El Gobierno pacta Sociedades y Vivienda y cierra un acuerdo para los PGE de 2022

El Gobierno ha logrado un pacto 'in extremis' sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2022, tras incluir a última hora cambios en el Impuesto de Sociedades y consensuar la Ley de Vivienda, según avanzan fuentes gubernamentales. El PSOE y su socio de Gobierno Unidas Podemos alcanzan así un acuerdo, tras cerrar los flecos más controvertidos, de los que se conocerán los detalles en las próximas horas y que está previsto se apruebe el jueves en un  Consejo de Ministros extraordinario. No se han podido cumplir, por tanto, los tiempos que señaló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que marcó el 5 de octubre como fecha límite para la aprobación de los PGE. 

Fuentes del Gobierno admitían a última hora del lunes que el acuerdo estaba muy próximo y que incluso todavía existía alguna posibilidad de que el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado pudiera ir al Consejo de Ministros de este martes. En los últimos días los equipos negociadores de las áreas de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, encabezados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por la parte socilalista; y por el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por parte de Podemos; han logrado cerrar un acuerdo en relación a los aspectos más controvertidos de la negociación de este año: la instauración de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y el desbloqueo de la Ley de Vivienda. Desde el Gobierno ya se había advertido que la decisión expresa de retrasar la reforma fiscal al año que viene limitaba el margen de maniobra por el lado del ingreso y la importancia prioritaria de la ejecución de los fondos europeos tampoco dejaba demasiado margen de maniobra a la negociación en los Presupuestos de 2022.

Poco ha transcendido aún de las condiciones del acuerdo e incluso desde las filas de Unidas Podemos se desliza que el acuerdo en materia de vivienda no está cerrado y que está siendo objeto de debate en el Consejo de Ministros. La resolución de las diferencias en torno a Ley de Vivienda han sido la clave para tratar de sacar adelante los Presupuestos en los plazos que pretendía Pedro Sánchez. Socialistas y morados han tardado más de ocho meses en terminar de perfilar el acuerdo, ya que el supuesto pacto al que llegaron en su día el presidente del Gobierno y su entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, contemplaba que la legislación estatal fuera una realidad antes de febrero de 2021. En el documento sellado por socialistas y morados en su día se incluía la limitación de precios que Unidas Podemos ha abanderado en los últimos meses y que es lo que ha motivado el bloqueo de estas semanas del anteproyecto de cuentas públicas para el próximo año, como confirmaron fuentes de la confluencia a este diario. 

El área socialista del Gobierno era remisa a abrir una vía regulatoria que entendía que podía generar una situación de inseguridad jurídica y planteó como alternativa la aprobación de un paquete de incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población más vulnerables y para favorecer también que los arrendadores contuvieran precios. Alguna de las partes ha tenido que ceder porque en las últimas horas se ha seguido insistiendo, especialmente desde Unidas Podemos, en que las posiciones estaban muy alejadas en este punto.

Menos problemas ha habido para acordar la introducción de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Tras la definición del asunto como línea roja de la negociación presupuestaria por parte de la líder de Podemos, Ione Belarra, el área económica del Gobierno suavizó su posición adicional de no abordar este asunto hasta el año 2023 e incluso la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abrió la puerta a "adelantar algunos aspectos de la reforma" entre los que mencionó éste. Todo en un clima internacional muy favorable a fijar un suelo fiscal a la tribución que deben realizar las grandes empresas tras la iniciativa sobre el particular impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que respaldó el G-20 y posteriormente también la Comisión Europea,

El objetivo del Ministerio de Hacienda en esta negociación ha sido modular la reforma para impedir que las eventuales cargas fiscales asociadas a la misma actúen como un freno a la reactivación económica. En este sentido, se han barajado posibilidades como elevar el umbral de facturación a partir del cual se aplicará el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades respecto a lo planteado en 2019 (que lo imponía a todas las empresas con más de 20 millones de facturación) de modo que sólo alcance de momento a los grandes grupos empresariales; o recuperar intacto el modelo incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2019, que planteaba aplicar ese tipo mínimo sobre la base imponible, no sobre el resultado contable, lo que minimizaría el impacto real de la medida, según admiten fuentes empresariales.

Esta misma mañana el Ministerio de Hacienda ha planteado a los sindicatos una subida de sueldos para los empleados públicos del 2%, que está incluida en el borrador del proyecto presupuestario, según confirman fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Sobre el alza de las nóminas de los pensionistas, todavía no concretan, aunque adelantan que el incremento podría ser superior al 1,9% inicialmente planteado en función de la inflación prevista, y que habrá una subida superior al IPC para las pensiones mínimas y no contributivas, tal y como avanzó el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. 

El acuerdo se produce tras semanas de negociaciones y retrasos. Unidas Podemos había pintado como líneas rojas fundamentales la instauración de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y la regulación de los precios del alquiler en el marco de la Ley de Vivienda. Además, los morados han peleado hasta última hora por incluir un 'paquete familiar' que incorpore un 'cheque bebé' universal, para todas las madres, de 1.200 euros anuales y la ampliación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses, desde las 16 semanas actuales. También han puesto sobre la mesa la subida del IPREM, el indicador que sirve de referencia para el acceso a ayudas públicas como el subsidio de desempleo o las ayudas al alquiler de vivienda. Está por ver cómo han quedado plasmadas estas aspiraciones en el acuerdo alcanzado este martes.