Cuatro meses después de que la Dirección del ICO y los sindicatos del banco público acordaran el pasado 9 de julio la implantación de un permiso retribuido para facilitar la reincorporación progresiva a su puesto de trabajo a los empleados que regresaran tras tratarse de un cáncer, la medida continúa sin aplicarse a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé su visto bueno una vez chequeado el coste económico que puede acarrear su implantación. Porque Hacienda ha resuelto no autorizar el acuerdo alcanzado por las partes -que ya se aplica desde el año 2015 para todos los funcionarios de la Administración General del Estado- hasta conocer con exactitud cuánto le va a costar la medida, en una decisión muy controvertida y que ha desencadenado una fuerte contestación interna en el ámbito del Instituto de Crédito Oficial.
Desde el Ministerio se alega que esa evaluación económica previa es preceptiva y bien conocida por todos los organismos que firman acuerdos laborales con sus plantillas, pero ello no ha evitado una corriente de rechazo a la intervención de Hacienda dentro del organismo público.
Fuentes del Comité de Empresa del ICO consultadas por La Información en relación a este asunto recalcan la frialdad administrativa de la argumentación de Hacienda en su respuesta a la comunicación del acuerdo, en la que se les recuerda a las partes firmantes que "cualquier medida que se negocie y pueda conllevar un coste económico, debe acompañarse de la correspondiente memoria económica, así como de las medidas de ahorro adoptadas para su financiación" y se remite a la presentación de dicha memoria antes de dar su visto bueno al acuerdo.
El asunto no deja de ser una versión extrema del 'modus operandi' adoptado por el Ministerio de Hacienda en todas las negociaciones laborales planteadas en el ámbito de las empresas públicas o los entes públicos empresariales dependientes del Estado. Hacienda ha marcado una línea roja en todas esas negociaciones y es que los acuerdos no le cuesten dinero al Presupuesto. A partir de ese principio se han tumbado acuerdos de mejora salarial en Renfe o Adif, se mantiene congelada la aplicación de determinados acuerdos laborales en Correos o se ha eliminado de cualquier negociación la jornada de 35 horas, y bajo ese principio se ha bloqueado también el acuerdo en el ICO para habilitar un sistema de reincorporación gradual para los trabajadores que hayan padecido un cáncer.
Las cautelas de Hacienda pueden parecer excesivas, pero tienen su razón de ser. Los números rojos en los organismos públicos depedientes del Estado le cuestan anualmente unos 2.000 millones de euros a los Presupuestos y están en el origen de estas restricciones en la capacidad de maniobra del sector público empresarial.
En concreto, la modificación acordada establece la implantación de un permiso retribuido al estilo del que ya existe para los funcionarios de la Administración General del Estado -a la mayoría de la plantilla del ICO no le alcanza esta medida al ser personal laboral-, de modo que los trabajadores y trabajadoras que se reincorporen tras una baja prolongada para tratarse de una enfermedad grave puedan hacerlo de forma gradual, ampliando progresivamente su jornada laboral, sin perder por ello parte de su salario. Las partes firmantes del acuerdo entienden que de este modo se garantiza una reinserción laboral menos exigente para el trabajador convaleciente y se minimizan los riesgos de bajas posteriores.
El sistema establecido para la Administración del Estado en la Instrucción de Horarios y Jornada para 2016, y que continúa vigente, prevé que esa 'adaptación de jornada' se prolongue durante un mes tras el alta médica del empleado y alcance hasta a un 25% de la duración de la jornada diaria, que se considerará a todos los efectos -principalmente los salariales- como tiempo de trabajo efectivo. La norma establecía que este esquema se reconocería cuando contribuyera a la plena recuperación funcional del trabajador y para evitar situaciones de especial penosidad.
"Es como establecer un 'cheque al dolor'", denuncia Miguel Ángel Rozas, el portavoz en el banco público de CSIF, el sindicato que ha ido más lejos en la denuncia de esta situación, circulando una nota interna para sus afiliados en la que pone de manifiesto el bloqueo de Hacienda a la modificación del artículo 15 del Convenio Colectivo del ICO. "CSIF lamenta que Hacienda, lejos de facilitar este trance, ponga precio a la enfermedad de los empleados sometidos a este tipo de tratamientos médicos. El objetivo, que se persigue con esta medida, es que los trabajadores no tengan que recurrir obligatoriamente a prolongar su baja hasta que su estado físico les permita realizar la jornada laboral completa, sino que puedan reincorporarse progresivamente como sucede en el resto de la Administración", señala el sindicato en el comunicado.
Hacienda avanza que se resolverá "favorablemente"
Desde el Ministerio de Hacienda se admite la situación, pero se rechaza que exista problemática alguna al respecto. Argumentan que todas las empresas públicas y entes públicos empresariales conocen de sobra la exigencia de memoria económica justificativa sobre las medidas que pacten con los representantes de los trabajadores y que lo único que se ha hecho desde la Dirección General de Costes de Personal es aplicar el procedimento establecido.
Señalan también que el Ministerio comunicó la necesidad de esa acreditación económica a los firmantes nada más conocer el contenido del acuerdo y que si han transcurrido cuatro meses desde entonces es porque se estaba a la espera de que el ICO presentara la memoria económica de la medida, algo, dicen, que ha sucedido hace apenas unos días. "Hemos recibido la memoria elaborada desde el ICO y aunque aún no se ha comunicado formalmente la evaluación definitiva por parte de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Administraciones Públicas -organismo que debe informar de esos acuerdos- todo apunta a que ésta será favorable", avanzan fuentes conocedoras de estos trabajos.
Desde el sindicato CSIF se rechazan de plano los argumentos de Hacienda. "Hay un acuerdo fruto de la negociación colectiva dentro del ICO y Hacienda no debería ni intervenir ahí salvo causa de fuerza mayor. ¿Para qué sirve la negociación colectiva si no?", protestan desde el sindicato. "Además, en estos cuatro meses de espera hay compañeros y compañeras que no han podido beneficiarse de ese marco y ése es un perjuicio que se debe exclusivamente a Hacienda".
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