Más de 73.000 empleados del sector público empresarial dependiente del Estado aguardan a escasos días de que arranque el mes de noviembre que sus empresas les aplique como corresponde la subida salarial del 1,75% para 2018 que el Gobierno acordó con los sindicatos en marzo.
Los sindicatos empiezan a sospechar que el Gobierno no tiene gran interés en aplicar la subida este año y han aprovechado la reunión de la Mesa General de Función Pública celebrada este martes para hacer patente su preocupación sobre el particular y exigir la aplicación, también en el grupo de empresas aglutinadas bajo el paraguas de la SEPI, del pacto salarial, tal y como se previó desde el primer momento.
El más explícito a este respecto ha sido el sindicato con mayor peso en la Función Pública, Comisiones Obreras, que en un comunicado emitido este martes ha instado al Gobierno a que "dé un toque de atención al Ministerio de Hacienda por no respetar la negociación colectiva y por el incorrecto o nulo desarrollo del mismo en el sector público empresarial".
Según fuentes del sindicato, el Ministerio de Hacienda está bloqueando de forma consciente la aplicación de la subida salarial en las empresas de la SEPI y está privando así a 73.000 empleados públicos de los derechos que les corresponden como trabajadores públicos, ya que el pacto de marzo tiene carácter general y también alcanza a las empresas públicas.
Desde el Ministerio de Hacienda admiten que la subida salarial no se ha aplicado aún en buena parte de las empresas del 'universo Sepi', salvo Hunosa, pero subrayan que si esto es así es porque debe acordarse en el marco de la negociación colectiva de cada una de las empresas y que sólo cuando éstas le eleven el acuerdo, Hacienda podrá dar trámite a la misma.
Dificultades para aplicar la subida salarial
La aplicación de la subida salarial acordada por el Gobierno del Partido Popular está siendo un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se ha enredado con el asunto casi desde el minuto uno, cuando trasladó en un primer momento a los sindicatos que no la podría sustanciar hasta la nómina del mes de septiembre y ante la reacción airada de éstos rectificó para decir que haría lo posible por adelantarla al mes de agosto.
La realidad se impuso sobre el voluntarismo del Gobierno y finalmente no solo no se pagó la subida salarial en agosto, sino que en muchos casos los ministerios han esperado a la nómina de octubre e incluso la de noviembre para ponerse al día con sus trabajadores.
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