El Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo públicos los sueldos que cobraron en 2020 sus altos cargos, asesores y directivos de empresas dependientes. Así el Portal de Transparencia de la Administración General de Estado ha dado cuenta de las nóminas de los directores gerentes de las 19 Mutuas de Trabajo que colaboran y dependen de la Seguridad Social.
Los embajadores, funcionarios de la carrera diplomática y con unas condiciones económicas excepcionales, son los altos cargos, hasta 302.000 euros en el caso del Embajador de Japón, Jorge Toledo Albiñana, pero los directores gerentes de las mutuas de trabajo, que asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro, no se quedan atrás.
Según los datos a los que ha accedido La Información, el máximo directivo de esta Ibermutuamur cobra 234.210, un sueldo que triplica el del presidente del Gobierno y el de todos sus ministros y duplica prácticamente todos los de los altos cargos de la Administración. En el mes de diciembre hubo un cambio en la cúpula de esta Mutua y Carlos Javier Santos García fue nombrado director general en sustitución de Heraclio Corrales Romeo quien, que llevaba 22 años dirigiendo la Entidad y se quedó en la entidad como consejero general.
Pero además de la nómina de Ibermutuamur, los directivos de otras cinco entidades -MC Mutual (227.640 euros), Mutualia (228.560), Fremap (230.115), Asepeyo (218.260 euros) y Fraternidad-Muprespa (218.490). El sueldo de los directores de las otra 13 entidades son bastante inferiores, y destaca el de Mutual Activa, que apenas supera los 95.000 euros.
Las condiciones de los directivos de las mutuas llevan en el punto de mira desde hace tiempo a partir de una sucesión de escándalos por los gastos superfluos en que incurrían las entidades y las condiciones privilegiadas que se garantizaban a sus directivos para el momento de su salida de las entidades. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene en su lista de tareas pendientes la regulación de los sueldos de los directivos de las mutuas, que pese a ser entidades colaboradoras de la Seguridad Social escapan de momento a los límites que existen para los sueldos de los responsables del sector público administrativo.
Mutuas y la Covid
Las mutuas de accidentes de trabajo han recibido en el último mes del año 850 millones de euros del presupuesto de la Seguridad Social para dar cobertura a los gastos extraordinarios que les ha generado la asunción de la cobertura de las bajas laborales -consideradas como enfermedad profesional - causadas por la Covid y las cuarentenas generadas por la pandemia.
La transferencia realizada no cubre los 1.571 millones de euros que el sector estimaba a final de año que había tenido que 'adelantar' para hacer frente a las prestaciones asociadas a esas bajas, pero sirven para aliviar una situación financiera que era extrema y que amenazaba con hundir hasta el umbral de la intervención por parte del Estado a media docena de entidades del sector.
El Gobierno baraja asimismo varias alternativas para incrementar el control sobre los gastos de las mutuas y garantizar la eficiencia en la utilización de sus recursos, que en su gran mayoría vienen de las cotizaciones por contingencias comunes de los trabajadores, la misma 'bolsa' con la que se financia el sistema público de pensiones. De hecho, las mutuas financian los servicios que prestan a empresas y trabajadores, singularmente las prestaciones por incapacidad temporal por contingencia común y por enfermedad profesional, y la prestación por cese de actividad de los autónomos. Desde hace varios años la prestación de esos servicios genera números rojos a buena parte de las entidades del sector.
La gestión de las mutuas
Las mutuas tienen como función la gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias.
Forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestiona, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.
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