El plan de ahorro energético en la Administración General del Estado (AGE) no avanza. Pese a las buenas intenciones de los ministerios de Hacienda y Función Pública y el de Transición Ecológica, el conjunto de medidas con las que el Gobierno pretendía ahorrar energía siguen sin aplicarse. Ni teletrabajo para los empleados públicos, ni aparcamientos para bicicletas ni la comisión interministerial para valorar cómo avanzan las medidas. Fuentes sindicales confirman que el plan no se está aplicando en las oficinas públicas y desde el Ministerio para la Transición Ecológica ignoran las preguntas de este periódico sobre el grupo de trabajo que se iba a crear junto a Función Pública.
Este conjunto de iniciativas en la AGE formaba parte del plan nacional de respuesta a la guerra de Ucrania, aunque se incluyó en una orden posterior porque no se consideraba una normativa. No obstante, no se aprobó hasta el pasado 25 de mayo por el Consejo de Ministros. El calendario estipulado era que estas medidas se mantuvieran hasta septiembre, pero ni la llegada del verano ni que haya pasado casi un mes ha conseguido que la Administración ponga en marcha las propuestas de ahorro que recogía el plan. Cabe recordar que apenas se negoció con los sindicatos, simplemente se les trasladaron las distintas medidas de ahorro.
Una de las fuentes señala que algunos edificios sí han empezado a implantar el control de temperaturas. Tal como publicó este periódico, a través del plan de ahorro, Transición Ecológica limita a a 19 grados el uso de la calefacción y de 27 grados para los aparatos de refrigeración. El objetivo es conseguir "ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país". Según los cálculos del departamento que dirige Teresa Ribera, si se ponen en marcha todos los puntos del plan, se podrían producir ahorros de hasta el 35% del consumo energético y reducir costes de al menos 8 millones de euros.
Algunas de las medidas iban a llevar más tiempo que otras, puesto que requieren de una evaluación previa. Una de ellas es la creación del inventario de cubiertas de la administración general del Estado para el despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo en edificios de la AGE y sedes oficiales. Otra es la evaluación de qué puestos de trabajo pueden realizarse en remoto. El plan proponía una adaptación del acuerdo de teletrabajo que Función Pública firmó hace más de un año con los representantes sindicales.
Hasta la publicación del acuerdo en forma de Real Decreto, algo previsto para octubre, en el plan de ahorro, Función Pública da la posibilidad de trabajar a distancia hasta tres días a la semana "para reducir el impacto energético y que posibilite la reducción de desplazamientos, con el consiguiente ahorro energético". Con el refuerzo del trabajo a distancia, Transición Ecológica cifra el ahorro en 1,33 ktep/año, lo que supone algo más de un millón de euros, si el 50% de los empleados de la Administración general del Estado se acoge a un sistema de teletrabajo del 50%.
Tampoco se han puesto en marcha las campañas de concienciación sobre el ahorro energético ni los cursos de formación sobre esta materia que Transición Ecológica proponía para los empleados públicos. Para estas acciones, el Ejecutivo destinará 15.000 euros para las acciones informativas y 7.500 euros para cursos online sobre consumo energético. Con ambas medidas, el ahorro previsto podría alcanzar los 1,6 millones de euros. Fuentes sindicales explican que en las reuniones con Función Pública se están determinando las condiciones de las ofertas de empleo para la estabilización de interinos y se han dejado al margen las cuestiones sobre el plan energético.
El Gobierno ha priorizado las medidas que afectan a los ciudadanos y al tejido empresarial en el plan de respuesta a la guerra, y se da la circunstancia de que la prórroga de este plan llegará antes de que se ponga en marcha el conjunto de iniciativas que pretendían reducir la factura energética pública. El Consejo de Ministros aprobó este sábado un nuevo paquete de medidas para aliviar la situación económica inflacionista. Entre las novedades, un abono de transporte con descuento, un cheque de 200 euros para vulnerables y la rebaja al 5% del impuesto sobre el valor añadido de la electricidad (IVA), anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
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