El Ministerio de Hacienda ha dotado una bolsa con 1.453 millones de euros para hacer frente a las devoluciones que le va a tocar ejecutar en los próximos meses por impuestos cobrados en el pasado cuya aplicación ha sido declarada ilegal en los tribunales. En concreto, el departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido apartar 600 millones de euros para devolver las retenciones cobradas de más a no residentes por los dividendos recibidos de sus inversiones en España; otros 543 millones para hacer frente a los efectos del cobro irregular en los ejercicios de 2013 y 2014 del cánon por la utilización de agua de las cuentas hidrográficas para generar energía hidroeléctrica; y, por último, 310 millones más por los intereses derivados de los recursos propios de las empresas retenidos irregularmente por la aplicación del sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
La secuencia de resoluciones judiciales declarando ilegales diversos aspectos de la normativa tributaria española han situado a la Hacienda Pública ante la tesitura de tener que afrontar en los próximos meses un volumen de devoluciones sin precedentes y han obligado al Gobierno a provisionar en las cuentas del Estado el potencial impacto que pudieran tener en materia de gasto, según se refleja en la Cuenta General del Estado de 2020 que acaba de hacer pública el Ministerio de Hacienda. Los reembolsos previstos beneficiarán además de manera singular a los grandes grupos empresariales, precisamente el segmento sobre el que mayor presión ha ejercido la política fiscal del Gobierno de coalición de las izquierdas.
Así sucederá por ejemplo con la devolución de las retenciones cobradas de más en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a inversores extranjeros por los dividendos derivados de sus participaciones en empresas españolas, una controversia en la que están implicados algunos de los mayores fondos de inversión del planeta como Blackrock, Norges Bank, JP Morgan o Vanguard, a los que Hacienda tendrá que devolver las retenciones aplicadas en exceso según lo determinó el Tribunal Supremo. El departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido provisionar 600 millones de euros para hacer frente a esta contigencia, pero la factura para las arcas públicas podría ser aún mayor como ya advirtió el Tribunal de Cuentas en su evaluación sobre el cierre contable de 2019, en la que señaló que esta estimación podría quedarse corta y aconsejó elevar la provisión hasta los 1.000 millones de euros a los que ascienden las reclamaciones recibidas.
Las grandes eléctricas también se llevarán su parte en este reembolso masivo de impuestos cobrados irregularmente que Hacienda afrontará en los próximos meses. El motivo en este caso es la sentencia del pasado 15 de abril de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que declaró ilegal la aplicación retroactiva para los ejercicio de 2013 y 2014 del denominado 'canon hidráulico', aprobado por el Gobierno del PP en el año 2015 para gravar la utilización de las aguas de las cuencas hidrográficas españolas para la obtención de energía hidroeléctrica y la explotación comercial de la misma.
Hacienda ha estimado en 543 millones de euros los reembolsos a realizar por el cobro irregular de ese canon, que recibirán en su mayor parte los grandes gigantes del sector energético como Iberdrola, Endesa, Acciona y Naturgy. Como adelantó La Información el Gobierno ha previsto para 2022 un incremento del 65% en los ingresos derivados de ese canon.
El tercer 'puyazo' fiscal que le ha caído encima al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero en concepto de reembolso futuro también tiene relación con medidas fiscales aprobadas durante la era Rajoy y, concretamente, con el establecimiento por decreto de un tipo mínimo del 23% en los pagos fraccionados que las grandes empresas - entendidas de forma muy extensiva como aquellas que facturaran más de 10 millones de euros - deben adelantar al Estado en materia de Impuesto de Sociedades. La medida trataba de adelantar la obtención de recursos por parte de las arcas públicas en un contexto de fuerte déficit público y dificultades para rebajarlo, pero se pasó de frenada como determinó en julio de 2020 el Tribunal Constitucional al establecerlo por la vía del decreto y no del proyecto de ley como hubiera sido lo suyo, más allá de cualquier consideración sobre el fondo de la medida.
Bufetes y asesores fiscales entendieron en su momento que la sentencia del Constitucional abría la vía a reclamar los intereses derivados de la 'retención ilegal' de esos recursos propios de las empresas por parte de la Hacienda Pública, ya que el principal termina ajustándose en la liquidación definitiva del impuesto, y se lanzaron a reclamar esas cantidades. El Gobierno estima ahora que esas reclamaciones van a tener un coste para las arcas públicas de unos 310 millones de euros, que es lo que Montero ha decidido provisionar.
El riesgo de que la factura sea aún mayor
El cálculo realizado por el Ministerio de Hacienda no está exento de riesgos. La Agencia Tributaria explicó al Tribunal de Cuentas, cuando éste pidió explicaciones por la metodología para calcular las provisiones a dotar ante este tipo de contigencias fiscales, que la costumbre en estos casos era provisionar el 60% de la cuantía total reclamada por los afectados, bajo el argumento de que la experiencia ha demostrado en otras ocasiones que el 40% de las reclamaciones fiscales decaen por motivos formales o de fondo.
El Tribunal de Cuentas objetó que tratándose de resoluciones judiciales firmes el cálculo más prudente sería provisionar el 100%, un criterio que Hacienda se resiste a utilizar a la luz de la cantidad provisionada en 2020 por la controversia con los fondos de inversión a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la única contingencia fiscal que ya se estimaba en 2019 y que persiste en 2020.
Con todo, esos cerca de 1.500 millones de euros provisionados para responder a las sentencias judiciales contrarias en los asuntos ya mencionados no agotan los riesgos fiscales que el Gobierno se ha visto obligado a provisionar. Al margen de estos litigios con grandes empresas, Hacienda ha decidido dotar una provisión adicional de 584 millones de euros para protegerse ante el eventual éxito de los recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas, recursos contenciosos o diferencias de valoración planteadas por los contribuyentes.
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