Causa de fuerza mayor

El Gobierno busca la vía para prorrogar los ERTE sin quebrar la Seguridad Social

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá
EP

Mantener las condiciones favorables para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor más allá del estado de alarma y evitar la quiebra de la Seguridad Social. Es el complejo equilibrio que busca el Gobierno en las negociaciones con la patronal y los sindicatos para acompasar la desescalada del mercado laboral a las fases previstas para el desconfinamiento de la sociedad y la recuperación paulatina de la actividad económica. Todo un reto, habida cuenta de que, por un lado, los empresarios amenazan con despidos definitivos si el Estado deja de pagar la factura de los ajustes eventuales de plantilla y, por otro, la merma de ingresos por cotizaciones sociales va a llevar al límite la sostenibilidad financiera del sistema público de las pensiones. 

En este punto de la crisis sanitaria, el debate político gira en torno a la cuestión de si apoyar el estado de alarma implica respaldar las medidas de protección social y, rechazarlo, lo contrario. En esta tesitura, el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que desvincule de este marco jurídico los ERTE por fuerza mayor, de manera que las condiciones favorables para las empresas y los trabajadores acogidos a estos ajustes se mantengan cuando se levante el estado de alarma. La patronal y los sindicatos coinciden con la necesidad de prorrogar estos expedientes y así se lo han trasladado al Ejecutivo. El problema es que, tal y como están diseñados en estos momentos, la Seguridad Social no podrá soportar esa factura millonaria durante mucho más tiempo.

Cuánto va a durar el estado de alarma es una incógnita. El Gobierno de coalición confía en amarrar el bloque de la moción de censura para las sucesivas prórrogas y, por ahora, el límite temporal que trasladan es 'sine die'. Parece claro que la intención es, al menos, mantenerlo hasta la última fase de la desescalada, hasta que llegue la "nueva normalidad", lo que sitúa, como pronto, a finales de junio. Pero, ¿qué sucederá después con los ERTE por fuerza mayor? La patronal quiere que se mantengan hasta finales de año en los sectores más afectados y en las condiciones actuales, incluida la exoneración de cuotas, pero en la negociación con los ministerios implicados (Economía, Trabajo y Seguridad Social, entre otros) el Ejecutivo difiere tanto en el periodo como en la cobertura.

Ahora la Seguridad Social asume, en los ERTE por fuerza mayor, el 100% de la cuota para las compañías de menos de 50 trabajadores y el 75% para las más grandes. Fuentes de la CEOE trasladan que lo ideal sería que se mantuviesen esos porcentajes, pero son conscientes del agujero que supone para el sistema de las pensiones, por lo que están intentando arrancar al Gobierno al menos una exoneración de la mitad del importe, es decir, del 50% para las pymes y del 35% para las grandes empresas. A la vez, la patronal puja por limitar el alcance del compromiso del mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores al ERTE y los efectos de su posible incumplimiento, y lanzan una advertencia: si no se flexibilizan estas cuestiones, los ERTE se transformarán en ERE. 

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó hace unos días en sede parlamentaria que los ERTE por fuerza mayor pudieran prolongarse más allá del estado de alarma:"Los ERTE por fuerza mayor seguirán teniendo gran relevancia, por lo cual deberá mantenerse transitoriamente el mecanismo de apoyo establecido durante la etapa de crisis sanitaria aguda. Pero después, los expedientes evolucionarán para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, que serán fundamentalmente por causa económica, técnica, organizativa o de producción. También evolucionarán los mecanismos de exención de las cotizaciones a la Seguridad Social y la protección de desempleo durante el ERTE de acuerdo a estas nuevas situaciones", dijo, sin concretar más.

