El Ministerio de Hacienda ya asume que tendrá que introducir importantes cambios en sus dos proyectos estrella, el Impuesto sobre Servicios Digitales - la conocida como 'tasa Google'-, y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras - la titulada como 'tasa Tobin'-, después de que el proceso de consulta pública al que ha sometido ambos proyectos se haya saldado con una avalancha de peticiones de modificación por parte de las empresas y sectores afectados y de que diferentes organismos, desde la CNMV hasta la OCDE, hayan advertido al Gobierno de las potenciales distorsiones que pueden causar estos impuestos en el mercado interno según la formulación inicial planteada por el Gobierno.
Los técnicos de la Dirección General de Tributos han tenido que lidiar estos días con más de 200 observaciones a los tres anteproyectos de ley de naturaleza fiscal planteados hasta ahora por el Gobierno: los dos antes mencionados y el anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Y desde el organismo se admite que buena parte de estas peticiones de modificación de los textos legales son razonables y que obligarán a modificar la redacción de los proyectos presentados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía este lunes que la avalancha de observaciones presentadas estaba atrasando la tramitación normal de los proyectos fiscales.
En relación al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la directora general de Tributos, María José Garde, admitía también hace unos días en una jornada organizada por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) que los contactos con las empresas afectadas les había mostrado la "dificultad de encajar el impuesto con la casuística específica de cada empresa" y que a buen seguro se introducirían cambios en el mismo.
Una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto en el trámite de consulta pública es la complejidad de determinar, a la hora de gravar la transmisión de datos por parte de las empresas tecnológicas, el momento en que se generan esos datos. Hacienda ha optado por considerar que la generación se produce en el momento mismo en que el usuario se conecta a la web y no en el que éstos se comercializan, lo que redundará en la complejidad del impuesto.
Otro foco de complejidad, según admiten en el Ministerio, será el hecho de una parte importante de los contribuyentes afectados por este impuesto tienen su sede fuera de España, lo que complicará la obtención de información y también el control de las IP.
En el Impuesto sobre Transacciones Financieras, Hacienda ha identificado focos de incertidumbre en en el modo de liquidar el impuesto -el Ministerio se inclina por hacerlo a través de Iberclear, encargado del registro contable y de la liquidación de los valores sujetos a negociación en el mercado español de renta variable- y en el modo de presentar la declaración, para lo que se baraja una declaración automática, otra trimestral e incluso una anual.
Las advertencias de Banco de España, OCDE y CNMV
Fuentes conocedoras del proceso de consulta pública aseguran que, al margen de las cuestiones técnicas de cada impuesto, una de las principales preocupaciones de las empresas y sectores afectados es el potencial efecto que sobre el mercado español tanto digital como de capitales puede tener el hecho de que España implante estos impuestos -ya pactados a nivel europeo- antes de que la Unión Europea lo haga en su conjunto, algo que sucederá en el año 2022.
Tanto el Banco de España como la CNMV han advertido al Gobierno sobre el efecto potencialmente distorsionador de introducir un impuesto de esta naturaleza antes que nuestros vecinos -aunque el impuesto ya existe en países como Francia- y, según fuentes del ámbito fiscal, también la OCDE recomendó al Ejecutivo acompasar la entrada en vigor de estos impuestos con la activación del impuesto europeo para no perjudicar la economía doméstica, un fenómeno sobre el que ya ha advertido la patronal española de las empresas digitales, Ametic.
Otros focos de conflicto: amnistía fiscal, 'catastrazo'...
Hacienda encara otros focos de conflicto, que han sido puestos de manifiesto en el proceso de consulta pública y que tendrá que intentar corregir. El anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha abierto, por ejemplo, un foco de conflicto con las comunidades autónomas, que no terminan de ver la aplicación del índice de estimación de valor real de la vivienda del Catastro -creado en los Presupuestos de 2018- para calcular las bases imponibles de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y actos jurídicos documentados y no solo por la problemática operativa que puede generar sino porque esconde una subida de impuestos que les incómoda.
También está el modo en que pretende regular la prohibición de practicar amnistías fiscales, que va más allá del tipo de proceso de regularización arbitrado por el ministro Montoro en 2012 y prohíbe "cualquier instrumento de regularización que suponga una minoración de la deuda tributaria devengada" con lo que no solo veta cualquier rebaja en la cuota fiscal sino también en recargos e intereses de demora, dos de los elementos con los que podría jugar la Agencia Tributaria para llegar a acuerdos de pronto pago con los contribuyentes.
Tributos también admite haber recibido una avalancha de reclamaciones en relación a la prohibición del denominado 'software de doble uso', un tipo de soporte informático que permite esconder ingresos y ventas reales y llevar de este modo una doble contabilidad, una oficial y otra oculta a ojos del Fisco, y cuyo uso está siendo atacado de forma vehemente por la Agencia Tributaria, principal promotora de esa prohibición que muchos fabricantes han puesto ahora en cuestión.
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