El V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) cerrado por las patronales y los sindicatos en el mes de mayo instaba al Gobierno a "modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", sin embargo, la disolución anticipada de Las Cortes dejó esta demanda sin respuesta oficial. Los agentes sociales coinciden en señalar la reforma de esta normativa como uno de los temas prioritarios de esta legislatura, tras constatar que el auge de los costes laborales ha perjudicado tanto a las empresas que cuentan con contratos del sector público, como a sus trabajadores.
Esta reclamación no es nueva, fue reflejada en acuerdos marco anteriores, pero fuentes sindicales reprochan que los contactos con los responsables de Asuntos Económicos y Hacienda se han limitado al plano informal, por lo que la modificación normativa ha pasado a un segundo plano en una legislatura marcada por la pandemia y la guerra de Ucrania. Actualmente, la norma de contratos públicos y la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española impiden, en términos generales, que las administraciones públicas puedan compensar el incremento de costes durante los años de vigencia de los contratos. Existen algunas excepciones para las obras, pero las subidas de los salarios o las cotizaciones quedan al margen.
Desde UGT sostienen que tal y como está diseñada, la ley de contratos del sector público no respeta la negociación colectiva, dado que impide trasladar los acuerdos alcanzados una vez se ha iniciado el contrato o la concesión pública. Un diagnóstico que comparten en CCOO, donde defienden que este fenómeno está deteriorando la calidad de los servicios prestados. Los representantes de los trabajadores coinciden con los empresarios en el diagnóstico del problema, aunque avanzan que al aterrizar la reforma surgirán diferencias si se quieren ampliar los beneficios empresariales a costa de que los abone un tercero, lo que en este caso son fondos públicos.
Fuentes sindicales trasladan a este medio que en algunos sectores, los sindicatos se están organizando para dar pasos conjuntos una vez se nombre el nuevo Gobierno para aumentar su capacidad de presión. Los ámbitos económicos más afectados por esta coyuntura son también los más feminizados, dado que se trata de empresas privadas que cubren los servicios que las administraciones públicas (Estado, comunidades o ayuntamientos) han externalizado de forma progresiva. Estos van desde la asistencia a domicilio, cuidado de personas dependientes en centros residenciales, servicios de limpieza, bomberos forestales, sanidad privada, veterinarios o transporte sanitario, entre otros.
Contratos públicos vacíos
Estas condiciones hacen que miles de convocatorias no resulten rentables para las empresas del sector dejando hasta 2.600 licitaciones desiertas en 2022, según los datos recopilados por DoubleTrade. Los agentes sociales valoran que este fenómeno aparta progresivamente a las empresas especializadas por otras nuevas que entran en las convocatorias con ofertas más bajas, algo que acostumbra a resentir las condiciones de sus trabajadores. Por ello, la CEOE también incluyó esta materia en su listado de '100 prioridades empresariales', lanzado en el mes de junio antes de la celebración de las elecciones generales, para fijarla entre las demandas para el nuevo gobierno.
Además, los representantes de los trabajadores reprochan que esta situación introduce mayor conflictividad a la negociación colectiva, por la dificultad de trasladar las subidas determinadas por el Salario Mínimo Interprofesional o las acordadas por la empresa y los trabajadores a los salarios o por el escaso margen con el que cuentan los empresarios en los contratos firmados años atrás. Fuentes sindicales señalan que en varias ocasiones se han tratado de aplicar convenios diferentes a los que regían para el servicio, pactar tablas salariales diferenciadas para los nuevos trabajadores y los que ya se dedicaban a esa actividad con otra empresa o introducir las mejoras salariales solo en el salario base, el que en algunos casos supone un porcentaje del total muy reducido por el gran número de complementos.
Contratos parciales no deseados
Otra salida a esta coyuntura ha sido la contratación parcial, de manera que los trabajadores acumulan una mayor carga de trabajo en un número reducido de horas, una situación con frecuencia indeseada, como denuncian desde los sindicatos. Esta es una constante en las actividades más feminizadas como la limpieza o los cuidados que desde UGT- Servicios Públicos quieren romper, ya que en la mayoría de casos esta parcialidad es no deseada. Por ello han recomendado a sus negociadores que reduzcan esta modalidad de contrato a supuestos muy justificados y mandatan a establecer un máximo del 8% sobre el total de contratos. Mientras que se niegan a firmar pactos que incluyan la figura de los contratos discontinuos a tiempo parcial, según ha defendido este miércoles la secretaria de Política Sindical, Isabel Araque Lucena.
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