PSOE y UP ponen en la diana a las grandes fortunas con un 'impuestazo' a los ricos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias caminan hacia la creación de un 'impuestazo' a los ricos. Así lo han dejado plasmado en su programa de Gobierno de coalición sellado ayer entre ambos líderes en el Congreso: "Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo". Es una medida adicional a la confirmada en la misma hoja de ruta conjunta de subir el IRPF en dos puntos a las rentas superiores a los 130.000 euros y en cuatro puntos a quienes ganen más de 300.000 euros. 

Los negociadores del PSOE han logrado frenar las pretensiones de los de Podemos. Los morados se sentaron en la mesa exigiendo la creación de un impuesto para las grandes fortunas. Echaron sus cuentas y lo plasmaron en su programa electoral. El objetivo era "recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva". Defendían los de Iglesias "que se trata de un impuesto similar al que se está proponiendo para la UE y Estados Unidos" con resultados controvertidos. 

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Así, el impuesto diseñado por Podemos gravaría "con un 2 % los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5 % los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3 % los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5 % los patrimonios de más de 100 millones de euros". "Este impuesto -añadían- sustituirá al actual impuesto sobre el Patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas".

Pero el PSOE ha conseguido moderar esta medida y pactar con Podemos un acuerdo de mínimos que consiste en un "estudio" de esta fiscalidad especial que afectaría a patrimonios como los de Amancio Ortega, su hija Sandra o Ana Patricia Botín, entre otros.

En la última campaña electoral los dirigentes de Unidas Podemos se dedicaron a arremeter con dureza contra estos grandes patrimonios. Sus críticas se centraron especialmente en uno de ellos: el fundador de Inditex. El propio Pablo Iglesias llegó a realizar en 'El Hormiguero', en horario de máxima audiencia, la siguiente afirmación: "España no es una república bananera ni una dictadura que dependa de que un señorito venga dando cosas. Si Amancio Ortega quiere que tengamos una buena Sanidad, lo que tiene que hacer es pagar los impuestos que les corresponden":

Sánchez e Iglesias también han acordado endurecer el control sobre las sicavs, tal y como se avanzó en estas páginas. El punto 10.1 del acuerdo dice así: "Otorgaremos a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera. Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)".

Así, el Ministerio de Hacienda pasará a tener el control sobre estas instituciones de inversión colectiva (ICC) que ahora corresponde a la CNMV. Será, en realidad, una recuperación, ya que Hacienda ya tuvo hace más de una década el poder fiscalizador sobre estas sociedades, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió entregárselo al organismo regulador (Ley 23/2005).

¿Qué supondrá esta nueva competencia del Ministerio de Hacienda? Las fuentes consultadas lo resumen indicando que Hacienda podrá inspeccionar con un mayor rigor que las sicavs sean realmente un vehículo de inversión colectiva. En el artículo 9.4 de esta ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad se contempla que las sicavs deben contar con al menos 100 accionistas. Pero, en realidad, algunas grandes fortunas copan la amplia mayoría del accionariado de las mismas y suman al accionariado a pequeños inversores conocidos comúnmente como "mariachis". Es el caso, por ejemplo, de Morinvest, que tiene 111 inversores y en la que la empresaria Alicia Koplowitz acumula el 99,8% de las acciones, según datos de la CNMV. Se trata de una realidad que el Gobierno de coalición en ciernes quiere regular.

Con esta medida Iglesias ha logrado doblegar a Sánchez ya que en el programa electoral del PSOE no había ninguna mención al respecto. En el proyecto de ley de Presupuestos que fracasó en el Congreso sí que se recogía la recuperación de las competencias fiscalizadoras por parte de Hacienda.

Todas estas medidas, por cierto, suponen un guiño a ERC, el partido cuya abstención es imprescindible para conseguir la investidura. El partido independentistas es partidario de "eliminar los privilegios fiscales" de los que gozan estas sociedades de inversión y también de subir impuestos a las rentas más altas.