El Partido Popular continúa su particular ofensiva contra la agenda económica del Gobierno, en concreto, contra el Plan de Recuperación comprometido con Bruselas. Tras cuestionar la gestión de los fondos europeos y acusar al Ejecutivo de clientelismo en la asignación del dinero, el PP señala ahora a la reforma del sistema de las pensiones y siembra dudas sobre el eventual aval de la Comisión Europea. En concreto, fuentes de la formación que dirige Pablo Casado aseguran que las autoridades comunitarias podrían mostrar reticencias respecto al polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se introdujo a última hora y sin consenso social en la primera parte de la reforma de las pensiones.
El nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones sustituye al derogado Factor de Sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013 del Gobierno del PP y que, de haberse puesto en marcha, a partir de 2023 habría ligado la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en la edad legal de jubilación. En su lugar, el ministro José Luis Escrivá ha activado un mecanismo que implica un alza durante 10 años (de 2023 a 2032) de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales para lograr ingresos adicionales que nutran el Fondo de Reserva -la hucha- de las pensiones de un colchón que podrá utilizarse de 2033 en adelante para ayudar a financiar el gasto en pensiones.
Lo cierto es que el MEI ha sido cuestionado desde distintos ámbitos empresariales y académicos y así lo señalan fuentes del PP, que expresan sus dudas sobre la valoración que pueda hacer la Comisión Europea sobre esta medida y si la considerará verdaderamente efectiva para garantizar la equidad intergeneracional. Recientemente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido en un informe de que el mecanismo es "insuficiente" y perjudicará sobre todo a los más jóvenes, que tendrán que soportar una mayor carga fiscal. La sustitución del factor de sostenibilidad por el MEI "no contribuye precisamente a mejorar la equidad intergeneracional del sistema de pensiones", señala el análisis.
Haciendo referencia a este y otros informes académicos publicados en las últimas semanas sobre la medida introducida a última hora por Escrivá en la primera parte de la reforma de las pensiones -recordemos que se 'coló' en el Congreso a través de una enmienda de ERC y Bildu- el PP cuestiona el optimismo del Gobierno sobre la valoración que están haciendo las autoridades europeas respecto al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación español y pone en cuarentena el MEI. "¿Qué va a decir Europa al respecto?, ¿hasta qué punto va a considerar que esta medida es realmente efectiva?", insisten desde el partido de Casado.
Lo cierto es que este mecanismo ha preocupado desde el minuto uno a la Comisión, que tras un primer análisis de las reformas del Plan de Recuperación, exigió al Gobierno español una evaluación ex-ante en la que demostrase, con datos, de qué modo el MEI va a garantizar la equidad intergeneracional y también de qué forma se adaptará a la presión de la demografía sin reventar las costuras del marco presupuestario. Un informe que, por cierto, ya ha sido enviado a Bruselas, pero que el Ejecutivo se niega a hacer público en España, como ha denunciado La Información.
Dudas en Bruselas
Previamente, en febrero de 2020, el Staff Working Document que dedicó la Comisión a España ya constataba que medidas como la vinculación de la cuantía de las pensiones a la inflación y la eliminación del mecanismo de sostenibilidad introducido en la reforma de 2013 supondrían un importante incremento del gasto a largo plazo. Y no solo eso, sino que al respecto de la equidad intergeneracional, las autoridades europeas también advirtieron del riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, algo que pidieron modular adoptando medidas compensatorias en el marco de una nueva reforma de pensiones estructural.
Precisamente, Escrivá tiene pendiente la segunda parte de su gran reforma de las pensiones, donde está previsto que se adopten las medidas más duras. La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional no era un hito urgente, sino fijado para el 31 de diciembre de 2022. Los sindicatos exigieron introducir este cambio a la mayor celeridad y el ministro accedió, bajo el riesgo poner en peligro los fondos europeos. Aunque la Comisión no prevé abordar formalmente todavía la evaluación de este hito que, insistimos, no estaba previsto hasta finales de este año, fuentes al tanto de los trabajos que se están desarrollando en Bruselas avanzan que sí se está haciendo una valoración previa de esta medida en el marco de la primera fase de la reforma.
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