El ministerio de Hacienda y los responsables de la plataforma Sumar mantienen las espadas en alto sobre la reforma de los impuestos a la banca y las eléctricas, cuando falta horas para que el último Consejo de Ministros marque la pauta de una posible revisión técnica de sus postulados, tal y como admitía la vicepresidenta economía saliente, Nadia Calviño. La condición 'sine qua non' que desde la formación de Yolanda Díaz se ha puesto a este proceso negociador de urgencia es la necesidad de que ambos tributos se mantengan más allá de 2024, si cambios que mermen su capacidad recaudadora, algo que entienden que se enmarca en su pacto de gobierno con el PSOE.
Esta materia formó parte de los compromisos sellados por PSOE y Sumar en el acuerdo de gobierno por el que la coalición de izquierdas garantizó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sometimiento del Estado de bienestar” refleja el documento publicado a finales de octubre. Fuentes próximas a la líder del espacio, Yolanda Díaz, subrayan la claridad de esta redacción y extraen que este debate debería abordarse en la última parte del año 2024, ya que sería en 2025 cuando perdería su vigencia.
Frente a ello, los acercamientos del Ejecutivo en los últimos dos meses con los grandes empresarios del sector financiero y energético del IBEX 35 han abierto la puerta a que se haga una revisión de algunos de los conceptos técnicos sobre los que pivota esa recaudación, de forma que se pueda minimizar su impacto en las cuentas de resultados, a la vista de que las razones de crisis y emergencia que había para instaurarlos ya no son las mismas. La propia Nadia Calviño defendió esta posición en una entrevista en televisión hace algo más de una semana, topándose con el rechazo de sus socios de Gobierno.
Fuentes cercanas a la negociación aseguraban hace apenas una semana que, en el caso de las energéticas, la intención pasaba más por establecer nuevos incentivos a la inversión en renovables, que en retocar la fórmula que grava a las empresas en virtud de sus ingresos. No obstante, desde el sector no se descarta una redefinición de conceptos como el de ventas o el valor de la producción, dado que en muchos procesos se incluyen datos que conllevan de por sí el pago previo de impuestos. Esa aclaración de las fórmulas es lo que más complica la negociación, al menos por el poco tiempo que hay para hacerlo ahora, de forma que desde el sector empresarial tienen pocas esperanzas en lograr grandes cambios antes de fin de año.
No es el primer choque entre PSOE y Sumar
No se trata del primer ‘encontronazo’ de las dos almas del Gobierno por esta cuestión. Las conversaciones sobre el paquete de medidas se tensaron con el apunte de la responsable de Economía en el que se abría a revisarlo, especialmente porque se dio en plena negociación de la reforma del subsidio por desempleo. Para la líder de Sumar se trata de una línea roja sobre la que no quieren ceder y de hecho, fue uno de los puntos de los que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo 'sacó pecho' a la hora de presentar el acuerdo junto a Pedro Sánchez. "Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitir perder estos ingresos" defendió entonces Yolanda Díaz.
Por ello, no sorprende que a última hora de la mañana esta cuestión fuera objeto de debate en el seno del Gobierno, como apuntaban fuentes de Sumar. "A pesar de que el grueso de las medidas vigentes serán previsiblemente prorrogadas, como la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al Bono Social Eléctrico o la suspensión de los desahucios, otras siguen suscitando debate en el seno del Gobierno de coalición, como las medidas relacionadas con la gratuidad del transporte público o el impuesto a la banca y a las energéticas" explicaba el socio minoritario.
