El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no va a dejar que Pedro Sánchez acabe el año en paz y ha anunciado la intención de su partido de recurrir ante el Tribunal Constitucional la congelación de las pensiones en el último Consejo de Ministros de este año. Fuentes de las filas populares han advertido que, para tomar la decisión de no actualizar las pensiones a primeros de año, el Gobierno ha tenido que derogar la ley que se aprobó durante el mandato de Mariano Rajoy, en la que se establecía una revalorización mínima del 0,25%, y eso es un perjuicio directo a los derechos de los jubilados de este país.
El hecho de dejar a los pensionistas sin ni siquiera esa subida del 0,25% puede ser una base sobre la que argumetnar un recurso ante el TC, dado que para ello se ha tenido que retirar la norma establecida, sin dar explicaciones a nadie y con un Gobierno en funciones. Fuentes cercanas a la formación advierten que, sin el Ejecutivo no tiene capacidad para hacer una ley que revalorice las pensiones con el IPC, como ellos mismos se habían planteado, es muy dudoso que pueda tomar la decisión de echar para atrás una norma que, si bien no supone esa subida, si supone una modificación económica del Presupuesto y un perjuicio claro para los pensionistas.
Desde el PP rechazan con contundencia el argumento de que se trata de no incurrir dos veces en el mismo gasto, dado que eso no es significativo, mientras que desde el punto de vista de los Principios Generales del Derecho, la decisión de quitar la mínima subiuda del 0,25% el 1 de enero puede suponer un mal para las personas que cobran pensión, mayor que el daño que se quiere evitar. Fuentes jurídicas consultadas en el seno del PP aseguran que se trata de que se cumpla el principio de proporcionalidad en una decisión legal, que además se ha tomado en un posible exceso de competencias de un Gobierno en funciones.
Los expertos jurídicos del partido plantearán su recurso ante el TC con la base del artículo 50 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar, "mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad", complementado con el artículo 36, que prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten a los derechos, deberes y libertades recogidos en el Título I de la Constitución, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Esa "urgente necesidad" es la que está regulada en el artículo 86 de la Carta Magna, y desde el PP entienden que no contempla la derogación de una ley que subía las pensiones, aunque fuera solo un 0,25%.
A golpe de Twitter
El líder del PP, Pablo Casado, ha hecho este anuncio a golpe de Twitter, pero tras ello se esconde un fundamento jurídico que desde el partido entienden que puede ser válido. Aún así, Casado ha aprovechado para relacionar la congelación de las pensiones con las negociaciones de Gobierno que Sánchez esta haciendo con ERC, bajo la lupa de su socio futuro de coalición, Unidas Podemos. "Los pensionistas no pueden ser rehenes de las negociaciones con independentistas", ha criticado el líder popular en una publicación en su cuenta de Twitter.
Asimismo, el PP ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter que Pedro Sánchez "utiliza a los pensionistas como chantaje para conseguir la investidura". "No contentos con congelar las pensiones en 2011, el PSOE vuelve a hacerlo en 2020", ha lamentado la formación.
La iniciativa de Pablo Casado se produce al día siguiente de que el propio Sánchez lanzara desde Moncloa una nota pública a modo de justificación por no haber subido las pensiones el 1 de enero, secundada por unas declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en el mismo sentido, a la vista de la gran contestación social que estaba generando esta medida. Tanto desde el PP como desde Ciudadanos y el resto de los partidos de la oposición de derechas se entiende que Sánchez está guardando esa baza, junto con la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI) y el sueldo de los funcionarios, que también han quedado congelados, como moneda de cambio en sus conversaciones de Gobierno con Podemos y con los separatistas catalanes.
Después de la ministra Portavoz, Isabel Celaá, explicara en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del viernes que se trataba de dejar esas decisiones económicas para cuando haya Gobierno, con la intención de no duplicar esfuerzos, las aclaraciones posteriores de Moncloa y de Valerio no han servido para aplacar las críticas su decisión.
El Ejecutivo en funciones asegura que todas las subidas de ese paquete social se realizarán cuanto antes y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Pero el hecho de no tener todavía un acuerdo con ERC y de que todo ello esté condicionado al proceso judicial abierto sobre la sentencia de Oriol Junqueras y la postura de la Abogacía del Estado al respecto, ha levantado las voces de alarma y amenaza con convertirse en un nuevo frente contra Sánchez, en un momento crítico de su negociación.
"Estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, es razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa", explicó el Ejecutivo este sábado. El Gobierno ha remarcado que la revalorización de pensiones es una "prioridad" y una cuestión de "máxima relevancia" para los pensionistas, como derecho reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Precisamente ese es el artículo que ahora puede invocar el PP para, al menos, poner en duda la decisión del Gobierno de no subir un 0,25% las pensiones, a la espera de poder hacerlo más adelante en el 0,65% restante que tiene previsto.
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