El acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda con Unidas Podemos, ERC y PNV para garantizar el éxito de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público, la iniciativa legal llamada a sustanciar la consolidación en la plantilla de la Administración de al menos 300.000 plazas de interinos ocupadas hasta la fecha en situación de fraude de ley, modificará la norma original diseñada en su día por el equipo de Miquel Iceta para dar una solución a los más de 300 trabajadores interinos de RTVE que llevan meses reclamando una salida a una situación que ha llevado a muchos de ellos a encadenar contratos temporales sin freno durante más de una década.
Las virales campañas reivindicativas desarrolladas en las últimas semanas en redes sociales por los profesionales de la radiotelevisión pública, el respaldo explícito y público proporcionado por algunos de los rostros más emblemáticos de la cadena pública y la visibilidad lograda por sus movilizaciones parecen haber surtido el efecto deseado y han terminado inclinando al Ministerio de Hacienda a aceptar la ampliación del perímetro del proceso de consolidación diseñado inicialmente por el Gobierno para incluir también a las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales, y las fundaciones y consorcios dependientes del sector público. Fuentes sindicales consultadas por La Información señalan que si bien existen algunas bolsas de interinos en otras entidades del sector público el problema más sustancial en este ámbito se centraliza en RTVE, que aparece como la principal justificación para esta modificación legal.
La sección sindical de UGT en RTVE presumía este jueves en redes sociales del logro de haber conseguido ensanchar el radio de acción del proceso de consolidación previsto en la norma para incluir a los trabajadores de la corporación pública, lo que no sólo abre la perspectiva de quedarse en la casa para un puñado de los 330 profesionales que permanecen en la plantilla en situación de interinidad sino que también plantea la expectativa de una indemnización a todos aquellos que estuvieran en fraude de ley y que no consigan quedarse en plantilla tras el proceso de estabilización.
El proceso para 'retener sus plazas' será además menos exigente, al menos para todos aquellos interinos que lleven de forma ininterrumpida ocupando el mismo puesto con anterioridad al 1 de enero de 2016. Podemos, ERC y PNV han forzado a Hacienda a aceptar un aligeramiento muy sustancial de los requisitos impuestos inicialmente para hacer fijas plazas de interinos por el procedimiento extraordinario del concurso de méritos. Hacienda se había plegado inicialmente en junio a permitir este procedimiento en los casos de plazas que llevaran más de una década ocupadas por la misma persona para hacer viable la tramitación parlmentaria del texto, pero en el periodo de enmiendas sus socios parlamentarios preferentes, Podemos y ERC, fueron más allá exigiendo rebajar ese umbral a cinco y tres años, respectivamente.
El acuerdo parlamentario alcanzado este jueves ampliará la posibilidad de consolidar plazas ocupadas de forma interina por concurso de méritos, siempre que la Administración responsable así lo considere, a todas aquellas que vengan siendo ocupadas de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 y no se hayan sacado todavía a concurso.
Riesgo de judicialización
Esta nueva vuelta de tuerca en la habilitación del concurso de méritos como procedimiento para estabilizar plazas ocupadas por interinos ha disparado la inquietud entre los sindicatos. El acuerdo alcanzado por los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública, CCOO, CSIF y UGT, con el Gobierno para diseñar el proceso de estabilización de plazas de interinos esquivó de forma consciente esa opción con el argumento de que el concurso de méritos no proporcionaba un marco de seguridad jurídica lo suficientemente fuerte para garantizar que el proceso de consolidación de interinos no terminara en los tribunales de justicia.
La resolución del Tribunal de Justicia de la UE, argumentaban desde el Gobierno entonces, requería una solución y una reparación para todos los interinos en fraude de ley, pero también exigía que esa solución se enmarcara en la legalidad vigente, que establece de forma muy clara la oposición como el mecanismo ordinario de acceso a la condición de empleado público por la garantía que ofrece al respecto de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben guiar los procesos de incorporación a la plantilla del sector público.
CCOO exigía este viernes al Gobierno "una respuesta con seguridad jurídica para el colectivo de interinos, que no genere más incerticumbre en el empleo público". El sindicato insiste en la nota en que ha trasladado este mensaje a los grupos parlamentarios en la reuniones celebradas durante el trámite de enmiendas y asegura que será respetuoso con los cambios introducidos, aunque cuestionen el acuerdo alcanzado con el Gobierno, "siempre y cuando sirvan para dar una solución definitiva y que no acabe en un largo proceso judicial".
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