Carga contra el modelo "especulativo" actual

Podemos no cuenta con las socimi y las saca de sus propuestas sobre vivienda

La última iniciativa de los morados en el Congreso aboga por "revertir las políticas de mercantilización" de los pisos. Piden respaldar a ayuntamientos y ONG para que ofrezcan casas a precios asequibles. 

Echenique y Pablo Iglesias
Podemos no cuenta con las socimi: pide excluirlas de las políticas de vivienda
Europa Press

El futuro del mercado de la vivienda de compraventa y alquiler que plantea Unidas Podemos no incluye a todos los actores que lo componen en la actualidad. De hecho, su idea es dejar fuera de todo lo que tenga que ver con las casas y pisos al sector que más propiedades gestiona ahora: las socimi. Según los morados, las empresas de esta actividad y la legislación que las sostiene son las responsables de que la vivienda en alquiler se haya convertido "en un suculento producto especulativo". Por este motivo, reclaman que se produzcan los cambios y reformas necesarios para que se permita que acceder a un techo se haga de una manera "digna y adecuada". Algo para lo que ven necesario aumentar el gasto público en este ámbito e ir hacia un modelo en el que las administraciones y las ONG se conviertan en las tenedoras de pisos con carácter social. Lo que pasa por excluir todo lo posible del mercado a estas sociedades de inversión. 

Estas son las principales ideas de la última Proposición No de Ley registrada en el Congreso por el partido del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que parte de la exigencia de ampliar el parque público de viviendas en alquiler. El objetivo de la propuesta es "garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución y también para revertir las políticas de mercantilización". Una cuestión en la que insisten en varias ocasiones, ya que estiman que es necesario una nueva legislación "en el que la vivienda cumpla su función social y no sea mera mercancía o un activo objeto de especulación". "Es, ahora, cuando se nos presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público de vivienda", inciden en relación a la situación de crisis sanitaria por el coronavirus.

Esta alusión a la Covid-19 responde a que la confluencia teme que la crisis económica provoque que "muchas de las personas que están pagando una hipoteca o viviendo de alquiler van a tener francas dificultades para seguir haciéndolo". Por eso reclaman que no se siga dando de lado la política de vivienda pública que se produjo, señalan, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo que se traduce en que en 2018 tan solo se entregaron 5.167 viviendas sociales en todo el país. La consecuencia es que "los ayuntamientos no pueden dar respuesta a la emergencia diaria de los desahucios, las ocupaciones de viviendas vacías o la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda a precios inferiores a los del mercado".

La Sareb también en el foco

La situación antes descrita es la que ha precipitado que surgieran "nuevos negocios especulativos". Una denominación con la que se refieren a las socimi, su gran enemigo en esta materia, y que señalan que fue la gran beneficiada de una reforma fiscal del PP que le otorgaba "nuevos privilegios fiscales, financieros y legales", a la vez que se producían "el final de las irrisorias deducciones fiscales a las personas arrendatarias y al aumento de la presión fiscal a las personas arrendadoras". Una tormenta perfecta según Podemos por la que las socimi están en el centro de un "modelo inmobiliario-financiero alentado por grandes promotoras inmobiliarias, fondos de inversión y bancos, que no resuelve los principales problemas del país, sino que continúa alimentando expectativas de enriquecimiento y prácticas especulativas". 

En la lista de rivales que tienen los de Iglesias en temas de vivienda no están solo las socimis. La Sareb es la otra gran criticada en el texto registrado en el Parlamento. En concreto, acusan al 'banco malo' de hacer acopio de "viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público que, en su gran mayoría, vende o traspasa su gestión a fondos de inversión, inmobiliarias u otros gestores de vivienda". Además, recuerdan que "hasta marzo de 2020, tan solo 2.400 viviendas de su cartera han sido cedidas a administraciones autonómicas y ayuntamientos". Lo que es "una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que en junio de 2014, declaraba tener en aun cartera más de 45.000 viviendas residenciales". 

Por estos motivos, instan a "un verdadero pacto de Estado para evitar que la inercia especulativa siga agravando las necesidades de vivienda insatisfechas y vulnerando derechos". A la vez, defienden la labor que realizan organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o las Asambleas de vivienda, que reclaman parques públicos de alquiler y la regulación de los precios. La petición de los morados consiste en dar la vuelta a "las nefastas políticas de vivienda desarrolladas en España durante, como mínimo, los últimos 30 años". Afirmación que apoyan con varios datos, como que España "acumula el 30 % de las viviendas vacías de Europa, más de 3,4 millones según datos del Instituto Nacional de Estadística". También lamentan que los recursos públicos de este ámbito no alcancen el 1,5% del total de viviendas en el país. O que solo haya disponibles un 1,1% de pisos para alquiler social cuando en Holanda son el 32% y en Francia el 17%. 

Para conseguir el objetivo, Unidas Podemos exige que se elabore un nuevo Plan Estatal de Vivienda que contemple la "actuación protegida" de ayuntamientos y comunidades para que compren viviendas. Lo que piden que se amplíe a las asociaciones sin ánimo de lucro, con la condición de que las destinen al alquiler social. La otra gran medida es proteger la venta de pisos públicos en una futura ley que recoja "criterios para evitar que se produzcan procesos especulativos", en referencia a las socimi. También plantean que los propietarios puedan ceder una casa en usufructo para que se utilice como recurso común, junto a impulsar fórmulas las cooperativas de alquiler o el cohousing para "generar una economía social en torno a este bien de primera necesidad". Por último, reclaman planes específicos para colectivos con menos opciones de disponer de un techo propio. Y que especialmente estén pensados para las personas sin hogar. 

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