El Ministerio de Hacienda ha optado por aplicar un tijeretazo de once millones de euros al precio de salida del principal activo inmobiliario que tiene en cartera para tratar de encontrarle un comprador en el complicado mercado de compraventa de oficinas posterior a la irrupción de la Covid. El próximo 22 de diciembre Hacienda realizará su segundo intento de colocar en el mercado el edificio de oficinas de la calle María de Molina, 50, un complejo de más de 45.000 metros cuadrados, con cerca de 400 plazas de garaje y situado en pleno Barrio de Salamanca para cuya venta ha convocado una subasta al alza que partirá de un precio de salida de 185 millones de euros. Su anterior intento tuvo lugar a principios de 2019, también mediante el formato de subasta al alza, pero con un precio de salida de 196 millones de euros. El Gobierno no encontró comprador.
Por las características del edificio y el monto solicitado se trata de la mayor operación inmobiliaria planteada desde la Administración General del Estado desde que en el año 2012, con el agua al cuello y necesitado de ingresos inmediatos como nunca antes, el Gobierno de Mariano Rajoy activara el llamado 'Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado', que aspiraba a colocar en el mercado más de 15.000 activos de propiedad estatal, entre solares, fincas rústicas, edificios, locales comerciales, naves industriales, etcétera, y en torno a un centenar de edificios singulares, por los que pretendía obtener varios cientos de millones de euros en un periodo no superior a tres años.
El arreón del Gobierno para poner en valor su patrimonio inmobiliario, que ha llegado hasta hoy, ha dejado un puñado de operaciones de altos vueltos como la venta del edificio del antiguo Taller de Artillería en el madrileño barrio de Chamberí por 111 millones de euros, la venta por parte de Adif a El Corte Inglés del aparcamiento situado entre el Paseo de la Castellana y la calle Raimundo Fernández Villaverde, por 136,5 millones; o la adquisición por parte del Consorcio de Compensación de Seguros por más de 40 millones de euros de la antigua sede de la CNMV...Ninguna de ellas se aproxima siquiera a la entidad de la operación que el Gobierno pretende sustanciar el próximo 22 de diciembre.
La Dirección General de Patrimonio, la unidad de Hacienda que se encarga de la gestión del patrimonio del Estado y también de la valoración de sus activos, ha entendido no obstante que el mercado inmobiliario 'post-covid' exigía algún tipo de gesto para tratar de estimular a los inversores y éste ha sido la rebaja del precio inicial de salida de los 196 millones de euros solicitados hace algo más de un año a los 185 millones que se piden en esta segunda subasta, un tijeretazo cercano al 6%.
En cosa de una semana se sabrá si a los inversores les ha parecido suficiente la rebaja dispuesta por el Ministerio de Hacienda. Las estadísticas oficiales no revelan un desplome excesivo de los precios de la vivienda durante este año - alrededor de un 2% interanual-, pero también es cierto que el parón en las operaciones inmobiliarias cuestionan la relevancia de este indicador. En el mercado de oficinas, los propietarios han seguido sacando edificios al mercado, pero los expertos encuentran un parón de operaciones por la expectativa de los compradores de que los precios se ajusten algo más de lo que lo han hecho hasta ahora.
Las condiciones de mercado no son los mejores y así lo atestigua un informe difundido este pasado martes por la consultora CBRE Ellis, que anticipa que este año 2020 la inversión inmobiliaria experimentará una caída del 30%, que en el segmento específico del mercado de oficinas será del 52%.
Hacienda da cinco años para completar el pago
Las exigentes condiciones de pago que exige la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas constituyen también un condicionante para las operaciones inmobiliarias del sector público. Los potenciales compradores que pretendan concurrir a la puja deberán presentar un aval por el 5% del tipo de la operación - 9,5 millones de euros - y tendrán un plazo máximo de cinco años para abonar al Estado el monto total exigido para la operación. La regulación establecida por el Ministerio de Hacienda establece que el 25% del precio se sustanciará en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, lo que garantiza al Gobierno que si se formaliza la operación las arcas del Estado recibirán un ingreso a corto plazo de al menos 46 millones de euros.
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