Desde que en el año 2015 la Agencia Tributaria en plena ofensiva del Gobierno para conseguir nuevos ingresos comenzara a hacer públicos los nombres de los mayores morosos con la Hacienda Pública española - aquellos con deudas con el Fisco por encima del millón de euros-, con la secreta esperanza de que verse señalados ante la opinión pública les empujara a regularizar su situación fiscal, la cifra de contribuyentes con cuentas pendientes millonarias con el Fisco se ha reducido en algo menos de un 20%, de 4.855 deudores a 3.930, y la cuantía pendiente de pago en apenas un 9%, de los 15.600 millones con los que arrancó el listado a los 14.200 millones registrados en la última lista publicada el pasado 30 de septiembre.
La cifra de la reducción es engañosa porque agrega tanto los pagos realizados voluntariamente por los contribuyentes para regularizar su situación -es decir, los que responden al objetivo último de la lista-, como los pagos previstos en los procedimientos concursales o las deudas que han decaído tras la liquidación definitiva de las empresas incluidas en el listado. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez - como hiciera en su día el de Cristóbal Montoro - ha entendido que el instrumento es eficaz y ha optado por ampliar su perímetro aprovechando el envío al Congreso de los Diputados, largamente demorado, el proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, por el que se reduce la deuda tributaria que puede dar con los huesos del contribuyente en el célebre listado a 600.000 euros e incluye también en el caso de las empresas no sólo la denominación social de la misma sino también los nombres de los responsables solidarios de las empresas, para que nadie se oculte bajo una denominación social para enmascarar su responsabilidad en los impagos.
La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que agrupa al 90% de este colectivo profesional, aplaude la medida del Gobierno, pero entiende que hay margen para ir más allá. Tiene la intención de incluir en un documento de aportaciones al proyecto de ley en el que ya ha empezado a trabajar, y que prevé remitir a los grupos parlamentarios de cara al trámite de la norma en el Congreso, sendas propuestas para ampliar el perímetro de la lista de morosos también a los administradores de las empresas del listado y plantear al Ministerio de Hacienda la creación de una nueva 'lista de la vergüenza' en la que se haga pública la identidad de los contribuyentes que hayan sido condenados en firme por delito fiscal, según revelan fuentes de la asociación en una conversación con La Información.
El delito fiscal, en el punto de mira
La asociación de inspectores de Hacienda ha tenido tradicionalmente el delito fiscal en el punto de mira como una de las manifestaciones más dañiñas de fraude y ha solicitado cambios en la estructura de la Agencia o incluso en las herramientas a su disposición para estrechar el cerco sobre la actividad delictiva en el ámbito fiscal. De hecho, ahí se han encajado algunas de sus reivindicaciones más emblemáticas como la creación de una Policía Fiscal para reforzar las atribuciones del colectivo en la investigación penal de los delitos fiscales, del contrabando, así como en el blanqueo de capitales, alzamientos de bienes, falsedad documental y otros de índole económica.
Por ese motivo, consideran también que sería útil exponer públicamente los nombres de los condenados en firme por delito fiscal como una forma de penalizar socialmente este tipo de comportamientos y, de ese modo, disuadirlos. Según los datos de la última Memoria de la Agencia Tributaria, correspondiente al año 2018, se remitieron al Ministerio Fiscal 177 informes de delito fiscal que afectaron a 169 contribuyentes. El importe total de la cuota defraudada superó los 100 millones de euros.
La medida sacaría del anonimato a los contribuyentes condenados por delito fiscal, cuyas irregularidades con el Fisco rara vez salen del círculo judicial salvo en un puñado de casos especialmente mediáticos, como los asociados a futbolistas de primer nivel, deportistas de élite, artistas o políticos.
Los inspectores ven con buenos ojos el proyecto de ley de lucha contra el fraude que el Gobierno ha llevado al Congreso en el que reconocen algunas propuestas que han venido defendiendo desde hace tiempo como la rebaja de la cantidad máxima que se puede pagar en efectivo a profesionales y empresas a los 1.000 euros, el reforzamiento de los controles sobre las transacciones en monedas virtuales o la regulación del software de doble uso, una de las herramientas de fraude que más quebraderos de cabeza han causado a los inspectores de Hacienda en los últimos años
"El asunto del control de las monedas virtuales era clave. Se trata de una serie de operaciones que hay que controlar y establecer pautas para ver qué gente está detrás", aseguran desde IHE. La asociación considera que la rebaja de las cantidades que se pueden pagar en efectivo en el tráfico comercial también servirá para reducir la economía sumergida y da la bienvenida de manera singular a la prohibición legal de las amnistías fiscales, aún sabiendo que se trata de un posicionamiento político más que otras cosa. "Está bien que este Gobierno se pronuncie de forma explícita en contra de este tipo de herramientas", subrayan.
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