El Gobierno de España se ha tomado en serio la advertencia lanzada por el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, de que no se prorrogarán los fondos Next Generation más allá de 2026 y busca vías para agilizar la ejecución de los desembolsos europeos. Este es el contexto que justifica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya decidido retirar los fondos asignados a las comunidades autónomas en concepto de ayudas a la rehabilitación de viviendas a aquellos territorios que no hayan resuelto un 50% del objetivo del Programa de Rehabilitación para el 31 de diciembre de 2024. Estos fondos pasarían a destinarse a las regiones que fueran más avanzadas en la ejecución y la concesión de ayudas, según ha explicado la ministra Isabel Rodríguez.
La previsión del Ejecutivo es que para esta fecha todas las comunidades autónomas hayan alcanzado el 75% de resoluciones de las 410.000 actuaciones previstas hasta junio de 2026, por lo que ningún territorio vería mermado el presupuesto destinado a ayudas de rehabilitación. No obstante, para conseguirlo, algunos de los gobiernos autonómicos tendrán que hacer un esfuerzo notable, ya que a fecha de este martes quedaban 329 millones de euros por repartir de la partida de 2022, a pesar de que se había establecido el 31 de marzo como fecha límite para resolver el 25% de las ayudas y poder solicitar su desembolso. Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda ha decidido extender el plazo a final de año, pero a cambio, ha duplicado el porcentaje objetivo hasta fijarlo en el 50%.
En concreto, son seis los territorios que están a la cola en rehabilitación de vivienda: Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla, por lo que Rodríguez se centró en hacer un balance positivo del Programa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Este paquete está dotado con 3.420 millones de euros, de los que 2.211 ya han sido puestos a disposición de las comunidades autónomas, mientras que otros 450 millones de euros están destinados a incentivos fiscales que complementan a la ayuda económica, esto es, una deducción en la declaración del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El Gobierno ha autorizado esta semana el acuerdo para repartir los 430 millones de euros correspondientes al ejercicio 2024, que será llevado a la conferencia sectorial de los responsables de vivienda el próximo jueves. Al igual que en años anteriores, el Ministerio ha distribuido los fondos por comunidades autónomas en función del número de hogares que tenga cada territorio a partir de la referencia de la Encuesta Continua de Hogares (2020) que elaboró el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así Andalucía se haría con el 17,37% del presupuesto (74.691 euros), Cataluña con el 16,1% (69.500 euros) y Madrid con el 14,01% (60.230 euros), siendo estas las autonomías que más fondos concentran.
España tiene una importante tarea en esta materia, dado que Bruselas dio luz verde la semana pasada a la directiva sobre eficiencia energética de los edificios que marca 2030 como la meta para actualizar buena parte del parque residencial. La normativa europea quería limitar a las viviendas con una categoría energética superior a la D -dentro del abanico que va de la A a la G- la opción de venta o alquiler, lo que dejaría al 83% de las residencias fuera de juego, según advirtió la patronal del sector Andimac en febrero, ya que la mayoría de ellas cuentan con una etiqueta F o G. Algo que viene dado por el envejecimiento del parque, según explicó su secretario general, Sebastián Molinero, en rueda de prensa. No obstante, este punto no fue incluido finalmente.
Actualmente, el Ejecutivo está a la espera de que la Comisión Europea termine de evaluar los hitos vinculados al cuarto pago de los fondos europeos, tras conseguir dos meses adicionales. El desembolso de 10.000 millones de euros se ha retrasado considerablemente debido a la convocatoria de elecciones generales, que retrasó la aprobación de algunas de las reformas comprometidas y ahora, se verá demorado de nuevo porque la reforma del subsidio por desempleo decayó en el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Trabajo mantiene abierta una negociación con la CEOE y los sindicatos para cerrar un texto, si bien una vez incluida la mejora para el tiempo parcial, los frenos vendrían dados por la falta de apoyos parlamentarios suficientes.
