Ya se conoce la cifra. En los próximos dos años , 2021 y 2022, España tendrá acceso a 43.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido procedentes del Fondo de Reconstrucción y Resiliencia de 750.000 millones de euros constituido por la Comisión Europea para favorecer la salida de la crisis provocada por la Covid-19 a los países más afectados por la pandemia, entre los que se encuentra España. Que su aprovechamiento sea total o solo parcial dependerá de la capacidad de la Administración española para, en primer lugar, absorber todos los fondos disponibles con proyectos concretos y realizables - un trabajo en el que ya está la Vicepresidencia de Asuntos Económicos desde hace meses -; y en segundo lugar de conseguir que la ejecución de éstos alcance los objetivos señalados, que el Gobierno deberá concretar y que la Comisión Europea tendrá que validar.
La Comisión acaba de publicar una especie de 'guía de uso' para orientar a los países beneficiarios del superfondo europeo la realización de los preceptivos planes en los que deberán plasmar sus proyectos reformistas y los objetivos de política económica a los que éstos servirán. Bruselas recuerda en la misma que los países deberán tener como referencia las recomendaciones específicas realizadas año tras año por los servicios técnicos de la Comisión en sus informes anuales y cuyo grado de cumplimiento por parte de las autoridades nacionales deja mucho que desear. Y también aporta una serie de ejemplos de buenas prácticas que pueden ayudar a los países a hacer sus economías más fuertes y resilientes...
"Las reformas pueden tener un impacto mayor si mejoran el potencial de crecimiento de las economías y lo hacen más sostenible, si aseguran la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas o si mejoran el ecosistema empresarial, en especial en las pymes", asegura el informe, que ilustra como iniciativas que pueden contribuir a conseguir estos objetivos las reformas de pensiones, la del mercado de trabajo, las reformas educativas y de formación y también los paquetes de reformas para impulsar la digitalización y la economía verde.
La relación de reformas recomendada por Bruselas parece sacada de cualquiera de los informes de los servicios técnicos de la Comisión sobre España de los últimos años y apunta a algunos de los aspectos más peliagudos de tratar en la política económica doméstica, como la reforma de las pensiones o la del mercado de trabajo. La Comisión también insta a los países a plantearse la retirada de lo que denomina 'subsidios nacionales perjudiciales para el medio ambiente', entre los que se podrían encuadrar las ayudas domésticas al carbón; y a modificar su 'mix impositivo', reduciendo la presión fiscal sobre el factor trabajo - España pasa por ser uno de los países europeos en los que las empresas pagan más cotizaciones sociales - y compensando la potencial pérdida de ingresos con una fiscalidad verde bien orientada.
El manual de uso del superfondo europeo deja claro que serán los países los que elaboren sus propios planes de recuperación y resiliencia - que tendrán que presentar antes del próximo 30 de abril- y, por tanto, los que definan su propuesta de agenda reformista, pero ésta deberá ser validada por la Comisión Europea y además deberá someterse a la evaluación de un organismo independiente, que en el caso de España será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que Bruselas obligó en 2012 a crear en España para disponer de un evaluador público e independiente para situaciones precisamente como ésta.
La financiación dependerá del cumplimiento de los objetivos
El acceso a los fondos europeos no tendrá en este caso una condicionalidad explícita, como sí la tuvo a través del célebre 'Memorandum de Entendimiento' en el rescate financiero, pero sí estará sujeto a condiciones. La Comisión Europea advierte en el documento que los fondos se liberarán en dirección a los países en la medida en que se vayan cumpliendo los objetivos para los que fueron destinados.
El procedimiento será muy garantista. Para empezar, el Gobierno de España tendrá que incluir en su propuesta de Plan de Reconstrucción y Resiliencia un informe motivado de por qué prioriza unas reformas respecto a otras; y además deberá incluir una especie de memorandum de los objetivos a alcanzar y de los hitos del proceso. La información que se tendrá que presentar a Bruselas tendrá tal nivel de detalle que deberá precisar el punto del que se parte en cada ámbito, los objetivos concretos que se quieren alcanzar y las medidas que se van a tomar para adoptarlos. Por ejemplo, si lo que España pretende financiar con los fondos europeos es una estrategia para reducir el número de jóvenes en desempleo deberá precisar el número del que se parte, las medidas que se pondrán en marcha, el coste de cada medida y el número de jóvenes que se van a emplear según se vayan implementando esas medidas. Si a lo largo de ese proceso Bruselas detectara que el Gobierno no ha adoptado alguna de las medidas comprometidas o que éstas no cumplen los objetivos previstos retirará la financiación.
La Comisión ya ha advertido que España tiene a su disposición 43.000 millones para el periodo 2021 y 2022, y que tendrá 16.000 millones de euros más para 2023, en función de una serie de factores. Bruselas también ha definido los siete grandes ejes en que se deberán enmarcar las reformas financiadas con el superfondo europeo: impulso de las energías renovables, mejora de la eficiencia energética en edificios públicos y privados, impulso a la utilización de combustibles sostenibles, extensión a todos los territorios y hogares de las redes de fibra y 5G, digitalización de la Administración Pública, desarrollo de la capacidad de sistemas de almacenamiento en la nube y planes de mejora educativa para recapacitación y mejora de la cualificación de la mano de obra.
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