La falta de entendimiento entre los dos grandes partidos -y la del Gobierno con el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo- aleja la posibilidad de sacar adelante una reforma de la financiación autonómica justo cuando se cumple una década desde que caducó el modelo vigente, diseñado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes del ministerio de Hacienda se muestran bastante pesimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los populares en un momento en que ostentan la mayor parte del poder territorial tras las elecciones del pasado mes de mayo. Y desde Génova se niegan a iniciar un proceso negociador con el Ejecutivo fuera del ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Para los dos partidos mayoritarios se trata de una reforma altamente delicada porque puede generar batallas internas, ante las diferencias de opinión sobre qué criterios deberían primar más a la hora de repartir los ingresos disponibles para el conjunto de las autonomías. Nada tiene que ver la posición de la Comunidad Valenciana (una de las cuatro regiones peor financiadas junto con Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha) con la de Galicia, pese a que ambas comparten color político.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han defendido públicamente que sería necesario alcanzar un consenso previo con el PP para que la reforma pueda salvar un bloqueo en el Congreso. Ese fue el mismo argumento que dio en su momento el gobierno de Mariano Rajoy y que impidió reformar el sistema cuando caducó en 2014. El entonces ministro, Cristóbal Montoro, solicitó un informe a una comisión de expertos, que hizo públicas sus recomendaciones en 2017, pero cuyos planteamientos no se plasmaron más allá del papel.
Desde Hacienda no ven demasiado interés en negociar por parte de los populares cuando, además, las autonomías han recibido más transferencias que nunca del sistema gracias a una recaudación récord. Aseguran, además, que desde que el Gobierno de Sánchez está en el poder, y pese a los choques provocados por la pandemia, la guerra en Ucrania o la crisis de inflación y energética, la deuda de las autonomías en términos de PIB ha seguido reduciéndose debido a que han podido contar con esos recursos extraordinarios. Sólo este año percibirán 154.467 millones de euros, un 15% más que en 2023, y una cuantía sin precedentes.
Fuentes del PP inciden en que la financiación debe abordarse de forma multilateral y en el marco del CPFF, dado que existen necesidades muy diferentes en función de los territorios. Lamentan que el Ejecutivo esté llevando a cabo negociaciones "con determinadas comunidades autónomas y partidos al margen del resto" y le instan a que tome la iniciativa y convoque, primero, la Conferencia de Presidentes. De momento, aseguran, no ha habido ningún contacto del Gobierno con el PP para abordar este asunto.
El PP no tiene "miedo"... y García-Page y Moreno alzan la voz
En relación al hecho de que dentro de su propio partido haya opiniones tan alejadas sobre qué aspectos debieran ser prioritarios para la nueva financiación, desde Génova inciden en que es posible llegar a un acuerdo aceptado por todas las partes si la reforma que se plantea cuenta con bases sólidas. Aseguran, además, no tener miedo de 'abrir ese melón'.
De momento, los presidentes de Andalucía (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE), Juanma Moreno y Emiliano García-Page, han reclamado al Gobierno zanjar de una vez el "agravio" que el modelo actual supone para sus respectivos territorios y que liquide la deuda que este ha generado con ellos desde que permanece vigente. Sus quejas se han hecho más explícitas a raíz de un informe publicado esta misma semana por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que recomienda al Estado crear un fondo transitorio de nivelación, por valor de unos 3.000 millones de euros, para dotar de recursos extra a las cuatro autonomías infrafinanciadas mientras se negocia el nuevo modelo.
La última reunión de Hacienda con las autonomías se produjo el pasado 11 de diciembre y, entonces, ni la reforma del modelo de reparto ni los acuerdos de investidura firmados con Junts y ERC (la condonación de parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado vía FLA o la "financiación singular" para la autonomía) estuvieron sobre la mesa... para enfado de una parte de los consejeros autonómicos.
