El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha precipitado el desacuerdo social tripartito al firmar un pacto en solitario con las organizaciones sindicales sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el principal fleco que quedaba por cerrar de la primera parte de la reforma de las pensiones que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, pero que no está comprometido con la Comisión Europea hasta finales de 2022.
Tras semanas de negociaciones y estos últimos días de intensos contactos en los que se ha modulado la fórmula en varias ocasiones, el ministro ha optado por dejar escapar la opción de sumar a la CEOE al pacto y acordar el mecanismo en solitario con los sindicatos. Tras haber introducido la derogación del Factor de Sostenibilidad en este primer tramo de la reforma, el titular de la Seguridad Social ha renunciado a dar más tiempo al diálogo social y ha cumplido a rajatabla el plazo previsto en el acuerdo alcanzado en junio con los agentes sociales, que concluía este 15 de noviembre. Y ello a pesar de que en el Plan de Recuperación esta medida está comprometida con Bruselas para el cuarto trimestre de 2022.
En contra de los empresarios, que esta misma mañana se han levantado de la mesa de negociación y han dicho 'no' a la fórmula planteada por Escrivá, el Ministerio ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para "reactivar" el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre los años 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales (esto es: 0,5 puntos para la empresa y 0,1 puntos para el trabajador). De este modo, se eleva la carga inicialmente prevista par las empresas (0,4 puntos) tras rechazar la CEOE las últimas propuestas de Escrivá.
Según ha explicado el Ministerio en un comunicado, esta aportación actuará como "válvula de seguridad" del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. "En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones", añade la nota.
En paralelo, se ha acordado que si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Además se ha pactado que si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta que, "de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos".
De este modo, el Gobierno -concretamente, el ministro Escrivá- precipita en el diálogo social una medida que cuenta con el absoluto rechazo de la CEOE y que pretende aprobar vía enmienda en la tramitación parlamentaria de la primera parte de la reforma de las pensiones, antes de que acabe el año. Esto deja, además, escaso margen a las Cortes, respecto a una medida que está comprometida con Bruselas para finales de 2022 y que empezaría a operar en 2023. Es más, en el acuerdo operativo de los fondos el Ejecutivo comunitario da de margen al Consejo de Ministros para aprobar esta medida hasta el 30 de junio de 2022 y pide una evaluación del impacto de la medida que pruebe que la equidad intergeneracional está garantizada.
La patronal ha rechazado la propuesta de Escrivá por considerar que es "insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad", según han manifestado en un comunicado CEOE y Cepyme tras el Comité Ejecutivo convocado en la mañana de este lunes con carácter urgente tras un fin de semana de intensos contactos a todas las bandas. Las patronales subrayan que aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene "efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones".
A juicio de los empresarios, "la propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes". "CEOE y Cepyme consideran que no es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas", concluye el comunicado remitido a los medios tras finalizar la reunión de la cúpula empresarial en la que se ha rechazado por unanimidad la propuesta que el Gobierno ha acabado firmando finalmente en exclusiva con las organizaciones sindicales.
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