El dinero máximo que puedes cobrar para recibir el ingreso mínimo vital

El pasado 15 de junio de 2020 echó a andar el ingreso mínimo vital, ahora hace ya más de un año. Entonces, se presentaba como la medida de mayor calado social, dispuesto a servir de ayuda a los millones de personas, cuya situación de vulnerabilidad se acrecentó con la crisis de la Covid. A día de hoy, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha validado cerca de 1,32 millones de solicitudes y más del 80% se han tramitado. Sin embargo, solo 276.000 prestaciones han sido aprobadas, mientras que alrededor de 700.000 han sido denegadas. Es decir, una de cada tres. 

Dos de los principales motivos por los que se niega este subsidio a los solicitantes tienen que ver con la falta de documentación y, por otro lado, con el exceso de patrimonio de los solicitantes. Este último punto es, de hecho, uno de los varios requisitos exigidos para recibir la ayuda. 

Tal y como explica la Seguridad Social, para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando todos los recursos de sus miembros. En el límite de patrimonio que no se puede superar, en el que no se incluye la vivienda habitual, se tiene en cuenta un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de la renta garantizada por el ingreso mínimo vital, quedando de la siguiente manera: 

Eso sí, no se computan como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas. 

Qué pasa si me rechazan el ingreso mínimo vital

Aquellas personas a las que se les deniega el IMV pueden recurrir ante la Seguridad Social en un plazo de 30 días desde que se recibe la respuesta negativa. Para ello es necesario presentar una reclamación previa, con las formalidades exigidas y a través de los registros públicos previstos, y siempre conociendo bien el motivo del rechazo, para dar fundamento a la demanda. La Administración debe contestar a los 45 días de recibir la reclamación y en el caso de ser denegada o no resuelta, se abre de la posibilidad de acudir a la vía judicial en un periodo de 30 días.

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El plazo máximo para resolver una solicitud es de seis meses desde la fecha de presentación, según reconoce el ministerio, que recibió más de 600.000 de demandas de la ayuda el mes en el que empezó a estar vigente las ayuda. Tras medio año sin respuesta, la petición se entiende denegada por el silencio administrativo, pero el INSS resuelve expresamente las solicitudes presentadas, incluso si hubieran transcurrido más de seis meses desde su presentación. Hasta 65.000 están pendientes de subsanación de errores.