Desde hace algunos meses, tanto los agentes del sector inmobiliario como quienes desean acceder a una vivienda denuncian el desequilibrio que sufre el mercado del alquiler. La Ley de Vivienda aprobada en mayo de este año también se ha sumado a los causantes de esta incertidumbre, y según un estudio, esta normativa podría reforzar la situación actual de falta de oferta expulsando del mercado unos 100.000 pisos en alquiler. Expertos aseguran que la inseguridad jurídica o el tope de precios en zonas tensionadas han hecho que distintos propietarios opten por vender sus pisos o cambiar el alquiler por otro tipo de uso de vivienda como los de media estancia o turísticos. Sin embargo, ahora el mercado del alquiler se queda en el limbo a la espera de las elecciones generales del 23-J, y a que un cambio de gobierno aclare, finalmente, la nueva ley.
“Está claro que en el mercado hay mucha inseguridad y desconfianza”, indica la portavoz y directora de estudios de Fotocasa, María Matos. La experta asegura que hace algunos meses todos estaban a la espera de las elecciones autonómicas y municipales, y ahora están expectantes a las generales para saber qué ocurrirá finalmente con la normativa de vivienda. “Dependerá de quién gobierne las medidas que finalmente se tomen. Por lo que están todos a la espera y en modo ‘stand by’ para saber qué clase de movimiento les conviene”, aclara. Además, comenta que las reglas no pueden cambiarse de golpe, por lo que “es normal que se haya reducido la oferta, más si venimos de un momento de compraventa que ha tenido mucho rendimiento”.
Cabe recordar que los partidos políticos han presentado sus programas electorales y todos han realizado diversas propuestas relacionados a la vivienda; sin embargo, cuando se trata de la actual reglamento todos, menos el PSOE, proponen cambios. PP y Vox buscan derogar esta propuesta, mientras que Sumar espera modificarla y añadir nuevas medidas para reforzar el acceso a la vivienda. Frente a esto los agentes piden llegar a consensos políticos que permitan reforzar la actual oferta que existe en el país: “Tenemos una ley que no solo no provoca consenso, sino todo lo contrario, necesitamos políticas donde haya entendimiento y un pacto nacional de la vivienda que dé estabilidad a la oferta y al mercado, y genere nueva disponibilidad”, comenta el director de estudios de Pisos.com, Ferrán Font.
Por todas estas incertidumbres, los propietarios han puesto en duda continuar en el mercado del alquiler y miran para el lado buscando soluciones que les permita alcanzar una rentabilidad clara o que les de seguridad. Según el estudio ‘Impacto de la nueva Ley de Vivienda en la oferta inmobiliaria de alquiler' realizado por Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, asegura que se podría empeorar la diferencia entre oferta y demanda gracias a la Ley, haciendo ‘desaparecer’ hasta un 11,7% de los pisos actuales del mercado. ¿Las razones? El documento especifica tres casos particulares que hacen que los dueños de pisos de alquiler los retiren del parque. En primer lugar la inseguridad jurídica, seguido por el límite a las rentas en las zonas tensionadas y por último las actualizaciones de la renta por debajo del IPC.
De forma particular, el 66,3% de los encuestados cree que la inseguridad jurídica que provoca esta ley les ha hecho o les haría optar por opciones alternativas al alquiler. Un 22% dice que su motivación sería el límite a las rentas en las zonas tensionadas, mientras que las actualizaciones de la renta por debajo del IPC un 11,8%. Font sentencia que todas estos incisos de la normativa tienen un impacto negativo sobre todo en los pequeños propietarios que representan alrededor de 80% del mercado del alquiler: “Les asustan estas medidas, y les cuesta ver dónde está la rentabilidad. Por ejemplo, si se aplica el índice por debajo del IPC significa que año tras año la rentabilidad de sus inmuebles será más pequeña”, asegura.
Métodos como el alquiler de media estancia, la venta o el alquiler turístico están tocando la puerta de los propietarios que buscan evitar la Ley
Según el documento de Tecnocasa, en Madrid se sacarían del mercado 43.113 viviendas principalmente por la inseguridad jurídica (70,9%), luego los límites a zonas tensionadas (15.7%) y finalmente por las actualizaciones de renta por debajo del IPC (13,4%). A diferencia de Barcelona, lo que más les preocupa es la aplicación de las zonas tensionadas (63%), seguido de la inseguridad (34,8%) y sólo a un 2,2% de los propietarios les preocupa el nuevo índice de precios. En esta ciudad se expulsarían más de 24.000 pisos en los próximos años. “Vemos cómo la actual legislación ha hecho que mucho contenido se vaya a la compra o se vaya a alquileres temporales o turísticos”, zanja Font. Por su parte, Matos piensa que alquilar una vivienda seguirá siendo rentable porque los precios siguen siendo altos, pero hace énfasis en que hay que darle seguridad al propietario. “La inseguridad trae mucha preocupación por impagos, los okupas, entre otros, lo que genera un clima de desconfianza y un clima de desconfianza y desequilibrio”, afirma.
Ambos especialistas coinciden en que una de las soluciones estaría en generar un consenso político, pero que lo más importante está en ampliar el parque público de vivienda. Según confirman, todo esto ayudaría a equilibrar la situación actual, especialmente con ayuda y colaboración público- privada, con la liberación de suelos para la construcción y la agilización de los procesos. “El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y ampliar la oferta social y asequible, y como no puede hacerse de la noche a la mañana, hay que agrandar la oferta de alquiler privado. Ahora con la ley tendremos que esperar a las elecciones, pero mientras se pueden tomar otro tipo de medidas que ayuden a la vivienda”, manifiesta la portavoz de Fotocasa.
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