El Gobierno vuelve a enfrentar otro de esos dilemas que lo sitúa en un punto indeterminado entre lo que debería hacer y lo que puede hacer. El asunto en este caso es el despliegue de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado - aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy a instancias de Bruselas para acabar con el embrollo burocrático y económico creado por la fragmentación de la regulación autonómica- que la Comisión Europea exige que el Gobierno de España desarrolle con mucho más brío, pero que genera el rechazo frontal de los gobiernos autonómicos que entienden que condiciona sus atribuciones competenciales.
El Gobierno tiene la intención de incluir el despliegue de la legislación estatal sobre unidad de mercado como uno de los vectores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que prevé remitir a Bruselas el próximo mes de enero, en gran medida para dar respuesta a las constantes referencias al asunto en los informes de los funcionarios de la Comisión Europea sobre España, pero prevé hacerlo en un formato 'suave' para no levantar ampollas entre las formaciones nacionalistas que sostienen la mayoría parlamentaria de la coalición de Gobierno.
Según fuentes gubernamentales, el plan en relación a este asunto no se aparta demasiado del que la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, fue avanzando a lo largo del año pasado en diferentes comparecencias públicas. Se trataría no tanto de imponer la unidad de mercado a los gobiernos autonómicos mediante la detección y posterior eliminación de las trabas burocráticas regionales que afectan a la normal actividad de las empresas, sino de promover una reflexión conjunta entre Gobierno central y comunidades autónomas sobre el asunto y avanzar en la eliminación o reforma de aquellos aspectos sobre los que se alcance mayor consenso, respetando de forma escrupulosa el marco competencial de las comunidades autónomas, según recalcan estas mismas fuentes.
Este acercamiento más cooperativo al problema de la unidad de mercado que pretende adoptar el Gobierno no se trata en exclusiva de una cuestión de enfoque. El Tribunal Constitucional restringió en 2017 el margen de maniobra del Ejecutivo para aplicar las disposiciones de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado tras considerar inconstitucional el 'principio de eficacia nacional' que sentaba esta ley y que daba prevalencia a las decisiones del Estado por encima de las adoptadas por los gobiernos autonómicos, lo que a ojos del Constitucional "supone obligar a una comunidad autónoma a tener que aceptar dentro de su territorio una pluralidad de políticas ajenas, lo que choca con la capacidad para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia y entraña la constricción de su autonomía".
La clave de bóveda de la estrategia gubernamental será la creación y puesta en marcha de la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, un órgano mixto con representación del Estado y de las comunidades autónomas cuyo objetivo será "preservar y mejorar el clima inversor en el país y favorecer la aplicación de los principios de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado promoviendo la mejora regulatoria y la adopción de las mejores prácticas en ámbitos como, por ejemplo, la tramitación de autorizaciones y licencias de actividad, sin merma de la autonomía de comunidades autónomas y ayuntamientos", según la referencia incluida en el último Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas el pasado 30 de abril.
En ese mismo plan el Gobierno revelaba que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ya había informado la creación de esa Comisión Sectorial en su reunión del 28 de febrero. Nada se ha avanzado desde entonces, más allá de decidir la inclusión de alguna referencia a realizar avances en la normativa sobre unidad de mercado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se enviará a la UE.
Una recurrente exigencia de Bruselas
“El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España impide a las empresas aprovechar las economías de escala”. Este mensaje, con pequeñas variaciones en su formulación, se viene repitiendo de manera recurrente desde hace años en los informes que la Comisión Europea emite sobre la situación en España. En Bruselas no se entiende que las licencias o permisos que se emiten en un lugar del país no sean válidos para operar o comerciar en otro territorio de España y enarbolan indicadores objetivos que avalan este juicio como el que señala que España mantiene una de las diez regulaciones más restrictivas de la Unión para la apertura de establecimientos comerciales.
Las denuncias permanentes de las organizaciones empresariales y de los organismos internacionales sobre esta situación no han conseguido hasta la fecha desbloquear el asunto de la unidad de mercado en España, que como se asegura desde la Comisión Europea ha tenido escasos avances tangibles desde su aprobación en el año 2013.
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