El Gobierno de coalición no puede hacer nada a corto plazo para atajar la escalada del precio de la luz. Este miércoles 16 de junio se va a alcanzar el tercer registro más alto de la historia, situándose en 94,63 euros por megavatio/hora (MWh), según los datos del Operador del Mercado Eléctrico (OMIE), ante la imposibilidad de que el Ejecutivo pueda reaccionar con medidas inmediatas. Los proyectos en los que está trabajando el Ministerio para la Transición Ecológica para abaratar la factura están pensados para el medio y el largo plazo. Sin embargo, la negociación interna entre PSOE y Unidas Podemos existe y está siendo cada día más intensa, a medida que se va confirmando que los españoles pagarán en junio un recibo disparado.
El dato de este miércoles sólo ha sido superado por los 94,99 euros/MWh que alcanzó el 8 de enero, durante el temporal Filomena, y del máximo histórico diario, registrado el 11 de enero de 2002, que fue de 103,76 euros. El Gobierno asume estar atado de pies y manos en este sentido y se remite a un genérico "estamos trabajando en nuevas medidas" para abaratar la factura.
La clave principal que explica esta escalada de precios de la electricidad es la carestía de los derechos de emisión de CO2 que tienen que comprar las centrales de ciclo combinado (fuel y gas) para producir, en un 'pool' en el que el precio más alto de cuántos tipos de producción se presentan cada día es el que se establece como base para que lo pagan los consumidores en sus diferentes tipos de tarifas. Mientras ese sea el modelo y el mercado de derechos del CO2 siga disparado, desde el sector tienen pocas esperanzas de que la factura de la luz baje, mucho menos con unas empresas productoras de energía enfrentadas a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este momento, se da la coincidencia, además, de que hay dos centrales nucleares en parada (en el calendario previsto), con lo que la aportación de esa fuente barata de energía no llega a tanto nivel como sería deseable y deja hueco para que tomen parte en el mix los ciclos combinados más caros.
Este miércoles 16 de junio se va a alcanzar el tercer registro más alto de la historia, situándose en 94,63 euros por megavatio/hora (MWh)
La parte media de los precios la marcan las renovables y la muy baja las centrales hidráulicas y las centrales nucleares, que no necesitan derechos de emisión y que son quienes se ven directamente beneficiados de producir a 15 o 20 euros el megavatio y venderlo (por obligación) a más de 94. Voces autorizadas del sector energético, tanto del ámbito público como del privado, han reclamado un cambio urgente del sistema de fijación de precios, aunque para ello haya que negociar en Europa, dado que es un modelo similar para toda la UE.
En este momento la coalición está incumpliendo su pacto de Gobierno. En el punto 3.2 del mismo se recoge el compromiso de "modificar la factura eléctrica con el objetivo de (...) que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética". Pero fuentes gubernamentales explican que, de momento, esta medida no se encuentra sobre la mesa de negociación.
¿Qué se está negociando para abaratar el recibo de la luz? Quien lleva la voz cantante es la Vicepresidencia cuarta que dirige Teresa Ribera. Unidas Podemos ha conseguido, por fin, negociar de forma conjunta varias medidas. Una de las modificaciones que han planteado los morados en este sentido pasa por limitar el precio que las compañías, a través de sus centrales nucleares e hidroeléctricas, pueden cobrar por la electricidad que producen. De esta forma, el Ejecutivo fijaría por contrato el coste concreto de estas tecnologías, como ya se hace en las subastas de renovables, y así se evitarían las oscilaciones actuales. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite fijado a través de un contrato de referencia se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se podría destinar a abaratar la factura final. En la práctica supondría una intervención directa de la factura para evitar subidas como las actuales. Podría ser una medida temporal, apuntan las fuentes consultadas.
Otra opción que plantea Podemos al PSOE pasa por poner en marcha un mecanismo similar al Arenh francés: un instrumento para que, en el caso de la energía nuclear, las comercializadoras independientes puedan tener acceso a la cuarta parte de la producción eléctrica de EDF (en el caso del país vecino) a un precio fijo.
