Este jueves tendrá lugar la primera votación de la legislatura y debido a la distribución de fuerzas que dejaron las elecciones del pasado 23 de julio, la elección de los integrantes de la Mesa del Congreso de los Diputados estará cargada de más trascendencia que en todas las ocasiones anteriores. Se trata de la prueba de fuego del gobierno de coalición que aspiran a reeditar Pedro Sánchez, a los mandos del PSOE y Yolanda Díaz, líder de Sumar, aunque todas las miradas están puestas en los siete representantes de Junts per Catalunya, que a horas de tener que depositar su papel en la urna no han hecho público cuál será el sentido de su voto, a pesar de que los socialistas han buscado hacerles un guiño con la elección de la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, como candidata a presidir la Mesa.
El partido independentista puso sobre la mesa dos condiciones para brindar su apoyo a Sánchez en una eventual investidura, la amnistía de los que denominan presos políticos y el compromiso de que se celebrará un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que además se refleje en un nuevo Estatut. Un precio demasiado caro para los socialistas, que han tratado de diferenciar la negociación de la Mesa a la de la posible investidura y abrir la veda de la reforma del sistema de financiación autonómica a través de María Jesús Montero para propiciar un acuerdo con los catalanes. Su actualización está pendiente desde 2014, pero los intentos llevados a cabo en las últimas legislaturas han sido infructuosos por la falta de acuerdo entre Gobierno central y comunidades autónomas.
No obstante, estos consideraron que la oferta era insuficiente y reclamaron medidas para rebajar el déficit de Cataluña, una demanda a la que también se sumó Esquerra Republicana de Catalunya en la propia noche electoral. En concreto, la exigencia señalaba a los préstamos de los Fondos de Liquidez Autonómica concedidos a los diferentes territorios desde 2012 y que, en el caso catalán, acumulan una deuda de más de 60.000 millones de euros. Este tampoco sería un precio menor para que los socialistas puedan mantener el control de la Mesa del Congreso, si bien, sus negociadores buscan trasladar las posibles al plano económico, ya que son conscientes de que la negociación para la investidura se ahondará en el esquema territorial.
Puigdemont marca distancias hasta el último momento
Carles Puigdemont marcaba distancias con los socialistas este miércoles al apuntar en una publicación en redes sociales que "su posición no ha variado, por más presiones y correderas de última hora que haya, y algún insulto que se les descontrola. Es decir: no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían", reprochaba a escasas 24 horas de que se produzca la votación. Los representantes de Junts parecen determinados a no dejar de lado las cuestiones que creen que contribuyen a avanzar en la creación de un estado independiente en las conversaciones para la Mesa y han apostado por mantener la incertidumbre hasta el último minuto.
"La mesa del Congreso, para nosotros, no va a tener un cargo dentro, ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple, por lo que son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Y no importa si hablamos de acuerdos para la mesa como de acuerdos de mayor calado, como sería el de la investidura" formulaba el dirigente refugiado en Waterloo, mientras los equipos negociadores trataban de cerrar un acuerdo en favor de la "mayoría progresista".
Los votos de los siete diputados de Junts son fundamentales, por ello los representantes de Sumar también están llevando a cabo una negociación paralela, en la que estarían presentes Yolanda Díaz y Jaume Asens, según ha explicado este miércoles la líder de la coalición de izquierdas. Sin embargo, esta plataforma ha optado -al menos en público- por hacer guiños en el plano cultural. Sumar ha asumido como reclamación propia la modificación de los reglamentos de ambas cámaras para que los diferentes diputados y senadores puedan usar las lenguas cooficiales en sus intervenciones. Una estrategia a la que también se han querido sumar los socialistas, que se han comprometido a hacer lo mismo en las instituciones europeas.
Además, los dos partidos que aspiran a reeditar el gobierno de coalición juegan con otra baza estríctamente parlamentaria. Tanto ERC como Junts han manifestado su voluntad de conformar un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, sin embargo, ninguno de ellos cumple con los requisitos fijados para el Reglamento para ello. Existen dos vías: tener 15 diputados o tener cinco con al menos el 5% de los votos a nivel nacional o el 15% de las provincias en las que haya concurrido la lista, si bien las dos formaciones catalanas no cumplen ninguno de ellos. No obstante, la normativa concede a la Presidencia de la Mesa la capacidad de interpretar estos criterios y aunque no puede incumplirlos, el Constitucional admitió la opción de "prestar" diputados de otro grupo, como podría ser el del PSOE.
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