Esta semana, el Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital, una medida de la que se beneficiarán más de un millón de hogares, que hayan sido golpeados duramente en la crisis del coronavirus, según fuentes de la Moncloa. Esta medida ha puesto contra las cuerdas al Gobierno. Por un lado, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero quiénes eran partidarias de esperar el proyecto de ingreso vital permanente, que está estudiando el ministerio de Seguridad Social. Por otro lado, Pablo Iglesias que optaba por implantar una renta básica con carácter urgente ante la situación de emergencia.
El vicepresidente segundo del Gobierno ganó otra batalla dentro del seno del Ejecutivo con la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV). Sin embargo, no hay que olvidar que esta medida está muy lejos de la defendida por el partido morado en sus inicios: la renta básica universal. Podemos llevó esta polémica propuesta en el programa de las elecciones europeas en las elecciones europeas de 2014, aunque poco después, en los comicios nacionales de 2015, el postulado de la formación cambió y la propuesta la orientaron a una mejora de las rentas mínimas de inserción.
¿Cuál es la diferencia entre ambas?
Tanto el ingreso mínimo vital como la renta básica universal son dos ingresos pagados por el Estado. Sin embargo, la RBU sería una prestación que tendrían todos los ciudadanos por el simple hecho de ser persona, con independencia de si trabaja o no o de si es rico o pobre. Es decir, es una ayuda universal e incondicional.
Por su parte, la medida aprobada se trata de una prestación para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos inferiores a 200 euros al mes para una sola persona. En el caso de la unidad familiar, será necesario acreditar estar por debajo de los 450 euros. Por tanto, en esta ocasión se requerirá la certificación de la situación de pobreza como consecuencia de la crisis sanitaria para poder acceder a ella.
Aún no se conoce con exactitud la cantidad que las familias vulnerables recibirán. Todo apunta a que la cuantía se fijará alrededor de los 450 €, aunque la formación morada aboga que llegue a los 500 euros. Esta prestación, a diferencia de la Renta Básica Universal, tiene carácter condicional (no contar con ingresos) y no es universal (no puede acceder todo el mundo).
España no es el único que va a aprobar una prestación estatal durante la crisis del coronavirus. Estados Unidos, por ejemplo, va a conceder una ayuda de 1.200 dólares, con carácter progresivo, es decir, la cantidad disminuirá a medida que aumente la renta. También Brasil ha anunciado pagos de 115 dólares mensuales durante un trimestre para casi 60 millones de trabajadores.
Respecto a la renta básica universal, existen numerosos experimentos para evaluar la medida, así como propuestas que finalmente no se han llevado a cabo. El caso más conocido es el de Finlandia, al ser el primer país europeo en experimentar con ella. Sin embargo, el estudio o implantación de la renta básica universal se extiende a otros continentes. Canadá, Brasil, Kenia... son muchos los países que han experimentado la puesta en marcha de esta prestación.
Incluso, hay ciudades que también aplican la medida. Una de ellas es Barcelona que desde 2018 cuenta con una prueba piloto en el que participan un millar de vecinos, entre 25 y 60 años, elegidos de manera aleatoria, pero residentes en el barrio Besós, una zona donde la pobreza está muy presente.
¿Existen ayudas similares al IMV en España?
En nuestro país existe una figura parecida a la del Ingreso Mínimo Vital, las rentas mínimas de inserción. Cada Comunidad Autónoma cuenta con una prestación destinada a aquellas personas que están en situación de pobreza.
Las rentas mínimas son una de las prestaciones más controvertidas. Las críticas son, en parte por su carácter descentralizado (cedido a las CCAA), lo que provoca que la cuantía no sea homogénea en todo el territorio estatal. País Vasco ofrece una cuantía de 726 euros y La Rioja, 700 euros, mientras que otras Comunidades como Murcia o Ceuta la tienen establecida en 300 euros.
La principal crítica a este sistema son los grandes desequilibrios entre los territorios. Por ese motivo, muchos expertos apuntan a la necesidad de reestructurar el sistema de garantías de ingresos. La medida aprobada, el ingreso mínimo vital, en principio, sí contempla la misma cantidad para todo el territorio.
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