Frente a las voces que reclaman una especia de vuelta al "marco legal estable" que había en España hace más de dos décadas, con precios máximos de referencia y un sector cuasi intervenido desde el Gobierno, hay quienes defiende la creación de un modelo que tenga en cuenta los costes de cada tipo de energía. En ese caso, cabría la opción de agrupa por un lado a hidráulicas y nucleares, con sus activos históricos casi amortizados; en un segundo paquete de precios se puede incluir a la producción renovable (fotovoltaica, eólica, etc…); y en un tercer grupo cabrían las de mayores costes, que dependen del carbón, el gas y el coste de los derechos de emisión para producir energía. Fuentes del sector aseguran que sólo si se hace una media ponderada de los tres niveles en virtud de lo que aporten cada día al sistema, el precio de la luz sería más bajo que ahora y, seguramente, más acorde con la realidad de los costes.
Pero ninguna de estas medidas se encuentra avanzada. Desde el área socialista del Gobierno se remiten a las propuestas ya lanzadas y cuya aprobación, si es que llega, es lejana. Hay fuentes cercanas al Gobierno que, por ejemplo, albergan serias dudas de que el 'bocado' a los beneficios caídos del cielo pueda acabar anulado en el Tribunal Supremo. Oficialmente el PSOE calcula que, una vez en vigor, el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el anteproyecto de Ley de minoración de CO2 podrían suponer una reducción de hasta un 15% de la factura eléctrica en consumidores domésticos e industriales.
Por parte, Transición Ecológica estima que el recorte a dichos beneficios caídos del cielo provocaría un descenso del precio de la factura eléctrica de alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria. El objetivo de la propuesta, dicen, es que una parte del dividendo de carbono pueda beneficiar a todos los consumidores reduciendo el coste de la transición energética. Por otra parte, el FNSSE permitiría reducir, según cálculos del Gobierno, en un 13% la factura cuando se encuentre plenamente operativo, es decir, dentro de 5 años.
Otra de las opciones que se ha estudiado en el seno del Gobierno ha sido la creación de un impuesto específico a las eléctricas que perciben los citados beneficios caídos del cielo. En concreto se abordó un 'windfall profits tax' a dichas compañías por esas ganancias sobrevenidas que perciben. Esta tasa ya existe en Reino Unido, que es donde se fijó el Gobierno español. En las islas británicas, en efecto, las compañías energéticas tienen que pagar a Hacienda un 23% por esas sobrerretribuciones. Sin embargo, en el debate interno se descartó esta posibilidad por la "escasa utilidad", argumento que citan en el PSOE, que tendría en el objetivo final: rebajar el recibo de la luz.
Más propuestas de UP: "Pensamos que una empresa pública de energía que favorezca la competencia en un sector oligopolístico, y que saque a la luz la información real sobre el sistema y sus costes de generación, puede contribuir también a los objetivos de reformar y democratizar el mercado eléctrico, reducir la factura y garantizar el suministro a precios asequibles para toda la ciudadanía", expuso el propio Álvarez y la hoy ministra Ione Belarra hace unos meses, medida que siguen defendiendo en este momento. Pero la respuesta del PSOE ha sido negativa. El Ministerio de Ribera defiende que el lanzamiento de esa firma pública "no es viable" en este momento. La CNMC también está estudiando ampliar en dos horas la hora valle, pero será también una medida a medio plazo.
El Gobierno, en definitiva, sigue sin dar con la tecla para abaratar la factura de la luz y descarta rebajar el IVA, actualmente en el 21%. Es más, la coalición tampoco ha encontrado en este momento un mecanismo que evite subidas de la factura en periodos de consumo extraordinario. Es decir, si se produce otra Filomena o una ausencia de viento, la factura de la luz lo notará, de nuevo, en perjuicio del consumidor. PSOE y Unidas Podemos también tienen pendiente cerrar la renovación del nuevo bono social para llegar a las familias en situación de vulnerabilidad que lo necesitan.
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