Desde la crisis financiera de 2008, España y otros países del sur de Europa cargan con el sambenito de gasto sobredimensionado en sus cuentas. Pero lejos de gastar más que sus pares, el desembolso de las administraciones públicas españolas es menor que la media de los países de la UE en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos publicados esta semana por Eurostat, la oficina de estadísticas comunitaria. Desde el inicio de la serie en 1995 las administraciones públicas han gastado menos que la media de la UE y, en relación a las mayores economías de la región, la norma también se ha cumplido y el gasto público español se coloca por debajo del de países como Alemania -inferior desde el año 2015 a excepción del año de la pandemia- o de Francia -desde el inicio de la serie-.
El informe constata que en 2022, el año en que se produjo la invasión rusa de Ucrania y se agravaron la crisis energética e inflacionaria (la tasa anual de IPC se situó de media en España en el 8,4%) el gasto total del conjunto de las administraciones públicas españolas alcanzó el 47,4% del PIB, situándose por debajo del 49,6% de media en la UE. Fue también inferior al de las otras tres principales economías: al 49,5% registrado en Alemania, al 58,3% de Francia o al 56,1% de Italia. El desembolso de los estados miembro a lo largo de ese ejercicio estuvo marcado por el despliegue de las medidas anticrisis, el conocido como 'escudo social' y por la aplicación de los planes de recuperación nacionales vinculados a la recepción de los fondos Next Generation, cuyos pagos empezaron a acelerarse.
De todos los sectores analizados por el organismo comunitario, el principal destino del gasto en el caso de España fue la protección social, con un 18,8% del PIB (es del 19,5 en la UE y del 20,1% en la Eurozona). Esta partida incluye desempleo, invalidez, pero también el pago de las pensiones, que viene siendo año a año la principal partida de los Presupuestos Generales del Estado.
En 2022 se destinaron a ese fin un total de 171.165 millones de euros y esa cantidad se elevó hasta los 190.687 millones el año pasado tras haberlas revalorizado un 8,5% el Gobierno para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Por detrás se sitúan el gasto en sanidad (6,9%), en servicios públicos generales (5,8%), en asuntos económicos (5,7%) y en educación (4,4%).
¿Puede permitirse España elevar su nivel de gasto?
La brecha con otras grandes economías europeas debería dar vía libre para acelerar el gasto, pero este no es el caso debido a la incapacidad de generar recursos tributarios, es decir, de atraer más ingresos y evitar que el déficit público y la deuda se disparen. Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), explica que hay justificaciones de este fenómeno que "cuestan ver", como que el gasto productivo destinado, por ejemplo, a infraestructura o educación, está "bastante" por debajo de la media en relación con otros países europeos.
Para el profesor de la Olavide, esta ineficiencia limita la capacidad de elevar los ingresos por la vía fiscal. "Ya estamos cerca de tocar techo, si no lo hemos hecho ya", aclara. "Acercar los gastos a la media europea con los límites de gasto y las reglas fiscales europeas me parece complicado". En de enero volvió a estar vigente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendido durante cuatro años para que los países pudieran hacer frente a los choques que se fueron produciendo desde la pandemia. Los compromisos con Bruselas obligan a España a apretarse el cinturón para reconducir un déficit que habría cerrado en el entorno del 4% el pasado ejercicio y una deuda que despidió en el 107,7% del PIB.
Por otro lado, una sincronización deficiente del desembolso provoca que en España se gaste cuando la economía crece. "Se gasta a favor de ciclo, cuando la teoría dice que se debe hacer lo contrario", detalla López, que resalta que la volatilidad política de las inversiones con dinero público español es mayor que la de otras naciones similares, con más estabilidad.
La eficiencia del gasto pesa más sobre el buen o mal desempeño económico que su volumen. Un documento elaborado en 2019 por Funcas sobre esta materia afirmaba que los altos niveles de gasto público alcanzado restan capacidad de crecimiento a la economía europea. Sin embargo, afirman que la relación entre ambas variables "no es lineal". Esto quiere decir que países con un gasto público comparativamente menor que la media inciden negativamente en las tasas de crecimiento, mientras que otros con un gasto público mucho más elevado no provocan impactos negativos sobre su dinámica de crecimiento a largo plazo.
Los autores del documento, Eduardo Bandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, María Dolores Gadea-Rivas, doctora en Economía y Empresa de la misma institución; concluyen que este fenómeno está influenciado en gran medida por la eficacia con que se gestiona y de su financiación. Sobre la eficacia del gasto y su necesaria contención en el caso de España se han pronunciado además recientemente organismos nacionales (Banco de España, AIReF) e internacionales (Comisión Europea o Fondo Monetario Internacional).
La corrección de los desequilibrios y el agotamiento del ciclo
A unos y otros les preocupa que buena parte de la corrección de los desequilibrios que se ha producido en España desde la salida de la pandemia se debe al fuerte tirón de la economía y no tanto a un ajuste estructural. Ese ciclo ha empezado a enfriarse y existe el temor de que el país sea incapaz de situar su déficit en el 3% este y el próximo ejercicio sin medidas adicionales por el lado fiscal. Uno de los próximos hitos que Bruselas exigirá a España para el pago de los siguientes desembolsos de los fondos UE -a la espera aún de recibir el cuarto- será la reforma tributaria.
En ausencia de un avance tan intenso del PIB y con una recaudación que podría mermar también por la menor inflación y la estabilización del mercado de trabajo, ese ajuste adicional en términos de endeudamiento ascendería a unos 37.427 millones entre 2025 y 2028. Esa es la cuantía que correspondería a la reducción de la ratio de deuda en 2,56 puntos a lo largo de ese periodo lo que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), será necesario para poder ceñirse a las reglas fiscales.
