La consellera catalana de Territorio, Ester Capella, ha negado que el Estado vaya a tener "derecho a veto" en la empresa mixta que el PSOE y ERC han acordado constituir para gestionar el servicio de Rodalies (Cercanías) en lugar de Renfe: "No es la primera empresa pública en la que participan varias administraciones".
El acuerdo para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, contempla la creación de una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Catalunya que sustituya a Renfe como operador del servicio: su consejo de administración estará compuesto a partes iguales por el Estado y por la Generalitat -con voto de calidad para el presidente, propuesto por la Generalitat- y las decisiones "estratégicas" se deberán tomar por mayoría cualificada.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Capella ha explicado que serán los estatutos de la empresa los que definan qué decisiones serán "estratégicas" -las que, por tanto, no podrá tomar la Generalitat sin acuerdo con el Estado-, y ha negado que eso equivalga a un "derecho a veto", según recoge EFECOM.
Entre las que se podrían determinar como estratégicas, ha señalado decisiones sobre tramos de la R3, que conecta con Francia; si se quieren contratar servicios con empresas extranjeras; o acciones referentes a tramos de vías en los que además de Rodalies circulan trenes de mercancías. "Si nosotros fuésemos el Estado, tomaríamos todas las decisiones. Pero el Estado tiene unas competencias que nosotros no tenemos", ha señalado.
Acuerdo cuestionado
Precisamente el hecho de que la futura empresa Rodalies Catalunya vaya a ser mixta ha llevado a dirigentes de Junts a cuestionar que lo acordado sea un traspaso "integral", si bien Capella ha recordado que el propio texto del acuerdo con el PSOE usa este adjetivo.
La consellera también ha señalado que si no se ha acordado que Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) asuma el servicio de Rodalies -una opción que en años anteriores el Govern había puesto sobre la mesa- es porque se ha considerado que "no hay que mezclar las cosas", dado que esta empresa sí es 100% de la Generalitat y el traspaso de Rodalies "habrá que gestionarlo a medida que se asuman competencias".
De hecho, ha equiparado este traspaso al de los Mossos -como ya hiciera la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà-: "Primero una fase y después otra, habrá que calendarizarlo", ha dicho. El acuerdo contempla que la Generalitat asuma toda Rodalies a lo largo de la legislatura.
También ha insistido en que se respetarán "todos los derechos", incluido el de la movilidad geográfica, de los trabajadores de Renfe en Cataluña que se ha acordado que pasen a formar parte de la nueva empresa.
Y ha destacado cómo el acuerdo sobre Rodalies contempla el traspaso de más de 500 millones: 335 de déficit tarifario -el coste del servicio no sufragado por la venta de billetes-; 132,7 de mejoras en el servicio que debía asumir la Generalitat; 27 de cánones de Adif; 6 de servicios alternativos de autobuses; y 4 de mejoras en el tramo Lleida-Manresa.
