La Comisión de Industria del Congreso ha admitido este jueves una proposición no de ley impulsada por el BNG y el PP para que el SEPI se incorpore al accionariado de Alcoa de forma temporal, para luego buscar un operador industrial fiable que asegure una actividad continuada.
"Se puede hacer. Ya lo han hecho. El Gobierno español ya entró en el accionariado de Celsa Atlantic y lo acaba de hacer en Telefónica", ha informado Néstor Rego, diputado del BNG.
La dirección de la multinacional estadounidense publicó la semana pasada un comunicado en el que aseguraba que la actividad industrial en la planta de San Cibrao, Lugo, no es viable, mostrándose dispuesta a venderla. Rego ha recordado que Alcoa ya vendió las instalaciones de Avilés, Asturias, y de A Coruña, que terminaron por desaparecer tras "agónicos" años.
El diputado ha defendido que no quiere que ocurra lo mismo en A Mariña, al ser un "desastre para la comarca y para Galicia y un problema para el conjunto del Estado". Esta instalación es la única dedicada al aluminio primario que hay en España, por lo que el BNG asegura que debe existir un interés público para mantener su actividad, al ser un sector estratégico con la capacidad de producir miles de puestos de trabajo.
Jaime Olano, miembro del Partido Popular, ha intervenido para asegurar que la política energética del Gobierno de Sanchez pone en riesgo a las compañías electro intensivas y ha acusado de "hipocresía" a los nacionalistas gallegos por continuar siendo "socios" del PSOE.
La proposición de ley, que ha salido adelante con los votos del PP y la abstención de Vox y Sumar, empuja al Gobierno a "activar, si es necesario, la intervención pública instrumental y temporal de Alcoa para, a través de la SEPI como instrumento intermedio, se pueda buscar un operador fiable que presente un proyecto industrial solvente y de futuro con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".
La medida cuenta con media docena de exigencias, entre las que se integran exigir a Alcoa a cumplir los compromisos e inversiones previstos por el acuerdo firmado en febrero de 2023, incluida la construcción del horno de ánodos, y mantener la bonificación de peajes del 80% a la industria electrointensiva de carácter permanente.
PSOE, Sumar y Vox
Noelia Cobos, del PSOE, ha asegurado que la Administración supervisará el cumplimiento de los acuerdos y de la inversión, a la vez que realizará un seguimiento del posible proceso de compra para asegurar la permanencia del sector en Galicia y el perfil industrial del comprador.
Para Manuel Lago, de Sumar, se debe "encontrar un grupo industrial solvente capaz de desarrollar este proyecto", tras criticar que Alcoa ya les "estafó en A Coruña y Avilés poniendo una empresa pirata". "El Estado tiene que ser aval y garante de que esta operación salga bien y se mantengan las instalaciones y la plantilla; esto tiene fórmulas diferentes, pero las administraciones públicas tienen que ser aval y garante de que el proceso sale adelante", ha defendido.
José María Figaredo, portavoz económico de Vox, ha asegurado que no defiende el rescate de una industria sin reformar previamente las cuestiones sobre su déficit, que considera son la estrategia industrial y la política energética de Europa.
