El 'staff' de las administraciones públicas, que se nutre de altos cargos, personal de confianza, directivos y responsables de entes instrumentales, que desembarcan en el sector público, en la mayoría de los casos, tras unas elecciones y sin haber superado una oposición o acreditar los méritos que se requieren a los funcionarios de carrera, no ha parado de aumentar en los últimos años. No solo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el punto de mira y condicionado por un férreo pacto con Unidas Podemos, ha disparado el número de cargos a dedo, también lo han hecho prácticamente todas las comunidades y corporaciones locales, que no han abandonado la dinámica de estos nombramientos pese al contexto económico, las advertencias de austeridad de Bruselas e, incluso, más allá de las necesidades reales.
A partir de los datos recogidos en inventarios, portales de Transparencia, registros de personal o relaciones de puestos de trabajo (RPT), alimentados por fuentes oficiales, es posible hacer una radiografía muy aproximada de la dimensión que alcanza esta administración en la sombra. Sin embargo, la dificultad radica en integrar los listados de las comunidades, que incluyen en algunos casos en el concepto de alto cargo a directivos o responsables de empresas públicas e incluso a ex lehendakaris, o meten dentro del saco de personal de personal de confianza no solo a los asesores o jefes de Gabinete, también a conductores o secretarias. Así, a partir de un repaso exhaustivo de los datos de Transparencia que ofrecen en sus webs el Gobierno central y las 17 comunidades autónomas, el número de directores generales, secretarios, subsecretarios, consejeros o ministros y puestos de carácter eventual alcanza los 5.220, con el Gobierno de Pedro Sánchez y Andalucía, País Vasco y Cataluña como protagonistas.
En esta considerable cifra no se contemplan los efectivos nombrados a dedo en las corporaciones locales, los asesores en parlamentos y cámaras autonómicas, los consejeros técnicos de las empresas públicas, fundaciones o consorcios ni los cargos que las dirigen, entre otros, que la elevarían, a partir de las estimaciones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a 20.000. La realidad es que las diferencias son muy notables, con comunidades como Castilla y León, Galicia y País Vasco, con un número de habitantes muy similar, en las que la última tiene cuatro veces más cargos políticos que las otras dos. También las retribuciones marcan una brecha entre administraciones, con presidentes autonómicos como el catalán con un sueldo que supera los 130.000 euros, y con el de Cantabria -Miguel Ángel Revilla- con una nómina de 63.000 o la presidenta de Baleares -Francina Armengol- y el Andalucía -Juan Manuel Moreno- con una retribución inferior a 70.000 euros.
De conductores con un sueldo de 30.000 euros a responsables de Mutuas con un salario de 234.000 euros o embajadores con nóminas de más de 300.000
En el amplio espectro de personal de confianza también se contemplan diferencias más que notables en las nóminas, determinadas por los perfiles profesionales, con conductores con sueldos de entre 30.000 y 35.000, e incluso personal eventual a tiempo parcial, al jefe de Gabinete y el secretario de Estado de Comunicación de Sánchez, Óscar López y Francesc Vallés, respectivamente, con sueldos de 118.000 euros, 34.000 euros más que el presidente del Ejecutivo ó 45.000 más que el jefe de Gabinete de Presidencia en La Rioja. Junto a esto, pese a que los sueldos de estos trabajadores sube como el de los funcionarios -2% en 2022-, la realidad es que las partidas presupuestarias para estos efectivos crece mucho más, condicionada por un amplio abanico de complementos, pluses e incentivos.
Así, el gasto de los asesores del Gobierno central aumentará un 5% este año y superará los 65 millones, de los que un tercio irá para pagar a los consejeros de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista cuenta con 785 cargos de confianza, frente a los 573 que contaba Mariano Rajoy al final de su mandato, un 37% más. Pero no solo sucede en la Administración General del Estado. En el País Vasco, los cargos políticos han aumentado un 47% desde 2009 y en la Comunidad de Madrid, los asesores de confianza se han incrementado un 43% en solo cuatro años. De forma habitual, la reducción de consejeros se traduce en un incremento muy importante de altos cargos, directores generales y secretarios, y si estos pierden peso, el recurso es siempre un incremento de asesores.
El alcalde de Madrid cobra más que todos los presidentes autonómicos, excepto el catalán. Ada Colau ha incrementado un 49% los puestos de libre designación
Pese a que la recopilación de datos se ha centrado en el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos siguen la línea de esas dos administraciones. Mientras el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cobra 108.517 euros, más que todos los presidentes autonómicos excepto Pere Aragonés, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -100.000 euros de sueldo- ha incrementado de forma muy importante los cargos de libre designación, pasando de 270 a los más de 400 actuales, un 49% más. Junto a esto, el poder del Ejecutivo de Sánchez, los 17 autonómicos y los grandes ayuntamientos -hay más 8.100 consistorios- llega más allá y controlan un entramado de más de 5.000 empresas, consorcios y fundaciones, con sus responsables, directivos y personal de confianza. Solo en las comunidades hay más de 1.840.
El personal eventual, que en numerosos casos tiene el nivel 30, el mayor en la Administración, ejerce funciones de carácter no permanente y está calificado de confianza o tiene como función labores de asesoramiento especial en los departamentos en los que son asignados. Sus nombramientos deberían ser 'excepcionales' y sus funciones delimitadas a su motivación, que debe ser detallada, y alejada de las labores administrativas. Pese a todo, en la mayoría de las web consultadas aparecen al margen de la real transparencia, ya que no se publican nombres u otras reseñas, y, por supuesto, no se da a conocer en la mayoría de las páginas sus méritos, trayectoria o currículum. Su acceso a la Administración está siempre vinculado al cargo que lo nombra y la marcha o cese de éste normalmente condiciona también la marcha de asesores y jefes de comunicación.
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