La pensión de jubilación subirá de media en unos 23 euros mensuales en 2022. Así se deduce de la letra pequeña del cuadro macro que acaba de actualizar el Gobierno y que dibuja una inflación del 1,9% en 2021, lo que apunta a un incremento de las pensiones en igual proporción para el próximo ejercicio. A la espera del desarrollo del contenido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, se trata de la primera referencia numérica que ha puesto negro sobre blanco el Ejecutivo para la revalorización de las nóminas de cerca de nueve millones de pensionistas en base al IPC a partir del día 1 de enero de 2022, cuando entrará en vigor la reforma pactada recientemente con los sindicatos y la patronal.
En concreto, en el nuevo escenario macroeconómico el Gobierno prevé un deflactor del consumo privado del 1,9% en 2021. Es el indicador que más se asemeja al IPC -ya que el Ejecutivo no realiza previsiones de inflación- tal y como explicó este martes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El pacto alcanzado con los agentes sociales establece que las pensiones subirán el 1 de enero de cada año "de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior", de modo que esta es, de momento, la referencia que maneja el Gobierno y que se corresponde, de hecho, con las previsiones del consenso de analistas -véase el Panel de Funcas-.
De producirse ese incremento de las pensiones del 1,9%, las nóminas de los jubilados aumentarán en unos 23 euros mensuales, desde los 1.190 euros que alcanza la pensión media de jubilación en la actualidad hasta los 1.213 euros. Por su parte, la pensión media de viudedad pasaría de 740 a 754 euros, con una subida de unos 14 euros al mes. A su vez, la pensión de incapacidad permanente escalaría de 994 euros a 1.013 euros (19 euros más); la de orfandad pasaría de 417 a 425 euros; y la pensión en favor de familiares aumentaría desde 603 hasta 615 euros. En suma, la pensión media del sistema se situaría en unos 1.053 euros, desde los 1.034 actuales.
Aunque habrá que esperar a conocer el detalle de los Presupuestos de 2022, de momento ese es el escenario que dibuja el Gobierno en su cuadro macro. La vicepresidenta Calviño explicó este martes que el Ejecutivo ha tenido que revisar al alza la previsión del deflactor del consumo privado -"que se corresponde con el Índice de Precios al Consumo", matizó- para 2021 y es que en el Plan de Estabilidad redactado en abril la proyección para este ejercicio era del 0,9%, por lo que se ha elevado en un punto por la escalada de los precios, especialmente de los energéticos. Si bien se mantiene la previsión para 2022 en el 1,3%, por lo que, si se cumple el pronóstico, esa sería la referencia para la subida de las pensiones del año siguiente.
De hecho, como se detalló en estas páginas, el ministro responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha echado sus propios cálculos sobre la inflación prevista para los próximos ejercicios en la memoria del análisis del impacto normativo que acompaña al 'Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones', donde ha simulado una revalorización anual de las prestaciones con el IPC en base a una previsión de inflación del 1,4% en 2022 (una décima por encima de lo que fija el cuadro macro), del 1,7% en 2023 y del 2% a partir del año 2024.
En ese mismo documento, Escrivá admite que las medidas incluidas en la reforma de las pensiones pactada en el diálogo social no sólo no van a contribuir a rebajar los números rojos del sistema sino que probablemente van a ayudar a ensancharlos. En concreto, la Seguridad Social reconoce que la revalorización de las pensiones con el IPC supondrá un gasto extra de 1,4 puntos de PIB a la altura de 2030 respecto al que habría resultado de aplicar de forma estricta el Índice de Revalorización (IRP) aprobado en la reforma de 2013, con el Gobierno del PP, que limitaba al 0,25% la subida de la pensión en tanto el sistema estuviera en déficit. Ese sobrecoste se elevaría a 2,3 puntos del PIB a la altura de 2040 y llegaría a ser de 2,7 puntos de PIB en 2050.
La factura: 4.000 millones
Por lo pronto, para 2022, las proyecciones apuntan a un incremento del gasto de unos 4.000 millones de euros solo por la revalorización de las prestaciones con la inflación. Esto es así porque por cada punto de IPC el desembolso en pensiones aumenta en aproximadamente 1.400 millones, según los cálculos de Funcas, de modo que un alza del 1,9% se traduciría en un sobrecoste cercano a los 2.700 millones de euros. A esta cuantía habría que sumar otros 1.400 millones para compensar a los pensionistas por el exceso de inflación en 2021 (la famosa 'paguilla', que se abonará a principios del año que viene por la diferencia entre el 0,9% que subieron las pensiones este año y el 1,9% de inflación prevista), de modo que la factura total -siempre en base a esas previsiones- superaría los 4.000 millones.
Para compensar la tensión financiera que supone ligar las pensiones al IPC, la Seguridad Social ha pactado con la patronal y los sindicatos una serie de medidas en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre las que se incluye el traspaso al Estado de los denominados 'gastos impropios' del sistema. Según avanzó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del techo de gasto que servirá de base para los Presupuestos, la transferencia a la Seguridad Social alcanzará en 2022 los 18.396 millones de euros, lo que significa que el próximo año el Estado estará cargando con el 80% del desembolso no contributivo, que Escrivá ha cifrado en 22.871 millones de euros anuales.
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