La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) empieza este lunes 26 de junio la primera huelga indefinida en la historia. Junto con los sindicatos convocantes, CIG, CSIF, Usess, SITSS, Sislass, UGT y Upit, persiguen que el Gobierno apruebe la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) y el resto de medidas comprometidas para el refuerzo y la modernización del organismo.
La convocatoria de huelga indefinida llega después de tres días de paros entre diciembre de 2022 y febrero de este año, así como varias jornadas de paros parciales desde el mes de mayo, dos esquemas de movilizaciones que forzaron al Ministerio de Trabajo a sentarse en la mesa con los sindicatos, aunque sin llegar a un acuerdo en el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública es también fundamental.
Este viernes se conoció que CCOO se descolgaba de la convocatoria por la "instrumentalización" del conflicto y por el desacuerdo "con algunos modelos de lucha" que se están dando con el desarrollo del conflicto en la Inspección de Trabajo. "Este conflicto está completamente intoxicado desde Función Pública y Trabajo. Se está utilizando en clave de confrontación electoral", aseguró este viernes a EFE el responsable de CCOO en la Inspección de Trabajo, Josetxo Gándara.
El conjunto de las organizaciones sindicales vienen reclamando el cumplimiento del acuerdo al que llegaron con Trabajo en julio de 2021, el cual se plasmó en el Plan Estratégico de la ITSS -aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021- e incluye, entre otras medidas, la aprobación de esa nueva RPT.
Así, el lunes de la pasada semana las centrales anunciaron la paralización de la labor programada -las campañas inspectoras que buscan detectar irregularidades en los centros- hasta la ejecución de la relación de puestos de trabajo comprometida por el Gobierno.
Esta última acción de los sindicatos supone un parón en campañas como la del control de los planes de igualdad, el tiempo de trabajo, el registro de jornada, las condiciones salariales, las exoneraciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) covid, la economía irregular y trabajo de extranjeros en la agricultura y los riesgos asociados a la actividad agraria.
Discrepancias entre Trabajo y Función Pública
Si bien fue el Ministerio de Trabajo y Economía Social el que firmó en julio de 2021 el acuerdo con los sindicatos -al depender el organismo de esta cartera- es la Secretaría de Estado de Función Pública -parte del Ministerio de Hacienda- la que debe poner en marcha esa nueva relación de puestos de Trabajo a la que el Gobierno en conjunto se comprometió con la aprobación del Plan Estratégico.
Desde fines de mayo, cuando Trabajo acusó a Hacienda a negarse a implementar la reforma en la Inspección de Trabajo, se encuentra abierto un conflicto entre ambos Ministerios que para los sindicatos tiene motivaciones políticas, en tanto que responden que la ITSS sí dispone de los recursos económicos para que la aprobación de la RPT no suponga un problema a este respecto.
Este miércoles Hacienda envió una nueva propuesta a Trabajo, que a su vez se la comunicó a los sindicatos; tanto el Ministerio liderado por Yolanda Díaz como las centrales descartaron la propuesta, que entienden que no da respuestas a las necesidades de la Inspección de Trabajo y que, además, no se corresponde con el Plan Estratégico.
Desde Hacienda aducen que la RPT "no es objeto de la negociación colectiva", sino "un trabajo interno del Gobierno" y recuerdan que en mayo se autorizó la inclusión en las ofertas de empleo público (OEP) de los años 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo en la Inspección de Trabajo. Sobre esa última propuesta de Función Pública, desde Trabajo, si bien reconocieron "avances", señalaron que es "claramente insuficiente y no cumple con los compromisos que el Gobierno adquirió".
Los sindicatos han apuntado que esta confrontación responde a motivos políticos, en tanto que conflictos en otros Ministerios, como el de la Seguridad Social, en manos del PSOE, se ha resuelto con gran presteza, mientras que este de la ITSS, que depende de una cartera del espacio de Unidas Podemos, lleva enquistado cerca de dos años.
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