La necesidad de una rebaja de la factura eléctrica no va a producirse a corto plazo. La complejidad del funcionamiento del mercado de la electricidad y los mecanismos empleados hasta que llega la luz al consumidor es la que provoca que sea muy complicado conseguir dar una vuelta al sistema. El problema es que ni siquiera el Gobierno central ha optado por acelerar los posibles cambios que sí están en su mano. Esa es la principal reflexión que hace el especialista en este campo Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, sobre la gestión en los últimos meses realizada por el Ejecutivo en lo relativo a la tarifa. Una denuncia relacionada con la decisión de haber impulsado dos medidas por la vía más lenta posible: la del anteproyecto de ley. A lo que se suma la negativa hasta el momento de 'meter mano' a los costes regulados del recibo.
Una de las medidas que habrían permitido a Moncloa ofrecer una luz más barata sería la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Ambas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros como un anteproyecto de Ley. Lo que provoca que su tramitación sea mucho más lenta, ya que tiene que someterse a un proceso mucho más detallado en el Congreso. "Estas medidas se podrían aplicar de manera inmediata con un Real Decreto. No entiendo por qué no se ha hecho de esta manera, ya que el Fondo acaba de entrar en el Parlamento", señala Ferrando en conversación con La Información, que sostiene que con estas reformas habría un abaratamiento real. "El Fondo permitiría que no solo pagaran los consumidores de electricidad por los compromisos de la introducción de renovables. También lo deberían hacer aquellos que consumen gas, electricidad o diésel", destaca.
El otro cambio significativo sería la eliminación de la sobrerretribución a la electricidad de las tecnologías que no emiten CO2 al incorporar dicho coste en su precio como un mayor ingreso, conocidos como los "beneficios caídos del cielo". El Gobierno también optó por plantear la norma a través de un anteproyecto de ley que fuera debatido y afinado en las cámaras. "En 2006 ya se aprobó un Real Decreto para disminuir su impacto, el cual fue respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de la UE en 2013", recuerda Ferrando. El responsable de la Fundación Renovables alerta de que esto supone que las empresas con nucleares o renovables seguirán cobrando esa tasa a pesar de que no tienen costes por el CO2, dado que no lo emiten al generar electricidad. Lo que significará que se seguirá incluyendo en la factura del consumidor un cargo por esas emisiones.
Los costes regulados... y la empresa pública
Dado que estos cambios no serán inmediatos, Ferrando aboga por poner el foco en los costes regulados. Entre los que considera más exagerados está el de la retribución a la cogeneración y a las renovables. denominado como RECORE. "Esto supone el 41% de todos los costes fijos. Si el de la electricidad se queda en el 25%, el resto también deberían ir a ese porcentaje", expone el experto, que añade que "el consumidor eléctrico ha asumido todos los costes de la transición energética, como 25.000 millones de euros que deberían haberse vinculado a las energías fósiles y se han pagado en el recibo de la luz". Una problemática que viene de que "se hizo el sistema pensando en los combustibles, y ahora estos tienen un coste". Estas modificaciones, según Ferrando, permitirían que la factura llegara a abaratarse en el entorno del 15%.
Estos cambios podrían notarse antes de lo que se espera con los planes actuales. Pero no serían inmediatas. Como tampoco lo sería la creación de una empresa pública de energía, que es el último movimiento que el Gobierno está estudiando y que cuenta con todo el respaldo de Unidas Podemos. La fórmula preliminar sería la de que las centrales hidroeléctricas pasen a dominio del Estado una vez expire la concesión. "Será mejor que tengamos paciencia con este tema. Hasta 2030, solo caducará el contrato de un 3% de ellos", advierte Ferrando. Por lo que habría que esperar hasta que esta firma estatal fuera una realidad, ya que Moncloa ha descartado por completo nacionalizar esas centrales que ahora están en manos de empresas privadas. Aunque ya hay algunas que están en manos de las Confederaciones Hidrográficas tras finalizar el periodo de concesión, la potencia es insignificante.
Los problemas del mercado mayorista
Mientras todo esto llega, el experto y la Fundación que dirige abogan por insistir en el debate sobre el mercado mayorista de la electricidad que rige en Europa. Una manera de ofrecer luz a los consumidores que la Comisión Europea sigue defendiendo a pesar de que gobiernos como el español ya han pedido que se apliquen cambios al mismo. Este es el que provocaría que "se esté pagando el agua a precio de gas para generar electricidad", según Ferrando. "Que el gas sea caro es lo normal. Si eleva su precio, todos pagamos más por ello. Lo mismo ocurre con el CO2. Lo absurdo es que se esté generando electricidad con agua a ese mismo precio. No puede ser que lo generado con una materia prima cuyo valor es cero cueste 110 euros", denuncia.
A esto se puede sumar el vaciamiento de dos pantanos realizado por Iberdrola. Una cuestión sobre la que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado "escandalizada". Hasta el punto de que ha anunciado que su departamento ya está investigando lo ocurrido. "Aunque sea legal, no es razonable", ha señalado Ribera. Lo ocurrido, en opinión de Ferrando, ha generado a la firma "una caja espectacular por turbinar toda ese agua". "Se podría haber usado para bajar el precio con el pool disparado. Y se ha optado por ofrecer la energía más cara en una escalada de precios", lamenta.
Esta situación se ha producido precisamente por lo que permite ese mercado mayorista que el Gobierno quiere modificar para abaratar la factura. La propuesta de la Fundación Renovables pasa por "impedir que todas las centrales de generación tengan precio de mercado, sacando del mismo a aquellas centrales que son precio aceptantes y que no participan de forma activa en el precio de cierre como las nucleares y parte de las renovables". Entre las que cumplen esos requisitos están la nuclear y la renovable. "Se podría pactar un precio para esas energías, consiguiendo que ese incremento del precio del gas no les afecte al 100%. El Gobierno podría fijar un precio como hizo con las subastas reguladas", señala Ferrando como otra de las posibilidades.
Lo que no considera una opción es aumentar la vida de las nucleares, que son la base del sistema francés al que aspira Podemos. "Sigue siendo la más cara. En Francia, parte de la energía generada está bajo un precio pactado. Pero eso no quiere decir que la nuclear sea más útil. Esto podría hacerse con renovables", asegura.
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