin grandes problemas financieros.

Este pasado fin de semana, el ministro ya dio las primeras pistas de por dónde podría ir la cosa. Dijo que las encuestas - ahora se sabe que encargadas a la consultora Netquest- habían revelado que los ciudadanos estaban dispuestos a retrasar su jubilación más allá de la edad legal bajo determinadas condiciones y entre éstas el ministro parece que se inclina, a la luz de las opiniones de los encuestados, por ofrecer un pago único a tanto alzado en el momento en que se alcance esa edad legal a los trabajadores que opten por prolongar su vida laboral unos meses o unos años más.