De momento, y ante la primera fase de la desescalada, lo único que ha hecho la Dirección General de Trabajo es aclarar que las empresas pueden desafectar (sacar) a algunos empleados del ERTE por causa de fuerza mayor, de forma que se puede renunciar al expediente "de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva". Además, permite sacar a algún empleado del ERTE para aplicarle una reducción de jornada. Pero no ha despejado las incógnitas sobre lo que sucederá con estos expedientes cuando finalice el estado de alarma. Ayer mismo Díaz trasladaba al Gobierno de Canarias su intención de mantener los ERTE por fuerza mayor en los sectores de actividad y comunidades autónomas más afectados por la pandemia.

Difícil encaje presupuestario

Las negociaciones que se están llevando a cabo durante estos días son intensas. Patronal y sindicatos trasladan al Gobierno sus reivindicaciones, pero fuentes del Ejecutivo explican que la decisión final en esta materia se basará fundamentalmente en motivos presupuestarios. El equipo económico, capitaneado por la vicepresidenta Nadia Calviño, está pendiente de conocer con qué fondos comunitarios de la Unión Europea podrá contar España para sufragar la factura de los ERTE que ya han puesto en marcha más de medio millón de empresas y que afectan a unos cuatro millones de trabajadores.

Mientras tanto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, echa sus propias cuentas. En el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas figuran unos gastos relacionados con los ERTE de cerca de 18.000 millones de euros (17.894 millones, más la parte correspondiente a las exenciones de las cotizaciones sociales, que en total con las moratorias aprobadas supone una merma de ingresos de 2.907 millones). Para hacerse una idea, la factura iguala el déficit anual del sistema de las pensiones. 

Gráfico impacto medidas paliativas Covid-19
 

En el mismo plan que ya están examinando la autoridades comunitarias el Ejecutivo admite que los ingresos por cotizaciones sociales van a experimentar en 2020 un importante deterioro, registrando una caída del 5,75% que equivale a 9.227 millones de euros, por "el impacto de las medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el Covid-19". Adicionalmente, añade que "las cotizaciones caerán como consecuencia del deterioro del mercado laboral ante la crisis, que frenará la creación de empleo prevista antes de la pandemia, con un descenso significativo del número de afiliados". 

Por el lado del gasto, la hoja de ruta presupuestaria del Gobierno recoge que "el gasto en prestaciones sociales es la rúbrica que registrará las mayores tasas de crecimiento, del 17,06%, lo que supone un 20,6% del PIB" e indica que "esta evolución viene determinada en primer lugar por el comportamiento del gasto en pensiones, que es la principal partida de gasto de esta rúbrica, a lo que hay que añadir el impacto del resto medidas de ámbito laboral y social adoptadas durante el estado de alarma para mitigar los efectos más perjudiciales de la pandemia sobre el mercado de trabajo y los colectivos más vulnerables".

Nuevo préstamo y reforma en el aire

De momento, el Estado ya ha tenido que prestar otros 13.800 millones de euros a la Seguridad Social para que pueda hacer frente a las pagas extra de los pensionistas este año, si bien fuentes del departamento de Escrivá aclaran que ese préstamo "no es finalista" y, por tanto, podrá destinarse a gastos derivados de la crisis del Covid. De cualquier manera, en el Plan Nacional de Reformas actualizado el Ejecutivo insiste en que "el sistema de pensiones es solvente y el Gobierno está plenamente comprometido a garantizar su sostenibilidad en el tiempo".

Además, recuerda que está pendiente de abordar, en el marco del Pacto del Toledo, una reforma del sistema con un doble enfoque: traspasar "gastos impropios de la Seguridad Social a la Administración Central, por ejemplo, las políticas activas de empleo, determinadas prestaciones no contributivas o gastos de funcionamiento, que "deberían financiarse mediante impuestos y no cotizaciones sociales". Y, por otro lado, "en el medio y largo plazo, para hacer frente al reto demográfico, el Gobierno planea reordenar sustancialmente el sistema de incentivos para prolongar la vida laboral, que no está funcionando correctamente". Asimismo, añade "se pretende potenciar los sistemas de previsión social complementaria", como adelantó Escrivá, los planes de empresa.

Mostrar comentarios