Promover una mayor participación local en las energías renovables. La Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático del País Vasco nace con el mismo afán que las impulsadas por otras comunidades autónomas como Cataluña y Baleares. Los promotores de nuevos proyectos 'verdes' deberán ofrecer, como mínimo, un 20% de la potencia total de la instalación la ciudadanía y a las industrias y comercios, prioritariamente en el municipio donde se ubique o en los municipios limítrofes o comarca a la que pertenezcan.
Así lo recoge el artículo 27 de la norma. No obstante, la medida solo afectará a los proyectos que se promuevan a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, quedan fuera todos los que hayan iniciado ya el trámite para obtener la autorización administrativa. Tampoco afecta a los promovidos por comunidades energéticas. Además, la reserva establecida se aplicará exclusivamente a los proyectos de solar fotovoltaica y eólica que de manera individual o conjunta tengan una potencia total por emplazamiento superior a los 5 megavatios (MW) de potencia.
"Las administraciones públicas vascas deberán promover y facilitar el desarrollo de proyectos de energías renovables, fomentando con ello la participación ciudadana en ese tipo de actividades. Se dará un tratamiento especial a aquellas zonas geográficas con menor nivel de desarrollo económico o reducción de población, a fin de cohesionar Euskadi tanto a nivel territorial como social", indica el primer apartado del citado artículo.
Las obligaciones levantan ampollas entre los promotores
La obligatoriedad de ceder una parte de la planta renovable es algo que siempre ha levantado ampollas entre el sector y que se criticó mucho cuando se instauró en Cataluña. Los promotores alegan que introducir obligaciones de este tipo alejan las inversiones de la región que las instaure y que hay otros métodos más eficaces para que el municipio en sí acepte la planta. Sin embargo, desde la Administración defienden que es una manera de fomentar la aceptación de las energías renovables ante la animadversión que levanta en algunos lugares.
Además, en Cataluña, los promotores de proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en suelo no urbanizable, tienen que demostrar la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación. Además, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, tienen que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto.
De su lado, la ley en Baleares considera proyectos de generación renovable con participación local aquellos en los que se acredite que se ha ofrecido la posibilidad de participar, en al menos el 20% de la propiedad, a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio en el que se pretende situar su instalación o en los municipios limítrofes. También aquellos impulsados por entidades que sean consideradas comunidades de energía renovable locales de acuerdo con la normativa europea.
Además, si no llega al 20% el número de personas físicas o jurídicas interesadas, se ampliará la oferta a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, radicadas en los municipios limítrofes. En caso de seguir sin agotarse el 20%, se extenderá la oferta a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ubicadas en la comunidad autónoma. El Gobierno balear también creará una bolsa de terrenos donde sus propietarios los puedan poner a disposición para el desarrollo de proyectos de energías renovables.
Posible ley que identifique "áreas idóneas" para las renovables
El PSOE planteó en su programa electoral para el 23J la creación de una ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, las áreas idóneas para el desarrollo de las renovables. El objetivo es proporcionar el acceso de los beneficios a las comunidades locales, garantizando el respeto al medio ambiente. Por su parte, Sumar, ahora socio de Gobierno, fue un paso más allá y propuso una cuota específica en las futuras subastas de energías 'verdes' para instalaciones promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.
En este sentido, el 'crowfunding' en renovables está cogiendo fuerza como una forma de democratizar el acceso a la inversión y han empezado a proliferar en España las plataformas 'fintech' que ayudan a inversores y promotores a desarrollar instalaciones con el objetivo de que la ciudadanía también participe en el 'boom' verde en el país.
Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) siempre han sido partidarios de que una instalación renovable deje el mayor impacto socioeconómico sobre el municipio donde se desarrolle. No obstante, prefieren que las reglas del juego las fijen entre el promotor y el propio municipio, sin que haya una norma de mínimos. Según la asociación, una buena forma para que se beneficie la gente local sería que las empresas promotoras emitan bonos de unos 500 euros con rentabilidades superiores a la inflación.
Tres comunidades agrupan la mitad de renovables instaladas
Por su parte, desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) instan a conocer cuál es la realidad de la aceptación de la eólica por parte de los ciudadanos para diferenciar entre lo ruidoso y lo real, "respetando en todo momento las sensibilidades de las personas, de los municipios, y entendiendo claramente las reticencias ante los cambios en el entorno".
La realidad actual es que solo tres comunidades autónomas agrupan casi la mitad de los megavatios renovables que hay instalados en España. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía suman 36.370 MW renovables, lo que supone el 47% del total, según datos de Red Eléctrica recabados por La Información. La primera es líder indiscutible con 13.150 MW y la Junta de Castilla y León estima que sumará otros 3.000 MW en los próximos tres años. Por su parte, Castilla-La Mancha supera ya los 12.000 MW de potencia instalada de energía renovable, mientras que Andalucía tiene unos 11.100 MW.
Por otro lado, hasta seis comunidades autónomas tendrán algún tipo de impuesto, tasa o canon que gravarán las energías renovables en el primer semestre de este año. La mayoría coincide en penalizar actividades que -supuestamente- inciden en el medioambiente. Aragón ha sido la última región en sumarse a la lista pese a las advertencias del sector del frenazo que puede suponer para la comunidad en lo que respecta al desarrollo de tecnologías 'verdes' y el empleo asociado. Los nuevos parques de energía renovable que se edifiquen en el País Vasco a partir del 1 de enero de 2025 también deberán abonar una tasa anual para compensar posibles daños socioambientales.
