El Gobierno está ultimando un paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra desatada en Ucrania por la invasión de Rusia y, en particular, amortiguar los efectos sobre las empresas y los hogares de la escalada de la inflación, que seguramente en los próximos meses se verá intensificada por las consecuencias sobre los precios energéticos del conflicto bélico. Y en este marco, el Ministerio de Trabajo está sopesando la posibilidad de activar el denominado mecanismo RED (que incorpora la reforma laboral como herramienta de flexibilidad interna, en paralelo a los ERTE), en su modalidad cíclica, para que puedan acogerse las empresas de los sectores más afectados por el aumento de los precios de la energía.
Fuentes del departamento que pilota la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzan a La Información que la opción de activar este mecanismo de flexibilidad interna está sobre la mesa, si bien dependerá de cómo afecten las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania a la economía española y aún es pronto para saberlo. "Valoraremos todos los elementos derivados de la actual coyuntura", adelantan desde el Ministerio. Se trataría de poner en marcha la modalidad cíclica del mecanismo para las empresas afectadas por la crisis energética que podría provocar la guerra a nivel internacional y nacional. Una solución que, en todo caso, se analizará "en función del impacto" que acabe teniendo el conflicto, insisten. Esta medida podría beneficiar a empresas de los sectores más afectados por el alza de los precios energéticos y de los combustibles, pero ese es un escenario todavía incierto y, en cualquier caso, no se aplicaría a corto plazo y su despliegue dependería de criterios aún por definir.
El mecanismo RED es una nueva herramienta de flexibilidad interna que incorpora la recién aprobada reforma laboral y que tiene dos modalidades: sectorial y cíclica. La primera está pensada para cuando en un determinado sector de actividad se aprecien "cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras"; y la segunda, para cuando se constate "una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización". Las fuentes consultadas consideran que una crisis energética prolongada en el tiempo a causa de las tensiones inflacionistas motivadas por el conflicto bélico sería considerada como una causa suficiente para activar la modalidad cíclica del RED.
Hay que recordar que, tal y como establece la reforma laboral, la activación del mecanismo RED la decide Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Seguridad Social, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Y en el momento en el que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a un RED determinado, las empresas pueden solicitarlo. Eso, en el caso de la modalidad cíclica, ya que en la sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales pueden proponer a los ministerios implicados la necesidad de poner en marcha un RED. Pero, en el tipo cíclico, la decisión es exclusiva del Gobierno, en función de la coyuntura macroeconómica.
Una vez activado el mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo, cumpliendo una serie de requisitos y beneficiándose de exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, en línea con el modelo que se ha venido aplicando con los ERTE pandémicos. La modalidad cíclica tiene una duración máxima de un año, mientras que la sectorial puede durar hasta dos años (un año más dos prórrogas de seis meses cada una). Además, los descuentos en las cuotas son superiores inicialmente en la modalidad cíclica, donde parten del 60%, mientras en la sectorial se sitúan en el 40% y están sujetos a acciones formativas de los trabajadores. En cualquier caso, el Gobierno se reserva la potestad de modificar los porcentajes en función de la situación económica.
En estos momentos, se mantiene vigente el esquema de ERTE pandémicos hasta finales de marzo, porque el Gobierno se vio obligado a aprobar una última prórroga de un mes para dar margen de adaptación a las empresas para transitar a los nuevos ERTE, no solo al mecanismo RED, sino a los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (los conocidos como ETOP) y a los de fuerza mayor. Y en paralelo, está diseñando el fondo de financiación que debe costear el RED y que, según establece la reforma laboral, cubrirá tanto prestaciones como exoneraciones de cotizaciones sociales con los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo, con las aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado y con fondos europeos.
En principio, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en las próximas semanas, para su entrada en vigor desde el 1 de abril, un mecanismo RED sectorial para las agencias de viajes, que todavía acumulan un elevado volumen de trabajadores en ERTE. Pero no se descarta la activación de otros RED para sectores que siguen muy afectados por las consecuencias económicas de la pandemia, especialmente los relacionados con el turismo. Y al mismo tiempo, Trabajo, Asuntos Económicos y Seguridad Social estudiarán la necesidad de poner en marcha un RED de tipo cíclico para las empresas más afectadas por la escalada de los precios energéticos, aunque la idea todavía está verde, porque hay que esperar a conocer el impacto real en la inflación española de la guerra en suelo europeo y acotar los criterios para determinar qué compañías y en función de qué nivel de afectación podrían acogerse. "Es pronto para determinar si la coyuntura requerirá de la adopción de instrumentos adicionales de estabilización", que es lo que determina la ley, insisten desde el área económica del Gobierno.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguró este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que España es "el país menos expuesto" a las consecuencias económicas de esta guerra, pero se refirió en concreto al sector energético y apuntó a una subida de los precios como consecuencia del conflicto. "Todos los análisis apuntan a que España es el país menos expuesto al impacto económico de esta crisis, tanto en exposición comercial como en el mercado energético. El impacto más significativo y directo son los precios de la energía y prevemos un aumento de los precios", avanzó. Asimismo, certificó que el Gobierno ya está estudiando medidas para paliar el impacto de la escalada inflacionista, tal y como avanzó Pedro Sánchez, que tiene previsto presentar este mismo miércoles en el Congreso de los Diputados un paquete de propuestas para buscar el apoyo de la oposición ante una situación crítica.
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