El Gobierno tiene el objetivo de rebajar los precios de la energía y con ello la inflación. La principal medida para conseguirlo, además de las rebajas de los carburantes y la prórroga para las medidas fiscales de la electricidad es la propuesta junto con Portugal para establecer un tope de 30 euros por megavatio hora para los ciclos combinados hasta diciembre. Esta es la medida más ambiciosa que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo, tras haber rechazado el Consejo Europeo el desacople de los precios del gas de los de la electricidad, como inicialmente proponía el presidente, Pedro Sánchez.
No obstante, esta medida tendrá consecuencias para las arcas públicas y así lo asumen desde el Ministerio de Hacienda. La recaudación tributaria ha empezado el año con la misma tendencia que terminó 2021, con ingresos muy positivos, pero la ministra, María Jesús Montero, llama a la "prudencia". Aunque defiende que la recaudación que más creció el pasado año fue de los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto sobre Sociedades (IS), ambos vinculados a la recuperación del empleo y de la actividad de las empresas; Montero alerta de que "los cambios estructurales en el mercado eléctrico pueden dar una estabilización de los precios que corrija esa tendencia".
El año 2021 terminó con una recaudación del IVA un 14,5% superior a la de un año antes, hasta los 72.498 millones de euros. Hacienda justifica el incremento por la reactivación del consumo tras el primer año de la pandemia, pero los crecimientos se han mantenido en enero y febrero. Solo en el segundo mes del año, la recaudación de la Agencia Tributaria fue un 15% superior a la de hace un año hasta los 23.361 millones de euros y según el informe mensual de recaudación "prácticamente la mitad del crecimiento del periodo enero-febrero lo aportó el IVA".
Es decir, aunque la recuperación de la actividad empresarial y del empleo, tras las restricciones y el confinamiento, hayan tenido un papel fundamental, el Gobierno es consciente de que la inflación está contribuyendo a que los ingresos por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) sean mayores y que una vez se corrijan los precios, también se moderará la recaudación pública. Al menos dos puntos del crecimiento de la recaudación vendrían derivados de la tasa interanual del índice de precios al consumo (IPC), según los cálculos de Hacienda. Pero el objetivo, después de los ingresos tributarios récord logrados el pasado año, es "que se produzca una estabilización de los precios".
Para ello, el Gobierno aprobó este martes un plan de respuesta a la guerra con varias medidas para rebajar los precios de la energía. En primer lugar, el descuento de 20 céntimos por litro para los combustibles. También la prórroga de las rebajas fiscales de la electricidad, la minoración de los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas y, por último, la medida a la que Bruselas tendrá que dar el visto bueno: el tope al gas. Desde Hacienda ponen en valor que la situación con la que las finanzas públicas terminaron el pasado año permite ahora al Ejecutivo poner en marcha este plan. Sobre el coste fiscal, Montero calcula que la prórroga de las medidas de la electricidad sumarán un coste de 7.000 millones desde el 30 de junio. Si estas se prorrogan costarían 12.000 millones, pero desde Hacienda creen que es pronto para contemplar una prórroga y confían en que los precios se moderen para entonces.
Déficit del 6,7% del PIB
Montero dio cuenta este jueves de la ejecución presupuestaria de 2021 y del dato de déficit de las administraciones públicas. Tras el incremento de la recaudación y la recuperación del empleo, el déficit disminuyó en 3,3 puntos con respecto al pasado año, hasta el 6,7% del PIB. Se trata de una cifra inferior a la que el Gobierno había previsto y también a la que habían calculado otro organismos internacionales. En términos de volumen, el déficit alcanzó los 81.521 millones de euros, un 28% menos que hace un año. La ministra destacó el "equilibrio presupuestario" que lograron las comunidades autónomas, apoyadas con las transferencias a cuenta. También las entidades locales tuvieron un buen ejercicio, en el que lograron un superávit del 0,3%. Por su parte, el déficit de la Seguridad Social se quedó en el 1% del PIB y fue la administración central la que asumió la mayor parte del déficit, del 6%.
En cuanto a la deuda pública, publicada por el Banco de España, esta se situó en el 118,4% del PIB en 2021. Este dato también fue mejor de lo esperado por el Gobierno. Ante estas cifras de cierre del pasado ejercicio, Montero sacó pecho y defendió que "frente al discurso catastrofista, los hechos son bastante elocuentes: saneamiento de nuestras cuentas, sin necesidad de aplicar recortes sociales".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios