La Generalitat de Cataluña pierde alrededor de la mitad de la recaudación que podría obtener por el Impuesto de Patrimonio si el sistema fiscal fuera 100% eficaz. Un estudio encargado por la propia Generalitat al Instituto de Economía de Barcelona y a la consultora Everis para conocer la 'brecha fiscal' en Cataluña concluyó que Cataluña pierde cada año en torno a 330 millones de euros de recaudación de Patrimonio y que la principal causa de esta pérdida recaudatoria es la ocultación irregular en el extranjero de activos potencialmente gravables por parte de algunos de los principales patrimonios catalanes.
Con este diagnóstico ya en la mano, la Agencia Tributaria Catalana (ATC) activó el año pasado una nueva estrategia de lucha contra el fraude orientada a detectar la titularidad por parte de contribuyentes catalanes de bienes y derechos en el extranjero no declarados en el Impuesto de Patrimonio. La nueva estrategia se ha revelado como un éxito y según la última Memoria del organismo ha permitido aflorar la cantidad récord de 22 millones de euros no declarados a golpe de declaraciones complementarias 'forzadas' por la actuación de los servicios anti-fraude y del levantamiento de actas de inspección a los defraudadores 'cazados'.
Curiosamente, la pieza clave de esta ofensiva de la Administración Tributaria catalana para aflorar los bienes ocultos de las grandes fortunas residentes en su territorio ha sido la Agencia Tributaria española (AEAT), según admite la ATC su la Memoria de Actividad correspondiente al ejercicio de 2017. De hecho, según este informe, ha sido a partir de la sistematización del cruce de datos disponibles en la Oficina Central de Inspección de la ATC -por las declaraciones que se presentan directamente en sus oficinas- con los de la Agencia Tributaria cuando ha sido posible comenzar a aflorar este patrimonio oculto.
En concreto, la Administración Tributaria catalana da singular importancia a la explotación de la información relativa a la titularidad de bienes y derechos en el extranjero obtenida por la Hacienda española a partir del controvertido modelo 720 ideado por Cristóbal Montoro como complemento inseparable de la amnistía fiscal, que ha permitido a la ATC establecer un nexo entre las diferentes declaraciones tributarias de los contribuyentes catalanes y facilitar "la detección de hechos imponibles pendientes de regularización".
Entre los objetivos operativos de la Agencia Tributaria de Cataluña para 2018 figura la "intensificación de la investigación del patrimonio en el exterior no declarado de acuerdo con la información disponible y en coordinación con otras administraciones", en concreto con la Agencia Tributaria que es quien dispone de esa información.
Los resultados de la cooperación entre ambas administraciones tributarias han sido tan prometedores en 2017 -en el que se ha registrado un nivel de regularizaciones sin precedentes en el Impuesto de Patrimonio- que la idea del Ejecutivo catalán es intensificar las líneas de cooperación con la Hacienda española para tratar de cerrar esa brecha fiscal que resta más de 300 millones de euros anuales a las arcas de la Generalitat. La ATC, de hecho, ha tomado la determinación de someter a revisión los ejercicios fiscales desde 2012 a 2015 para regularizar la totalidad del patrimonio no declarado durante esos ejercicios por contribuyentes con bienes ocultos en el extranjero.
Ofensiva total contra el fraude en el Impuesto de Patrimonio
La explotación de la información disponible en la Agencia Tributaria por las declaraciones de bienes en el extranjero de los contribuyentes catalanes a través del modelo 720 aún siendo la más relevante, no es más que una de las líneas que prevé utilizar la Hacienda catalana para acorralar a sus grandes defraudadores.
Los planes de la ATC van más allá. La Hacienda catalana mantendrá abiertas las líneas de inspección para detectar el traslado irregular del domicilio de contribuyentes catalanes hacia otros territorios de menor tributación con el único objetivo de obtener una ventaja fiscal.
Los aún poco dotados servicios de inspección de la Generalitat - en 2018 prevé sacar a concurso 24 nuevas plazas de inspectores de Hacienda - rastrearán además las estructuras patrimoniales controladas por personas físicas y cuyo único objetivo es ocultar a través de una red de filiales bienes y derechos no afectos a ninguna actividad económica e impulsarán el cruce de datos con la Administración Central para detectar situaciones patrimoniales que exigirían tributar por Patrimonio.
En 2017, la Generalitat ingresó por Impuesto de Patrimonio -que se recauda por el Estado, pero cuya recaudación va íntegramente a Cataluña- más de 493 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la ingresada en 2016.
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