El Gobierno ha enviado hoy a Bruselas un borrador presupuestario en el que admite que la economía española crecerá menos de lo inicialmente previsto tanto este año como el próximo. Pero no solo eso. También ha comprometido ante las autoridades europeas otros 5.500 millones de euros en gastos que no tienen, por el momento, contrapartida por el lado de los ingresos. Es el coste de medidas sociales como la subida de sueldos acordada entre los funcionarios y el anterior Gobierno del Partido Popular, la revalorización de las pensiones en base a la inflación que ha prometido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y otras ya previstas como la ampliación de los permisos de paternidad y la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años.
En el Plan Presupuestario remitido hoy a Bruselas el Gobierno en funciones explica a la Comisión Europea que tiene limitada su actuación al despacho de asuntos ordinarios, salvo casos de urgencia o por razones de interés general debidamente acreditados. Por tanto, no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ni modificar objetivos de estabilidad presupuestaria, así como tampoco puede presentar iniciativas legislativas al Parlamento.
En este contexto, el Ejecutivo plantea un escenario fiscal inercial que no incluye medidas de ingresos adicionales. No se incorpora, por tanto, el impacto del paquete de medidas tributarias anunciadas en el Plan Presupuestario de 2019 y recogidas también en el Programa de Estabilidad de abril, como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que preveían un incremento de la recaudación de 5.654 millones de euros.
Pese a no contar en las previsiones con esos ingresos extra al tratarse de medidas tributarias que todavía no han sido aprobadas, sí se han incluido para el próximo año determinadas medidas de marcado tinte social "por considerar que se adoptarán en cualquier escenario", según se recoge literalmente en el documento. Es el caso de la implementación del acuerdo alcanzado por el anterior ministro de Hacienda Cristóbal Montoro con los sindicatos para la mejora del empleo público y la revalorización de las prestaciones prometida a los pensionistas por el Gobierno socialista en el avance de su programa electoral.
En el caso de la subida de sueldos a los funcionarios, se plantea un coste mínimo de 3.264 millones de euros y un máximo de 4.575 millones, dependiendo del escenario que finalmente se dé. En la parte baja de la horquilla los salarios de los empleados públicos subirán un 2,3% (el 2%, más un 0,3% de fondos adicionales); en la parte alta, se incrementarán un 3,3% (un 2%, más el 1% en función del PIB y otro 0,3% de fondos adicionales), en todos los casos sumado a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por su parte, la subida de las pensiones en base a un IPC previsto del 0,9% costará 1.263 millones de euros, a los que habría que sumar otros 141 millones del incremento de las pensiones de las clases pasivas. En total, más de 1.400 millones de euros para garantizar el poder adquisitivo a 9 millones de pensionistas el próximo año. El propio presidente del Gobierno en funciones ya se ha comprometido a aprobar esta mejora el próximo mes de diciembre, haya o no un Ejecutivo constituido con plenas funciones.
Además, el Plan contempla el impacto presupuestario de otras medidas aprobadas con anterioridad que se extienden a 2020, como la ampliación de los permisos de paternidad que se aprobó en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. En uno de los bautizados como viernes sociales. Así, en 2020 la duración de la prestación por paternidad se amplía de 8 a 12 semanas ininterrumpidas, ampliables en casos de partos múltiples en 1 semana más por cada hijo a partir del segundo. Y esto tiene un coste, según consta en el borrador, de otros 336 millones de euros.
Por último, también se incorpora el impacto presupuestario que tendrá el próximo año la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Hay que recordar que esta medida también se aprobó en un viernes social, en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de la lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. El coste para 2020 asciende a 400 millones. Si bien parte, unos 200 millones de euros, se compensan con el incremento derivado de las cotizaciones sociales.
Así, el Gobierno en funciones compromete en total para el próximo año un gasto extraordinario de más de 5.500 millones de euros, que superaría los 6.715 millones de euros de aplicarse la subida de salarios máxima prevista para los funcionarios, algo que parece menos probable. Y esto sin incorporar nuevas medidas de ingresos, por lo que se ha considerado necesario elevar la previsión de déficit hasta el 1,7%, desde el 1,1% que se estimaba en el Plan de Estabilidad. Fuentes del Ministerio de Hacienda aclaran que se trata de un "escenario inercial" que se pretende modificar en cuanto pasen las elecciones generales y se logre formar Gobierno. "El nuevo plan se enviará cuanto antes", aseguran.
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