El precio de la vivienda en alquiler sube un 4,5% y apunta récord en tres autonomías

La demanda de la vivienda y la escasa oferta hace que se disparen los precios del alquiler. Sin embargo, frente a este escenario de inflación, la subida se ha moderado según indica Fotocasa. En el segundo trimestre del año, se ha experimentado un incremento del 0,5% en tasa trimestral, según los datos que maneja el portal inmobiliario citado anteriormente. 

Junto a este alza en los precios, el metro cuadrado se sitúa en 11,61 euros al mes. Sin embargo, este precio varía según las comunidades autónomas. Para este caso, se registraron 17 incrementos trimestrales y 15 aumentos interanuales, mientras que en junio, fueron once de ellas las que alcanzaron el precio récord más alto hasta el momento. Baleares (17,16 euros/m2 al mes), Madrid (16,7 euros/m2 al mes), Cataluña (15,94 euros/m2 al mes), País Vasco (14,64 euros/m2 al mes), Cantabria (13,16 euros/m2 al mes) o Canarias (12,85 euros/m2 al mes).

En cuanto al ranking de precios por provincias, Barcelona, Madrid, Guipúzcoa e Islas Baleares superaron la barrera de los 16,00 euros/m2 al mes. También fue el caso de la Comunidad Valenciana (11,53 euros/m2 al mes), Región de Murcia (8,79 euros/m2 al mes), Galicia (8,47 euros/m2 al mes), Castilla y León (8,33 euros/m2 al mes) y Extremadura (6,36 euros/m2 al mes). En junio en 27 de las 50 provincias (52 %) los precios del alquiler por metro cuadrado alcanzan sus máximos valores de toda la serie histórica.

Subida de los precios ante la escasez de oferta

Según Fotocasa se detecta una ligera tregua a nivel nacional en el encarecimiento del precio del alquiler coincidiendo con la reducción de la inflación. Sin embargo, sigue disparado en las comunidades más tensionadas, con subidas muy abultadas por encima del 10 y hasta el 33 %, y con récords de precio en este segundo trimestre del 2023.

En estos momentos la oferta de alquiler residencial disponible es tan reducida que la presión de la demanda empuja el precio al alza, indica el portal, que reconoce que un volumen muy importante de inmuebles se ha vendido, se ha pasado al alquiler turístico o se mantiene vacíos ante la inseguridad jurídica existente en la ley de vivienda.