El Gobierno se ha visto obligado a contratar de urgencia a Telefónica para poner en marcha la infraestructura tecnológica necesaria para que los funcionarios de la Seguridad Social puedan atender desde sus domicilios la avalancha de solicitudes de prestaciones sociales que ha provocado la crisis sanitaria y económica del coronavirus. En concreto, el Estado ha adjudicado a la 'teleco', a través del procedimiento de emergencia, un contrato de más de 5,78 millones de euros (4,78 millones sin impuestos) para dotar a la plataforma informática de la Seguridad Social de los elementos de hardware, software y servicios de instalación requeridos para activar hasta 5.000 puestos de teletrabajo.
Como se adelantó en estas páginas, la Administración Pública en su conjunto se está enfrentando a grandes dificultades para implantar el teletrabajo en todos los ministerios, pero especialmente en los que están en primera línea del escudo de protección social desplegado por el Ejecutivo para combatir esta pandemia: Trabajo y Seguridad Social. La falta de medios técnicos para que miles de trabajadores públicos puedan llevar a cabo el trabajo desde sus casas, y así prevenir los contagios de Covid-19, está llevando al límite los recursos de los que disponen estos departamentos, dedicados a algunas de las áreas más críticas en estos momentos como es el reconocimiento de las prestaciones sociales.
En la memoria justificativa de la licitación del contrato con Telefónica se explica que la Seguridad Social ya disponía de sistemas de teletrabajo antes del estado de alarma: 500 aplicaciones en dispositivos móviles corporativos de directores y subdirectores generales, directores provinciales e informáticos y 1.500 usuarios con portátiles o tablets con conectividad al sistema interno. En un primer momento se intentó ampliar esos servicios con medios propios (por ejemplo, se habilitó a los trabajadores a usar sus móviles particulares para hacer trámites), pero se detectó que "el número de trabajadores con teletrabajo era claramente insuficiente para la prestación de los servicios mínimos esenciales".
"Dada la enorme complejidad de las gestiones que realiza la Seguridad Social en sus diferentes ámbitos de actuación (afiliación, recaudación, pagos, prestaciones, subsidios, etc.), las entidades del sistema de Seguridad Social han determinado que el porcentaje mínimo de trabajadores que deben disponer de modalidad de teletrabajo para poder garantizar la prestación de los servicios es del 30%", reza la memoria justificativa del contrato, que explica que "estos trabajadores deben tener acceso a multitud de aplicaciones, diferentes en función del perfil del usuario", ya que "solo el acceso al correo electrónico es completamente insuficiente para la mayor parte de ellos".
Para dar respuesta a la demanda, la Seguridad Social se ha visto obligada a realizar distintas contrataciones, entre ellas la de Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. (la única oferta recibida) para ampliar la capacidad total de trabajo en remoto en esos 5.000 escritorios virtuales. Se optó por esa opción porque "solo requiere del usuario una mínima configuración en su equipo privado", frente a las dificultades que implica el suministro de equipos portátiles a 650 oficinas, más en un contexto de "gran escasez en el mercado de las tecnologías de la información, pues múltiples entidades, tanto del sector público como privado, se vieron compelidas a la adquisición de los elementos necesarios para posibilitar el teletrabajo".
Siguiendo un criterio de "contención del gasto público" y para dar respuesta a una situación urgente, el Gobierno recurre a Telefónica porque "disponía del hardware necesario para la instalación del mismo en el plazo de 15 días" y "esta disponibilidad inmediata no la tenía en aquel momento ninguna otra compañía del sector". Además, concluye que la teleoperadora "está capacitada para proveer esta solución en cloud (en la nube), por meses, frente a la gran mayoría de las otras empresas integradoras de la solución que proporcionan el servicio por un mínimo de un año, lo que podría suponer un coste adicional innecesario".
En paralelo, también se amplía la infraestructura informática del personal encargado de la toma de requisitos de las Entidades Gestoras de Seguridad Social y el diseño de las aplicaciones derivadas de los mismos, porque "en las actuales circunstancias de pandemia, con la adopción de medidas que implican prestaciones nuevas y cambio en las actualmente existentes, es imprescindible dotar de teletrabajo" a estas personas, así como a los que se encargan de la operación de las infraestructuras de seguridad, comunicaciones y sistemas que soportan todas las aplicaciones de negocio de la Seguridad Social. "En total, un mínimo imprescindible de 350 personas", indica la memoria.
También se contrató a la empresa Fujitsu, con fecha 23 de abril y por importe de 262.924 euros, para ampliar los denominados "balanceadores de las comunicaciones". El objetivo de esa adjudicación era proteger los sistemas internos y las bases de datos corporativas, así como las de afiliación o de prestaciones sociales, y también las conexiones de los ciudadanos a la página web de Seguridad Social, a la Sede Electrónica y a los sistemas de remisión de documentos, etc., ante el elevado incremento del acceso por internet a través de escritorios virtuales, accesos VPN, aplicaciones en dispositivos móviles o correo electrónico.
Refuerzo del Sepe
El refuerzo a la Seguridad Social llega después de que el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) apuntalara también sus servicios ante la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), despidos y nuevas prestaciones habilitadas por el Consejo de Ministros como las ayudas para empleadas del hogar o trabajadores temporales, pendientes de formalización. Por un lado, la Dirección General del Sepe adquirió 80 portátiles para permitir teletrabajar al personal, por cerca de 44.000 euros, y por otro lado contrató a una empresa de 'call center' por 310.000 euros para reforzar el Centro de Atención a Usuarios (CAU).
Hay que aclarar que el Sepe atiende esas llamadas con personal propio, "que resulta insuficiente en la situación actual, ya que se espera que su número prácticamente se duplique durante los próximos 2 meses", tal y como se argumenta en la memoria justificativa del contrato, fechada a 17 de abril, que añade que "se esperan tres millones de personas adicionales con derecho al cobro de la prestación por desempleo, más otro millón que finalmente no puedan acceder a la prestación por desempleo pero que realizarán algún tipo de consulta".
Es más, en la misma memoria la Dirección General del Sepe asume que la situación irá a peor, no solo por el número de consultas a atender, sino también por la falta de personal. "En atención a las medidas aprobadas, que obligan a incrementar las medidas de seguridad y con ello a disminuir el personal que presta atención a los usuarios y al mayor número de contagios en la plantilla, se considera que la situación será peor en las semanas siguientes", advierte el organismo.
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