El Gobierno Central y las comunidades autónomas han apurado hasta el último momento sus negociaciones para que los territorios puedan construir al menos 24.739 viviendas destinadas al alquiler social a cargo de los fondos europeos Next Generation hasta 2026. Al menos, porque el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana extendió unos días más, hasta el 31 de marzo, el plazo para que autonomías y entidades locales firmasen los últimos acuerdos con los que poder beneficiarse del plan. Fuentes del departamento explican que esos datos deben incorporarse aún a la cifra total.
En origen se estimó que la dotación del programa permitiría levantar 20.000 inmuebles destinados a alquileres sociales con una renta asequible, un cálculo que se ha visto ampliamente superado tras la firma de más de 200 convenios con autonomías y ayuntamientos y los compromisos adquiridos por estos. No es el único aspecto en el que el Gobierno ha apurado los plazos, dado que Vivienda tiene pendiente aún transferir a las comunidades una parte de los fondos que les habían sido asignados.
En lo que va de año, el Estado ha ido desbloqueando nuevas partidas. La última, el pasado 19 de marzo, que añadió la construcción de otras 3.233 viviendas bajo ese mismo régimen de tenencia a las ya comprometidas. Estas últimas no aparecen, por tanto reflejadas en las últimas cifras que aporta 'ELISA', la herramienta puesta en marcha por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y por la Oficina Económica del Gobierno.
Dicha herramienta refleja hasta finales de febrero compromisos con las autonomías por valor de 874,9 millones de euros, el 87,49% de la dotación del plan. Los 1.000 millones se distribuyeron en proporción al número de hogares de cada región que recoge la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020. Teniendo en cuenta los datos que recoge la herramienta fiscalizadora y comparándolos con las cifras que se pactaron para cada una de las comunidades en conferencia sectorial Baleares, Canarias, Castilla y León, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla habían comprometido el 100% del montante al que pueden optar.
Prácticamente el total de los fondos acordados se habrían comprometido también con País Vasco (99,8%), Andalucía (98,3%), Cataluña (95,3%) y Galicia (95,2%). El porcentaje es algo inferior en el caso de Murcia (90,8%), Asturias (88,5%) y Comunidad de Madrid (81,6%), así como para Aragón (79,3%), Extremadura (75,8%) y Comunidad Valenciana, con el 73% de los fondos que corresponden a la región.
Por el contrario, llevaría más retraso La Rioja, única autonomía que no ha comprometido ni siquiera la mitad de la cuantía a la que opta (7 millones de euros). Mientras, Cantabria (con 7,5 de los 13 millones que le corresponden), Castilla-La Mancha (24,7 de 42,1 millones) y Ceuta (1 de 1,5 millones) han logrado el acceso a más de la mitad de los desembolsos previstos.
Las transferencias, también a distinto ritmo
Nada se especifica, sin embargo, sobre la marcha de las transferencias que, según reflejan los datos de las propias las autonomías o los últimos que ha hecho públicos Vivienda, todavía no se han completado. A Cantabria han llegado 7,52 millones (58% de la cuantía a la que tiene derecho), a Andalucía, que opta a 173,3 millones de euros para la construcción de un total de 3.626 (es la segunda por volumen de inmuebles sólo por detrás de Cataluña) han llegado el 60,8% de los fondos.
Galicia habría percibido un 69,3% de la cuantía que le corresponde (38,7 millones), mientras que a Murcia han ido a parar 24,92 millones (90,6%) y a Aragón un total de 21,14 millones (el 91%). Mientras, el gobierno de Asturias cuenta ya con 21,59 millones en la caja para el despliegue del programa (94,7%).
El paquete total de al menos 24.739 inmuebles para alquiler asequible se encuentra en distintas fases de ejecución (hay viviendas conveniadas, en construcción o ya entregadas) y todas están incluidas bajo el paraguas de las 184.000 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a poner en el mercado para alquiler social durante la pasada campaña electoral.
Bajo este epígrafe se incluyen también los 50.000 pisos en propiedad de la Sareb o 'banco malo' que se destinarán a este fin (de ellos 35.000 ya están identificados y otros 15.000 se construirán en suelo que cederá a comunidades y ayuntamientos), la línea ICO de 4.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para financiar otras 43.000 viviendas sociales -y que serán tanto de nueva construcción como rehabilitadas-, así como las otras 20.000 nuevas viviendas públicas que el Gobierno prevé levantar en terrenos del Ministerio de Defensa, a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo.
Falta de oferta y una demanda muy tensionada
El mercado del alquiler español adolece de un problema de oferta, que es aún más grave en lo relativo a vivienda social. España es actualmente el quinto país con menor parque de vivienda pública de toda la Unión Europea. Apenas representa un 2% del total, frente a más del 30% de otros socios, como Países Bajos. A la escasez de vivienda en alquiler se suma una demanda en ascenso tras la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
Este incremento no sólo ha elevado las cuotas de las hipotecas a tipo variable, sino que también ha empujado al alza el interés de los préstamos a tipo fijo que han estado ofreciendo las entidades. A esto se suma que, según Funcas, el acceso a la vivienda empeoró desde la gran crisis por la presión especuladora.
Sólo un 38,9% de las compraventas se realiza con hipoteca, mientras que el 61% restante las llevan a cabo, sobre todo, inversores mayoristas y no residentes que determinan las transacciones totales y las subidas de precios. Lo anterior ha abocado al alquiler a todo un grupo de población por su nivel de renta, tensionando aún más un mercado que ya estaba saturado en las zonas urbanas.
